28 fevereiro 2007

Condenas máximas para espías de la FIU

RUI FERREIRA / El Nuevo Herald

Apesar de sus disculpas entre sollozos, el profesor universitario Carlos Alvarez y su esposa Elsa no lograron conmover al juez federal K. Michael Moore, que ayer los condenó a 5 y 3 años de cárcel respectivamente por espiar para el gobierno de Cuba.

La sentencia de la mujer fue más alta que los 21 meses que pedía la fiscalía, mientras que la del esposo era la máxima contemplada en el acuerdo de culpabilidad entre las autoridades y la defensa.

''Lamento muchísimo lo que he hecho y asumo la responsabilidad total de lo que he hecho, pero quiero dejar bien claro que no era mi intención hacer algo contra la ley de este país; este es mi país'', dijo Alvarez, de 62 años, mientras miraba al público presente en el tribunal, constituido por amigos suyos, familiares, agentes federales y periodistas.

Alvarez aceptó declararse culpable de conspirar para no registrarse como agente de un gobierno extranjero.

Su esposa Elsa, una fisioterapeuta de 56 años, también dijo estar arrepentida por no haber comunicado las actividades del marido a las autoridades, un crimen del cual se declaró culpable. ''Lamento mucho lo que he hecho, pero no puedo cambiar el camino, apenas puedo prometer que no volveré a quebrantar la ley'', dijo la mujer.

Para el juez Moore las muestras de arrepentimiento no fueron suficientes, entre otras razones porque los Alvarez por años, dijo, ``llevaron una doble vida, y establecieron contactos personales que encajan en la categoría de traición''.

Además, precisó el juez, ``una buena motivación no es nunca una disculpa para una mala conducta''.

Moore se refería directamente a la justificación de Alvarez, quien subió al estrado en busca de clemencia, al argumentar que a mediados de los años 1980 decidió explorar contactos personales con funcionarios en la isla para poder acceder a todos los que tenían poder en Cuba y manejaban ``los mecanismos de cambio''.

''Decidí mantener conversaciones con gente de poder, y esa relación implicó lo que considero el compartir información inocua'', expuso Alvarez. ``El canal que usé fue terriblemente equivocado''.

Pero el juez se mantuvo inmutable.

''Vivimos en una comunidad donde no falta la pasión hacia Cuba, y eso es parte de la democracia, pero ustedes han hecho mucho daño a la política exterior de este país, al establecer su propia política exterior'', añadió Moore.

El juez le impuso a Carlos Alvarez lo máximo que la fiscalía había pedido, 5 años de cárcel y tres de libertad condicional. Pero con relación a Elsa, Moore fue mucho más severo y la condenó a 3 años de prisión, pese a que la petición fiscal no pasaba de los 21 meses. La mujer tiene 60 días para entregarse a las autoridades carcelarias.

Para el Fiscal Federal del sur de la Florida , Alexander Acosta, la sentencia fue ''apropiada'', porque ``ellos trabajaban para los servicios de inteligencia cubanos y les enviaron información sobre los líderes del exilio cubano, y esto es mucho más que inocuo''.

La defensa consideró las sentencias demasiado severas.

''La familia está destrozada. Ustedes saben que nunca estuve de acuerdo con la forma en que fueron encausados, pero ahora fue una sentencia demasiado fuerte para lo que ellos admitieron'', dijo el abogado de Carlos Alvarez, Steven Chaykin, un ex fiscal federal asistente.

Para su colega, Jane Moscowitz, defensora de Elsa, las condenas no sólo fueron ''altas'', sino ``injustas''.

''¿Qué va hacer esta familia? Si Elsa se va a la cárcel, ¿quién cuidará de su hija menor y sus ancianos padres?'', se preguntó Moscowitz.

En la audiencia, que duró todo el día de ayer, los Alvarez se presentaron como personas interesadas en mejorar las relaciones entre La Habana y Washington, convencidos de que tendrían la capacidad para hacerlo.

''Fui totalmente incapaz de darme cuenta que lo que me propuse era imposible. Fue totalmente ilusorio y también fue una violación de mis principios éticos. Espero que mis amigos, mi familia y la sociedad me perdonen'', dijo Alvarez, en su último llamado al juez, antes de la sentencia.

Para el fiscal federal asistente, Matthew S. Axelrod, la pareja tenía bien claro lo que estaban haciendo.

''Ellos no estaban trasmitiendo chismes al gobierno cubano, no era una conversación sin importancia, [Alvarez] fue orientado para enviar [a La Habana] cierta información y cumplió con esa obligación'', dijo el fiscal. ``Esas instrucciones eran tan sensibles que las recibía de forma codificada y enviaba de regreso sus respuestas también codificadas''.

Para Axelrod hay una ''cosa clara''. ''Ellos vinieron a Estados Unidos, se hicieron ciudadanos y juramentaron mantenerse fieles a la constitución y defender este país de sus enemigos externos'', observó.

De hecho, ''su implicación es aún mayor. Esta gente tenía una infraestructura [de obtención de información] montada y terminaron por traicionarla al informar sobre ella a Cuba'', enfatizó.

Axelrod se refirió así a un detalle poco elaborado durante el proceso, de cómo en sus viajes fuera de Estados Unidos, Alvarez contactó a otros académicos y reportó a La Habana sobre ellos.

El fiscal mencionó el caso de Orlando Rodríguez, profesor de la Universidad de Fordom, en Nueva York, quien ayer hizo una emotiva defensa de Carlos Alvarez, antes de que Axelrod revelara el detalle de que su amigo informó de sus conversaciones.

''Nos conocimos en 1987, y siempre conversamos sobre Cuba. A los cubanos les gusta hablar. Los funcionarios cubanos son buenos haciendo eso y los académicos cubanoamericanos somos leales a Estados Unidos, a su gobierno y su pueblo, pero también tienen muchos motivos para hablar con los funcionarios cubanos. Como yo, cuando tenía a un primo preso allí'', dijo Rodríguez, quien perdió un hijo en el atentado a las Torres Gemelas de Nueva York en el 2001.

Rodríguez refirió como Alvarez participó en el diálogo de 1978 con el gobierno cubano, ``el cual, entre otras cosas, produjo la liberación de muchos presos políticos. Creo que mi amigo lo único que ha hecho es tratar de entender lo que Castro hizo y porqué''.

Cuando tras la revelación de Axelrod, Chaykin le preguntó si quería retractarse de su testimonio sobre Alvarez, Rodríguez dijo que ''de modo alguno'' y sobre los informes que su amigo envió a La Habana sobre él, dijo que esperaba ``que fueron tan honestos como sus palabras hoy aquí''.

El arresto de los Alvarez, en enero del año 2006, cinco meses después que el FBI obtuvo una confesión voluntaria de sus actividades, causó conmoción en la comunidad exiliada, en su iglesia y medios académicos.

En particular Carlos Alvarez era amigo personal del rector de la Universidad Internacional de la Florida, Modesto Maidique, donde ejercía como profesor de psicología, y las autoridades descubrieron que mantenía a La Habana al tanto de sus finanzas personales y detalles laborales.

Etiquetas: , ,

27 fevereiro 2007

Fortalecen el caso contra espías cubanos de FIU

RUI FERREIRA / El Nuevo Herald

Carlos y Elsa Alvarez eran algo más que dos ordinarios profesores universitarios que compartían chismes y rumores del mundo académico con el gobierno cubano, que es como los describen sus defensores.

Durante más de dos décadas, llevaron a cabo actividades clásicas y comunes de inteligencia cuyos frutos entregaron a agentes cubanos, aseguró ayer la fiscalía federal en víspera de la sentencia de la pareja.

En un intento de dar al caso más solidez, la documentación presentada por las autoridades revela detalles de las pruebas encontradas en una de las computadoras de los Alvarez y destaca que, lejos de disminuir su actividad con el tiempo, la incrementaron a mitad de la década de 1990, según el fiscal asistente Matthew S. Axelrod.

Carlos Alvarez, de 61 años, pudiera recibir hoy un máximo de 5 años tras admitir ser culpable de conspirar para no registrarse como agente de un gobierno extranjero, y su mujer, Elsa, de 56, enfrenta 21 meses, tras admitir que tenía conocimiento de las actividades de su esposo y no las detuvo.

Entre la documentación encontrada en el disco duro de la computadora de los dos académicos de la Universidad Internacional de la Florida (FIU) había informes enviados a la isla sobre:

• Las finanzas y negocios privados del presidente de FIU, Modesto Maidique, hecho en noviembre de 1994.

• Un estudio investigativo del gobierno estadounidense sobre la estructura de telecomunicaciones cubana, de diciembre de 1995.

• Los contactos personales con miembros del exilio cubano, como el líder de Hermanos al Rescate José Basulto, y con funcionarios de la administración del presidente Bill Clinton, como el asesor para asuntos cubanos Richard Nuccio.

En el informe aparentemente enviado a La Habana sobre Nuccio, Alvarez informó de un encuentro con el entonces asesor de Clinton, de quien dice se hallaba ``muy deprimido por los acontecimientos [presumiblemente el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate] y decepcionado con la promulgación [por Clinton] de la ley Helms-Burton''.

Alvarez explicó que Nuccio creía que esos dos hechos acabaron con la política del ''carril dos'' de la administración Clinton.

Sobre Basulto, Alvarez escribió que se debía seguir investigando sus supuestos vínculos con la CIA, la empresa Bacardí y la Fundación Nacional Cubano Americana.

Los Alvarez también organizaron una cena en su casa para conseguir información de Lula Rodríguez, una activista demócrata del sur de la Florida, cuñada del ex alcalde de Hialeah, Raúl Martínez.

Rodríguez fue asistente personal de la fiscal general Janet Reno, directora de Visitantes Internacionales de la desaparecida Agencia de Información de Estados Unidos (USIA) y subsecretaria de Estado para Asuntos Públicos, bajo las órdenes de la secretaria Madeleine Albright.

''Elsa Alvarez indicó en su entrevista con el FBI que invitó a Lula Rodríguez a cenar en casa para conseguir información sobre ella, para enviarla a los servicios de inteligencia cubanos'', subrayó Axelrod.

En un informe fechado el 13 de febrero de un año no determinado de la década de 1990, Alvarez relata el encuentro el día anterior en FIU de varios profesores con Michael Egan, a la sazón director de investigaciones del Departamento de Estado. Los esposos Alvarez firmaban los informes con los seudónimos de ''David'' y ``Déborah''.

La pareja, arrestada en enero del año 2006, inicialmente se declaró inocente y llegó a solicitar un juicio con jurado.

Pero el plan de su defensa se desplomó cuando el juez federal K. Michael Moore decidió permitir la inclusión en el caso de la confesión de Alvarez a agentes del FBI y el contenido del disco duro de la computadora de la pareja, con lo cual enfrentaban una sentencia de un máximo de 10 años de cárcel.

La confesión se produjo en julio del 2005, cuando Alvarez sostuvo un par de encuentro con agentes del FBI, a quienes explicó sus actividades iniciadas en una fecha tan distante como a fines de los años 1970.

Axelrod considera en el escrito presentado ayer que Carlos Alvarez debe ser condenado al máximo de cinco años incluido en el acuerdo, mientras que la defensa pide benevolencia al juez Moore por considerar que la pareja fue víctima de su ingenuidad.

El arresto de los Alvarez causó un profundo impacto en la comunidad, en su iglesia y medios académicos donde eran conocidos por ser una pareja participativa e interesada por sus vecinos y alumnos. Carlos Alvarez era amigo personal de Maidique y ejercía como profesor de Psicología, mientras que Elsa es una terapeuta ocupacional. FIU cortó todo vínculo con la pareja.

Etiquetas: , ,

23 fevereiro 2007

Encausamientos por fraude con licencias de viajes religiosos a Cuba

RUI FERREIRA / El Nuevo Herald

En lo que constituye el primer caso judicial contra los viajes fraudulentos a Cuba por parte de organizaciones religiosas, la fiscalía federal encausó a dos hombres por solicitar licencias de viaje a nombre de iglesias inexistentes, lo cual permitió el viaje de ''miles'' de cubanoamericanos.

Tras poco mas de un año de investigaciones, las autoridades concluyeron que Víctor Vázquez y David Margolis, ambos residentes del condado de Broward, conspiraron para crear un plan que violó la regulaciones de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), al conseguir que ésta emitiera permisos de viajes a Cuba a por lo menos tres iglesias inexistentes, lo que significó que unas 4,500 personas pudieran ir a la isla en un período de dos años.

Además, a través de un agente encubierto y un informante confidencial, las autoridades aparentemente confirmaron que bajo el manto religioso en Super Cuba, una agencia de viajes de Hialeah, se vendían los pasajes a la isla a quienes no tenían derecho a viajar.

''El 26 de enero del 2007, un oficial encubierto se dirigió a Super Cuba, y al preguntar sobre los viajes dijo que nunca había estado en la isla, que no tenía familia allí, y que no cumplía los requisitos para obtener el permiso bajo las regulaciones actuales. Un funcionario de Super Cuba le aseguró que el detalle no constituía un problema, y que podía viajar con una licencia religiosa'', afirmó el agente especial de la Oficina de Inmigración y Aduanas Daniel Flores en una declaración jurada entregada a un juez en Broward.

La declaración precisa que los dos acusados obtuvieron las licencias de viaje para religiosos a través de una compleja red de apartados postales y direcciones ficticias en la Florida y fuera del estado, y las entregaron a varias agencias de viaje, que no identificaron excepto Super Cuba, en Hialeah.

A consecuencia de ello, por lo menos 4,500 viajeros pagaron una tasa de $250 para acogerse a la licencia religiosa para viajar a la isla.

Según el fiscal federal en el sur de la Florida, Alexander Acosta, los dos arrestos y la investigación son un indicio del compromiso del gobierno federal en endurecer el embargo comercial.

''Esta decisión es importante para ayudar a una transición democrática en la isla'', dijo Acosta en una rara mezcla de intervención política con un caso judicial.

En este sentido, apoyó el encausamiento el congresista republicano Lincoln Díaz-Balart, que el año pasado demandó públicamente la persecución judicial a los violadores de las licencias religiosas.

''El fiscal federal Alex Acosta y su equipo de trabajo merecen reconocimiento y apoyo por sus esfuerzos continuos para hacer cumplir eficazmente el embargo de Estados Unidos contra el régimen terrorista en Cuba'', dijo Díaz-Balart en una declaración distribuida a la prensa.

Vázquez y Margolis fueron presentados ante un magistrado de instrucción el miércoles en un tribunal federal de Ft. Lauderdale, donde se declaró su arresto hasta una audiencia de imposición de cargos el mes entrante.

El arresto de los dos hombres es, además, el primer caso de alto perfil tras la formación en octubre pasado de una fuerza federal especializada en investigaciones sobre violaciones al embargo comercial a la isla.

Según Flores, las autoridades tuvieron el primer indicio del fraude en enero del año pasado, cuando la OFAC descubrió que, desde el 2004, los dos hombres había pedido licencias de viaje a Cuba a nombre de, por lo menos, tres iglesias y dos pastores inexistentes.

La declaración jurada no especifica en qué momento, tras la emisión de la primera licencia en marzo del 2004, la OFAC comenzó a desconfiar de Vázquez y Margolis. Lo cierto es que les pidió explicaciones, pero ambos argumentaron que no había nada irregular y precisaron que habían organizado 15 viajes a Cuba bajo licencias religiosas, y que cada grupo no estaba constituido por más de 10 a 15 personas.

Sin embargo, la realidad era otra, aseguró la declaración jurada. Los viajes no fueron 15, sino 45 durante los dos años que duró la licencia. En el último, el 13 de diciembre, las autoridades estaban esperando a Vázquez y Margolis en el Aeropuerto Internacional de Miami, donde fueron interrogados separadamente y, aparentemente, admitieron su culpabilidad.

Margolis admitió que ''su'' iglesia ''no existía'', escribió Flores en la declaración jurada, y que Vázquez sólo lo ayudó a preparar la documentación para pedir la licencia, lo cual ha sido encausado como un delito separado.

Al cierre de esta edición, la congresista republicana Ileana Ros-Lehtinen envió un comunicado donde enfatiza que ``los auténticos viajes religiosos a Cuba son permitidos bajo las leyes estadounidenses, y a los fieles que efectúan genuinos peregrinajes no se les debe impedir hacerlo por estas actividades fraudulentas de los que viajan a Cuba de vacaciones o para hacer turismo''.

Cuba cancela acreditaciones a corresponsales

RUI FERREIRA / El Nuevo Herald

En medio de un ambiente de gran tirantez entre el gobierno y los corresponsales extranjeros que dura hace ya más de un año, La Habana ha cancelado la acreditación a tres periodistas, y a por lo menos dos de ellos les ha dado 90 días para que abandonen el país. Pero deben dejar de reportar sobre la isla a partir del 28 de febrero.

Los periodistas son el estadounidense Gary Marx, del Chicago Tribune; el español César González Calero, del diario mexicano El Universal, y el británico Steppens Gibbs, del servicio mundial de la BCC, de Londres.

Técnicamente los corresponsales no han sido expulsados, sino informados por las autoridades cubanas de que la acreditación necesaria para ejercer sus funciones no será renovada.

Al menos en el caso de El Universal, la noticia ha sido asumida como una expulsión y provocó de inmediato reacciones en la Cámara de Diputados del país azteca.

''Para nosotros es una expulsión técnica de nuestro corresponsal. Es un atentado a la libertad de prensa'', expresó Roberto Rock, el vicepresidente y director editorial del diario mexicano, en una declaración colocada en la página en internet del rotativo, la cual adelantó que El Universal piensa protestar formalmente ante el gobierno de la isla por lo sucedido.

González Calero se enteró de la decisión el miércoles, cuando fue llamado a la oficina del director del Centro de Prensa Internacional (CPI), José Luis Ponce. ''El argumento esgrimido fue que la forma de enfocar la situación cubana no es la que más conviene al gobierno cubano. En ningún momento refutó una sola de mis informaciones sobre Cuba en cuanto a errores de contenido o datos'', afirmó el periodista.

Calero es corresponsal en La Habana desde el 2003, y está casado con Mar Marín, la jefa de la oficina de la agencia española EFE en la capital cubana, por lo cual Ponce le informó que podrá seguir viviendo en la isla pero ''sin ejercer ninguna actividad periodística'', según el diario El Universal.

A su vez, la Comisión Especial para atender la Agresión a Periodistas de la Cámara de Diputados de México, encabezada por Gerardo Priego, del gobernante Partido de Acción Nacional, condenó la decisión cubana, y su colega Israel Beltrán, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), informó que pedirán a la cancillería que presente una protesta por el asunto. El diputado Luis Sánchez, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), también lamentó el hecho y pidió al gobierno de Cuba rectificar en su decisión.

Los corresponsales extranjeros se encuentran en estos momentos en la isla en un proceso de renovación de sus acreditaciones. Pero algunos de ellos han referido en las últimas semanas a El Nuevo Herald que las autoridades los están rodeando de un ambiente de gran tensión, y se están volviendo cada vez más ''hipersensibles'' a todo lo que escriben sobre la vida del país.

Esto ha llevado a tener que encarar muchas dificultades en el trabajo diario, e incluso ha vuelto más tensos los contactos personales. La situación se ha agravado por lo que describió otro corresponsal como ''un clima de gran incertidumbre entre los funcionarios cubanos'' creado a raíz de la enfermedad del gobernante Fidel Castro, apartado del poder desde el 31 de julio del año pasado.

''No hay una explicación lógica para ello; sencillamente desde el año pasado están supersensibles, constantemente te llaman la atención, constantemente te dejan caer que no están contentos contigo. Ahora muchas veces ni nos miran a la cara. Creo que si fuera por algunos de ellos [los funcionarios], nos botaban a todos de aquí'', manifestó un corresponsal que prefirió el anonimato.

Ese ambiente se enrareció más el mes pasado, cuando las autoridades revelaron un nuevo reglamento para los corresponsales extranjeros, donde se advierte que el CPI puede suspender temporal o definitivamente la acreditacion ``cuando se lleve a cabo actividades impropias o actos que no se encuadran en el perfil o contenido de su trabajo, y también cuando se considere que han violado la ética periodística y no es objetivo en sus informaciones''.

El Universal señaló que ''una amenaza original de suspensión del visado del periodista y expulsión de Cuba recayó en los corresponsales de los medios británicos BBC y Reuters, el periódico estadounidense Chicago Tribune, el español El País, la agencia francesa AFP y el diario El Universal, de México'', pero ''finalmente, se procedió a retirar el visado y la expulsión de los corresponsales'' ya mencionados en este artículo.

''Me dijeron que estoy aquí hace demasiado tiempo, y que ellos creían que mi trabajo era negativo. Pero no me dieron ejemplos'', señaló Marx, del Chicago Tribune, quien llegó a la isla con su mujer e hijos en el 2002.

Marx ha escrito últimamente sobre el desinterés de la juventud en la vida política del país; el debate entre los intelectuales, que estuvo ausente de la prensa oficial, y sobre la deserción de médicos cubanos en Venezuela.

''Nos preocupan las noticias de que el gobierno cubano decidió no renovarle la credencial a nuestro corresponsal, y le ha pedido a él y su familia que abandonen la isla'', señaló George de Lama, el subdirector para noticias del Tribune, cuya corresponsalía en la isla quedó a cargo del periodista del Sun-Sentinel. Las autoridades han dado a Marx 90 días para abandonar la isla, y enfatizaron que ''serán flexibles'' con relación al año escolar de sus hijos que termina en julio.

22 fevereiro 2007

Presionan por detalles sobre confinamiento de Padilla

RUI FERREIRA / El Nuevo Herald

Una jueza federal escuchará hoy argumentos sobre si un acusado de terrorismo está capacitado para enfrentarse a un jurado, pero la atención no estará enfocada en eso, sino en qué sucedió con José Padilla, un ex pandillero de Chicago, durante más de tres años que estuvo en poder de las autoridades militares.

Ese es el plan de sus abogados, expresado en un largo documento entregado a la jueza Marcia Cooke la semana pasada, donde lo más importante es la exigencia al gobierno federal de que entregue los resultados de los análisis hechos por los psiquiatras militares en ese período, los cuales las autoridades quieren que se mantengan en la oscuridad.

Según el recurso judicial, los abogados quieren demostrar que Padilla, quien profesa la religión islámica y fue arrestado en el 2002 acusado de inmediato por la Casa Blanca de querer explotar una bomba sucia nuclear, fue torturado durante su permanencia entre los militares y, por ende, muy difícilmente podrá entender a capacidad la magnitud del proceso. Si Cooke acepta los argumentos, los abogados tendrán la rara oportunidad de poder acceder a los oficiales de la Marina que custodiaron a Padilla mientras estuvo detenido en una instalación en Carolina del Sur.

Padilla, de origen puertorriqueño, fue entregado a la fiscalía federal en Miami en el 2005, después de que el Tribunal Supremo decidió que las autoridades militares no lo podían juzgar ni mantenerlo preso indefinidamente. Esto obligó al secretario de Justicia, Alberto Gonzales, a retirar la acusación de conspirar para explotar la bomba sucia, pero lo integró a otro caso, ya abierto, de participar en una conspiración supuestamente gestada en el condado Broward para apoyar al islamismo extremista en el exterior.

Cooke ha decidido ya que varios militares serán llamados a declarar ante el tribunal, aparentemente para dar testimonio en términos generales sobre las condiciones de detención de Padilla, pero los abogados defensores quieren ir más lejos e interrogarlos sobre supuestas torturas durante su confinamiento. La jueza argumentó que necesita todo tipo de información para decidir si el acusado está capacitado para entender el juicio.

El gobierno teme que en un interrogatorio de este tipo puedan salir a relucir detalles confidenciales sobre las instalaciones y las prácticas militares. En el recurso judicial, el abogado defensor Michael Caruso recuerda que si bien Padilla fue atendido en la cárcel militar por un psiquiatra del Buró de Prisiones, sufre de un desorden post traumático porque ese mismo médico lo declaró competente para encarar un jurado.

El juicio debe comenzar en abril, según la jueza.

21 fevereiro 2007

Hillary aboga en Miami por la reforma migratoria

RUI FERREIRA / El Nuevo Herald

Una reforma inmigratoria en Estados Unidos no puede soslayar la necesidad de mantener la seguridad en la frontera, sea al sur o al norte del país, enfatizó ayer en Miami la senadora demócrata Hillary Clinton, quien escogió un barrio afroamericano para protagonizar su primera visita a la Florida, con el fin de promover su candidatura presidencial para el 2008.

Clinton aseguró a una audiencia de unas 1,000 personas que ''al menos en eso'' está de acuerdo con la propuesta de la Casa Blanca de reformar las leyes de inmigración.

''Lo que pretendamos hacer no puede pasar con una salida en masa de los inmigrantes. No podemos expulsarlos a todos del país, de entrada porque no tenemos suficiente policías para hacerlo. Sin embargo, debemos estimularlos a que salgan de la oscuridad y crearles condiciones para que puedan, un día, quizá en 10 o 15 años, adquirir la nacionalidad'', enfatizó.

En su opinión, la reforma inmigratoria debe enviar ''un mensaje muy firme'' a los empleadores, en el sentido de que se enfrentarán a severas sanciones si emplean a indocumentados. ''Pero tiene que haber una contrapartida, hay que colocar a su disposición toda una red de trabajadores desempleados y legalizados que puedan serles útiles. Hay que facilitarles esa información'', dijo.

Por ello, ''no debemos tener miedo a los inmigrantes, sino buscar la mejor forma de integrarlos, y en eso estoy de acuerdo con el Presidente [George W. Bush]'', añadió.

Lo anterior parece ser lo único en lo que la esposa del ex presidente Bill Clinton coincide con Bush, porque el resto de su intervención en el Centro Joseph Caleb de Liberty City constituyó una andanada contra el Presidente, a quien le criticó desde la política sobre el Seguro Social y el empleo hasta la guerra en Irak.

''Cuando sea comandante en jefe'', dijo la senadora, con pasión en los ojos, ''no voy a comprometer a nuestros jóvenes en una guerra a menos que sepamos muy bien hacia dónde vamos'', añadió en medio de fuertes aplausos.

Según Clinton, la administración republicana no ha desplegado una diplomacia acertada en la solución de la guerra en Irak y no entiende la necesidad de dialogar.

''Uno no hace las paces con sus amigos. Hay que sentarse a negociar con nuestros adversarios. Hemos estado seis años viviendo en la cobardía, y les digo que este tiempo se está acabando porque Estados Unidos es nuestro país y vale la pena cambiar. Y lo haremos'', precisó la senadora.

``En plena Guerra Fría estuvimos conversando con gente que nos odiaba, que tenía misiles apuntados hacia nosotros. Aún me acuerdo de aquellos ejercicios que hacíamos en la escuela cuando era niña. Y miren dónde estamos ahora''.

La senadora demócrata fue muy dura con las autoridades iraquíes, a quienes acusó de negarse a hacer su trabajo y a recostarse en las tropas estadounidenses en el combate al terrorismo interno.

''No les voy a dar un cheque en blanco a los iraquíes; ellos son quienes deben resolver sus problemas, y son ellos quienes deben estar en el frente, no nosotros'', acotó.

Es por eso, agregó, ``que no hay que mandar más tropas. [Tampoco] les enviaremos más dinero si no saben defender a su propia gente''.

Clinton fue presentada por el congresista federal demócrata Kendrick Meek, quien dijo a El Nuevo Herald que eso no significa necesariamente un apoyo a su candidatura.

''De todos modos, la senadora es una personalidad, me pidió venir a mi distrito y la recibimos'', declaró.

El legislador añadió que si otro candidato le pide venir a Liberty City, como el senador Barak Obama, también ``le abriría las puertas de nuestra comunidad''.

17 fevereiro 2007

Nueva secretaria estatal de Salud se propone garantizar la calidad

RUI FERREIRA / El Nuevo Herald

La nueva secretaria de Salud y primer Cirujana General de la Florida, la cubanoamericana Ana M. Viamonte Ros, quiere transformar los servicios de salud en el estado bajo tres premisas: mejor preparación, responsabilidad y presupuesto.

''Aspiro a garantizar que los floridanos tengan acceso a unos servicios de salud de calidad'', dijo ayer la recientemente nombrada miembro del gabinete del gobernador Charlie Crist.

Según explicó Viamonte a El Nuevo Herald, todavía no ha querido precisar muchos de sus planes porque se encuentra en una etapa de familiarización con el departamento que dirige.

Aun así, reveló que cuando Crist la invitó a ocupar el puesto, él le pidió que no se olvidara del espíritu de servicio público.

``Me dijo que trabajamos para servir, nuestro objetivo son los ciudadanos del estado y que la mejor forma de servirlos es facilitar la colaboración entre los diversos departamentos''.

Viamonte regresó ayer a Miami, donde residió por años, para encontrarse con dirigentes de los servicios de salud comunitarios en el Miami Dade College.

''Tenemos una gran diversidad de comunidades, son diferentes, por eso veo mi trabajo como una necesidad de definir las especificidades de los varios departamentos de salud'', precisó.

Viamonte explicó que la Legislatura estatal no ha aprobado el presupuesto de su departamento, pese a que el gobernador se siente comprometido con ella en incrementar sus fondos.

La nueva cirujana general vino de Cuba con su familia en 1960 y se licenció en medicina en la Universidad de Miami, en 1983.

Hizo su residencia en el hospital Mount Sinai en Miami Beach y en el Instituto de Patología de las Fuerzas Armadas, en Washington, D.C. En el 2005, obtuvo su maestría en Salud Pública por la Universidad de Miami, y Crist la nombró al puesto actual en enero de este año.

14 fevereiro 2007

Ex ejecutivo de TV Martí se declara culpable de recibir sobornos

RUI FERREIRA / El Nuevo Herald

Un ex director de programas de TV Martí se declaró culpable ayer de recibir $112,000 en sobornos de una productora a la cual compró servicios, durante un período de tres años.

La Fiscalía federal informó que José M. Miranda, de 51 años, alias ''Chema'' recibió 73 cheques de una productora llamada Perfect Image entre noviembre del 2001 y diciembre del 2004, después de ``aprobar pedidos ... para servicios de programación para TV Martí''.

''De acuerdo con los testimonios recogidos durante las negociaciones. El acusado Miranda y el dueño de Perfect Image [no identificado] tenían un acuerdo según el cual Miranda recibiría una parte del dinero, que [Perfect Image] cobraba a TV Martí'', dijo la Fiscalía en un comunicado.

''Basándonos en las pruebas reunidas en entrevistas y documentos, el acusado Miranda llegó a recibir hasta el 50 por ciento que TV Martí pagaba al vendedor'', precisó el parte de prensa.

En noviembre, Miranda fue acusado de mentir al gobierno federal al no declarar ingresos adicionales en la documentación tributaria en los años 2002, 2003 y 2004.

''En cada una de esas declaraciones de impuestos, el acusado afirmó que no tenía otras fuentes de ingresos más allá de su salario en el gobierno federal, cuando la verdad es que en ese período recibió dinero de Perfect Image'', manifestó la fiscal federal asistente Eloísa Delgado Fernández.

De ser hallado culpable, Miranda encara una sentencia de cinco años de cárcel.

La audiencia está pautada para el 18 de abril ante el juez Federico Moreno.

Tras la presentación de la acusación, la Oficina de Transmisiones hacia Cuba (OCB), que dirige Radio y TV Martí, lo colocó en licencia administrativa y posteriormente lo suspendió sin salario hasta que el caso tuviera un desenlace, informó entonces un portavoz de la Junta de Gobernadores de Comunicaciones, que supervisa la OCB.

Según documentación oficial, Perfect Image recibió por lo menos $239,000 entre el 2001 y el 2006 por parte de la OCB, que comenzó a investigar las actividades de Miranda en el 2005, y el caso terminó en la oficina del Inspector General, que lo envió a la Fiscalía federal.

El reportero de The Miami Herald Jay Weaver contribuyó a esta información.

13 fevereiro 2007

Ex vicesuperintendente escolar demanda a Crew

RUI FERREIRA / El Nuevo Herald

La ex vicesuperintendente del distrito escolar público de Miami-Dade, Mercedes Toural, ha interpuesto una demanda contra el superintendente, Rudolph Crew, a quien acusa de impedirle conseguir cierto trabajo.

En la documentación del caso, Toural sostiene que Crew amenazó con cortar todos los lazos de negocios con Early Learning Coalition of Miami-Dade/Monroe (ELC), si la entidad la contrataba para ejercer las funciones de administradora general.

No obstante, el abogado del superintendente afirma que la ex funcionaria tergiversa lo sucedido a su favor.

Toural afirma que, pese a que su nombre fue el seleccionado en una búsqueda nacional, terminó siendo relegada por presión de Crew.

La demanda precisa que el superintendente, tras enterarse de que Toural estaba a punto de ser escogida por la junta directiva del ELC, dijo a un miembro no identificado de esa junta y a la persona encargada de hacer esa búsqueda que cortaría todo lazo de negocios con la entidad si contrataban a Toural.

''En noviembre [del año pasado] Crew llamó al miembro de la junta directiva y lo amenazó con cortar todo contacto de servicios [con el ELC]'', dice la demanda.

El distrito es el mayor cliente del ELC con un volumen de negocios entre $140 millones y $150 millones anuales, explicó Toural a El Nuevo Herald.

El ELC paga al distrito escolar para prestar servicios relacionados con el aprendizaje de lectura y niños con determinadas dificultades.

Ayer por la tarde, la persona encargada de la búsqueda nacional por cuenta del ELC, Bud Park, y a quien presuntamente Crew amenazó, confirmó a El Nuevo Herald la esencia de la demanda.

''Como mi nombre es mencionado [en la demanda] no creo que deba comentar al respecto. Lo que sí le puedo decir es que la información de que dispone es acertada y verídica'', indicó Park en una conversación telefónica.

La demanda solicita gastos compensatorios por $500,000, y fue entregada en los tribunales el 22 de enero.

De momento, Crew no ha querido comentar sobre el tema, aseguró su portavoz Felipe Noguera, pero el abogado del superintendente dijo a El Nuevo Herald que Toural ha ''distorsionado'' el incidente y que lo podrá demostrar ante los tribunales.

''Esto tiene su origen en la salida de la Sra. Toural del sistema escolar. Vamos a defender este caso enérgicamente'', apuntó el letrado Reginald Clyne.

Para Clyne, la demostración de que la demanda no procederá es que la junta directiva del ELC está integrada por personas ``a las cuales no se puede presionar''.

''¿Se imagina que gente como la comisionada Natacha Seijas o el ex editor general del Miami Herald Dave Lawrence sean personas que se dejen intimidar?'', preguntó el abogado.

En su única declaración sobre el asunto, Toural negó a El Nuevo Herald que la demanda esté relacionada con su salida del sistema escolar.

''Yo no estoy poniendo [esta demanda] por el tiempo que estuve en el sistema escolar; eso es una página pasada. Quería comenzar un nuevo capítulo en mi vida, seguir con mi carrera y solicité esta plaza [de administradora general] porque estoy más que preparada'', indicó Toural, que tiene más de 35 años de experiencia profesional en el mundo de la enseñanza.

De acuerdo con la ex funcionaria escolar, ella se enteró de la amenaza de Rudolph Crew y de que no sería contratada momentos antes de la entrevista final con la junta directiva del ELC. Eventualmente, la entidad terminó contratando a otra persona.

En el último trimestre del año pasado, el ELC comenzó una búsqueda nacional para encontrar un administrador general, y Toural aspiró al cargo. Tras pasar varias entrevistas, aduce la demanda, terminó clasificada en primer lugar y en la recta final hacia el puesto.

Sin embargo, ''alrededor del 7 de noviembre, tras enterarse de que [Toural] estaba a punto de ser contratada como presidente y administradora general del ELC, Crew llamó a un miembro de la junta directiva y amenazó con cortar toda relación de negocios entre el ELC y el distrito escolar'', acota la demanda.

Posteriormente, a instancias de miembros de la junta aparentemente descontentos con la llamada telefónica, continúa la documentación, Park contactó a Crew sobre el asunto y éste volvió a repetirle que si Toural era contratada ``retiraría todos los negocios del distrito escolar con el ELC y se iría a otra parte''.

La demanda expone, además, que Crew ''detesta'' a Toural y presuntamente tiene contra ella ''una vendetta personal'', entre otras razones, ``porque ella tuvo el coraje de encararlo y confrontarlo públicamente por sus repetidos malos tratos a los cubanoamericanos y a las mujeres''.

Pero ayer Clyne enfatizó a El Nuevo Herald que lo anterior no es cierto.

''Todo esto tiene su origen en la salida [de Toural] del sistema escolar. El Sr. Crew es un reformador que cuando llegó encontró muchas cosas mal hechas y comenzó a exigir mucho de sus subordinados. La Sra. Toural, en vez de trabajar duro, pidió una licencia y después renunció'', insistió el abogado.

Según Clyne, el superintendente escolar ''nunca amenazó a nadie'', sino que ``cuando le preguntaron si quería trabajar con ella, dijo que no, explicando su pasada relación''.

Toural acusó a Crew de discriminación en una queja presentada en el 2005 ante la Oficina de Derechos Civiles y Cumplimiento de Diversidad del distrito escolar. La queja fue desestimada por falta de pruebas.

Raúl de la Heria, el abogado de Toural, tiene una visión opuesta, puesto que confía en que demostrará que sí se produjo la presunta amenaza. ''No tomo ningún caso si éste no tiene méritos. Vamos a ir ante un jurado a demostrar todo eso, pues impedir que una persona consiga trabajo provoca enormes daños psicológicos y monetarios'', opinó el abogado de la Heria.

10 fevereiro 2007

Ratifican límite a intercambio académico con Cuba

RUI FERREIRA / El Nuevo Herald

Un juez estatal negó ayer en Miami una moción sometida por profesores de la Universidad Internacional de la Florida en conjunto con la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), para que se aplazara la aplicación de una controversial ley que limita severamente los contactos académicos con Cuba, hasta que haya un fallo final al respecto.

La ley prohíbe el uso de fondos públicos en el financiamiento de viajes a Cuba.

''Al ejercer mis poderes discrecionales aquí y asumiendo que me he equivocado sobre la posibilidad real de éxito y daño irreparable, mi conclusión es que no'', señaló el juez de distrito, Adalberto Jordan, al justificar la decisión.

La ley fue aprobada en mayo por la Legislatura estatal y firmada por el ex gobernador Jeb Bush, por iniciativa del legislador David Rivera a raíz del arresto de una pareja de profesores en ese plantel universitario en enero del año pasado, los esposos Carlos y Elsa Alvarez.

Tras la firma de Bush, un grupo de profesores de FIU y la ACLU retaron el documento en los tribunales con el argumento de que viola la libertad de trabajo de los profesores universitarios e interfiere con sus capacidades de investigación. Aunque los Alvarez nunca viajaron a la isla acompañados por estudiantes, Rivera consideró durante la presentación de su propuesta que había que cerrar cualquier posibilidad legal de usar fondos públicos en visitas académicas a países que Estados Unidos considera terroristas.

Cuba, además de Irán, Corea del Norte, Sudán y Siria, se encuentran en esa lista, actualizada anualmente por el Departamento de Estado. Libia fue retirada hace casi dos años.

A inicios de semana, Jordan había adelantado que pensaba negar el pedido de frenar la aplicación de la ley, pero ayer explicó por escrito que el pedido de suspensión de su aplicación no tiene méritos, entre otras razones, porque los demandantes no pudieron demostrar que la aplicación de la ley les provoca un daño irreparable, al no limitar sus derechos constitucionales y financiero. Además, también porque el gobierno federal no se ha interesado por el asunto.

''El gobierno federal fue invitado a participar en este caso, y hasta donde he podido constatar decidió no unirse o apoyar a los que retaron [esta ley]'', escribió Jordan.

El juez consideró que la ley no quebranta los derechos de los profesores bajo la Primera Enmienda de la Constitución. ''La ley no limita la libertad de palabra de los demandantes de una forma irreparable'', dijo.

Según Jordan, la ley tampoco limita las capacidades de los profesores de viajar a Cuba en lo inmediato, como habían argumentado, porque siempre van a poder financiar ellos mismos esos viajes y entonces, si persisten en esta demanda, van a poder pedir un reembolso.

''La decisión del juez es desafortunada y fuera de tiempo'', consideró el portavoz de la ACLU, Brandon Hensler. En su opinión, ``con un [gobernante cubano Fidel] Castro enfermo a 90 millas de la Florida, este es precisamente, el momento en que se debe estimular el libre flujo de información, y no impedir a los estudiantes, profesores y científicos usar fondos privados para reunir informaciones útiles para la seguridad y la economía de nuestro país''.

Hensler explicó que ahora le tocará al equipo legal de la ACLU, que trabaja desde Washington D.C. decidir que hacer. ''Cuando un juez niega una moción de este tipo, que pide la suspensión de la aplicación de una ley, está dando a entender cómo piensa sobre este asunto. Así que es posible que vayamos a una apelación, pero los abogados tienen que ver esto más a fondo'', apuntó el portavoz de la ACLU.

09 fevereiro 2007

Inmigración defiende incremento de tarifas al público

RUI FERREIRA / El Nuevo Herald

El gobierno federal dijo el viernes que para mejorar los servicios de inmigración es más fácil incrementar las tarifas de atención al público que pedir los fondos necesarios directamente al Congreso.

``El dinero que el Congreso nos asigna es siempre en pequeñas cantidades, nunca llegaría a lo que realmente necesitamos para mejor nuestros servicios. Y seria muy difícil lograr que nos incrementaran esa entrega de fondos", dijo el director del Servicio de Inmigración y Ciudadania (CIS), durante un seminario sobre el tema organizado por la Cámara de Comercio del Gran Miami, justificando el reciente pedido de incremento de las tarifas.

González explicó que con este aumento piensa recaudar $1 mil millones que serán usados en mejorar los servicios prestados, incluyendo la remodelación y construcción de nuevas oficina para atender al público.

``Sólo en la Florida pensamos crear cuatro nuevas oficinas, en Miami, Orlando y West Palm Beach. El edificio [central] de inmigración que tenemos en la calle 79 será cerrado", dijo. En todo el país el CIS abrirá 39 nuevas instalaciones para atender al público.

Esto implica, amplió González, la contratación de más gente, invertir más fondos en el entrenamiento de personal y adquisición de equipos.

``Si fuéramos al Congreso a pedir los fondos para todo esto, nunca lo lograríamos", enfatizó el director del CIS.

A principios de mes, el CIS anunció sus planes para implementar un fuerte incremento en las tarifas de sus servicios, lo cual levantó una ola de críticas en la comunidad. Algunos de los aumentos fueron del 80 por ciento.

Así, una solicitud de ciudadanía pasaría de $330 a $595, el permiso de trabajo de $180 a $340 y el servicios de huellas y fotos biométricas aumentaría de $70 a $80. En el caso del ajuste de estatus o residencia permanente, el incremento sería de $325 a $905.

El incremento de tarifas todavía no ha entrado en efecto, una vez que estamos en un primer periodo de 60 días, tras el anuncio, en que el público puede emitir sus opiniones y comentarios, y después habrá otros 60 días para que el CIS los analice, haga los ajustes necesarios y tome una decisión final.

``Una cosa es clara. Inmigración no es un proceso fácil, es costoso principalmente si queremos tener un proceso excelente. No es tanto la sustancia del proceso sino la calidad del mismo", dijo González.

El director del CIS recordó que el año pasado hubieran más de 700,000 naturalizaciones, que si se hubieran pagado a $4,000 cada una, como es el promedio con las nuevas tarifas, la agencia hubiera recaudado $28 millones.

``Esto, por si solo, es más de lo que el Congreso nos daría si se lo pidiéramos ahora. Y hay que tener en cuenta que además de invertir en la mejoría de los servicios también estamos trabajando en la frontera", añadió.

Y los pedidos de naturalización van en aumento. ``Las peticiones de enero son 30 por ciento superiores a las de diciembre", reveló González.

El alcalde Alvarez apoyará una eventual candidatura de McCain

RUI FERREIRA / El Nuevo Herald

El alcalde del condado Miami-Dade, Carlos Alvarez, anunció ayer su apoyo a una eventual candidatura presidencial del senador republicano John McCain.

El senador todavía no ha oficializados sus aspiraciones presidenciales, pero un poco por todo el país se están formando comités de apoyo a su eventual candidatura.

Ayer, el comité que explora la posibilidad electoral del senador de Arizona anunció en su sede en Arlington, Virginia, que Alvarez se unió al equipo y será el vicepresidente del comité nacional de alcaldes que apoyan las aspiraciones de McCain.

Alvarez ''es un respetado líder del estado de la Florida y la comunidad hispana, y ha demostrado que el sueño americano está vivo y coleando en nuestro país. Me alegra que se una a nosotros'', dijo McCain.

A su vez, el alcalde del Condado explicó que decidió unirse al comité porque el senador es ``uno de los mas dedicados servidores públicos de nuestra nación''.

''Espero poder ayudarle a expandir su mensaje de sentido común en una reforma conservadora'', expresó Alvarez.

El alcalde es el cuarto político cubanoamericano del sur de la Florida que se une a la campaña de McCain. Hace unas semanas fueron nombrados vicepresidentes de su comité en el estado los congresistas republicanos Lincoln y Mario Díaz-Balart e Ileana Ros-Lehtinen. El grupo está compuesto además por el congresista Ric Keller.

''Nuevamente estamos juntos en otra campaña. Será un placer trabajar junto a Carlos en favor de John McCain, un hombre que está plenamente preparado para ser un gran presidente de Estados Unidos'', manifestó Lincoln Díaz-Balart.

08 fevereiro 2007

Encausan a tres por cometer fraude en seguros de accidentes de trabajo

RUI FERREIRA / El Nuevo Herald

Tres personas del sur de la Florida fueron encausadas ayer por proveer a empresas de construcción falsos seguros de compensación por accidentes de trabajo.

Los cargos de fraude postal y conspiración para cometer el delito de falsificación fueron presentados a Enrique Guevara, Alexandra Cordero y Erick Brandon. Los dos primeros son empleados de una firma de seguros de Miami-Dade; el tercero es un contador de Broward. Los tres presuntamente ayudaron a la empresa Sandi Construction INC a conseguir la documentación falsa.

Sandi Construction INC contrataba los servicios de trabajadores de la construcción y, a su vez, los alquilaba a empresas constructoras con necesidad de mano de obra. Ayer, una grabación en el teléfono de la empresa decía que el número había sido desconectado. Guevara y Cordero han sido arrestados, y Brandon lo será pronto, informó la fiscalía federal en el sur de la Florida. Mientras, Marco A. Sandi, el dueño de la empresa, ha sido mencionado como conspirador pero todavía no lo han encausado.

Las leyes de la Florida establecen que todo obrero de la construcción debe ser asegurado por su empleador para obtener compensación en caso de que ocurra un accidente laboral. Según el encausamiento, Sandi Construction brindó a ''centenares'' de trabajadores falsos seguros en múltiples obras de todo el estado.

Según la acusación del jurado de instrucción, los implicados han sido incriminados con 21 cargos. El fraude fue valorado en por lo menos $20 millones, abarcó a 12 condados de la Florida, y afectó desde hospitales hasta condominios por un período de dos años.

''Esta gente estafó a los trabajadores, a las empresas a las que prestaron servicios y a las compañías de seguros'', comentó el inspector general del Departamento de Trabajo, Douglas Colon.

Además, apuntó el fiscal federal para el sur de la Florida, Alexander Acosta, al usar documentación falsa los acusados no pagaron $4 millones en seguros de compensación.

''El resultado es que así un negocio honesto no puede competir'', dijo el fiscal.

''Espero que éste no sea el único caso, sino el primero de una serie'', añadió Acosta sin precisar más detalles.

Según la documentación entregada a los tribunales, Brandon y Cordero ayudaron a Sandi entregándoles los certificados que aseguraban que la empresa tenía todos sus papeles de seguro en regla. Incluso crearon listas de pago, cheques y reportes al Servicio de Rentas Internas, todos falsos, con lo cual lograron ocultar el número real de empleados cubiertos por el seguro.

Según fuentes conocedoras del proceso, Sandi no ha sido encausado porque está negociando con la fiscalía.

Los acusados encaran una cadena de 20 años de cárcel.

Arrestan a 178 inmigrantes en el sur de Florida

RUI FERREIRA / El Nuevo Herald

Agentes federales arrestaron el pasado fin de semana a 178 inmigrantes quienes tenían órdenes de deportación o fugitivos de la justicia en tres condados del sur de la Florida.

Además, la Oficina de Inmigración y Aduana (ICE) anunció que el pasado enero deportó a 424 inmigrantes ilegales, 131 de los cuales tenían antecedentes penales.

Los detenidos del fin de semana se dieron en Miami-Dade, Broward y Palm Beach, y abarcaron a 18 nacionalidades. Algunos de los arrestados tenían antecedentes penales por crímenes sexuales, violencia doméstica, fraude y robo.

Uno de los arrestados fue el ciudadano jordano Hassan Abdulla Alihussein, de 33 años, a quien le encontraron un arma de 9 mm ilegal. Por ello, el caso de Alihussein fue entregado a la fiscalía federal del sur de la Florida para que lo encausaran.

''Cada uno de estos arrestos incrementa la seguridad pública y restaura la integridad de nuestro sistema de inmigración. Y los que violen las leyes no deben extrañarse si son arrestados y deportados'', afirmó el director de la oficina de arrestos y deportación del ICE en Miami, Michael Rozos.

Pero a los activistas de inmigración estas redadas los tienen aterrorizados.

''Entiendo que Inmigración tiene que hacer su trabajo, pero estamos hablando de personas sin antecedentes penales, cuyo único delito es trabajar ilegalmente para mantener a sus familias'', manifestó el presidente de Unidad Hondureña, José Lago.

En su opinión, las redadas tienen, además, un impacto económico en la comunidad. ''Cada vez que se enteran de una redada, las personas no salen a la calle, no mandan los niños a la escuela, no acuden al trabajo, y ni siquiera se van de compras. Y esto provoca un impacto en la economía de nuestra comunidad'', añadió.

Aunque no hay cifras oficiales sobre cuántos indocumentados residen en Miami-Dade, estimados las sitúan en miles.

Las redadas y las deportaciones de enero son parte de una operación en curso llamada Iniciativa por una Frontera Segura, un plan de varios años lanzado por el Departamento de Seguridad Territorial (DHS) para reducir la inmigración ilegal.

07 fevereiro 2007

Miami-Dade busca reducir los gases contaminantes

RUI FERREIRA / El Nuevo Herald

En un momento en que la protección al ambiente está cobrando auge en todo el mundo, el condado de Miami-Dade podría sumarse hoy a la Bolsa Climática de Chicago (CXX), un registro de gobiernos y empresas que se han comprometido a reducir las emisiones de gases causantes del efecto invernadero.

El proyecto presentado por la comisionada Natacha Seijas, que ya fue aprobado en el comité de operaciones gubernamentales, es bien simple: si el Condado no logra controlar las emisiones de gas invernadero y otros gases dañinos, tendrá que ''comprar'' el derecho de emitirlos a otros condados que sí hayan logrado disminuirlas.

El incumplimiento pudiera costar entre $280,000 y $300,000 en multas, pero Seijas confía en que si Miami-Dade logra reducir al menos en un 6 por ciento sus emisiones hasta el año 2010, nunca tendrá que pagar nada. De ser aprobada la propuesta en el pleno de hoy, Miami-Dade se transformaría en el primer gobierno local del sur del país en adherirse al registro.

''Con este compromiso jurídicamente vinculante, toda la organización del Condado pasará a adquirir conciencia sobre el combustible que estamos quemando y las emisiones de carbono que producimos'', comentó Seijas en un comunicado de prensa. ``El Condado, históricamente, ha sido un líder en lo relativo a los esfuerzos para combatir los gases de invernadero y ahora, tendremos la oportunidad de demostrar nuestro compromiso con una agencia externa''.

La comisionada no devolvió las llamadas de El Nuevo Herald.

El ''Acuerdo de Chicago'', creado en el 2004, consiste en el establecimiento de una cuota máxima de emisión de gases invernadero y otros gases perniciosos, el estímulo a su reducción, y el intercambio de las cuotas excedentes por derechos de emisión.

Los miembros de esta bolsa se muestran dispuestos a reducir voluntariamente en un plazo de cuatro años las emisiones de gases invernaderos, para alcanzar el nivel acordado.

Los que no lo logren, tienen que comprar en el mercado excedentes a otros que sí lo han logrado. El compromiso es voluntario, pero una vez firmado, sus participantes están legalmente obligados a cumplirlo.

En términos prácticos, si el condado de Miami-Dade no logra cumplir con la cuota de emisión de gases, tendría la posibilidad de ''comprar'' el excedente de otro condado, que si lo logró hacer. Es lo que el Acuerdo de Chicago llama ``programa de intercambio de emisiones de gas invernadero''.

El programa es voluntario y se aplica también en Brasil, Canadá y México. Su principal objetivo es la instauración de un programa público de reducción de emisiones basado en el mercado industrial, y no por dictado gubernamental.

Etiquetas: ,

Pareja evangelista brasileña se declarara inocente

RUI FERREIRA / El Nuevo Herald

Un matrimonio acusado de desviar millones de dólares de los fieles de su iglesia evangélica en Brasil, se declararon no culpables de ingresar clandestinamente $56,000 por el Aeropuerto Internacional de Miami a principios del mes pasado.

En una rápida audiencia, Estavam Hernandes Filho, de 52 años, y su esposa Sonia Hadad Moraes Hernandes, de 48, informaron al juez de instrucción Federico Moreno que se consideraban no culpables de los cargos. El matrimonio vive en Boca Ratón, y se encuentra en libertad bajo una fianza de $100,000.

El lunes, un jurado de instrucción los encontró culpables de ingresar dinero clandestinamente a Estados Unidos y prestar falsas declaraciones a funcionarios de la aduana, además de conspirar para prestar esas falsas declaraciones. Al llegar a Miami el 8 de enero, la pareja informó a la aduana que traía entre los dos unos $21,000, pero tras registrárseles el equipaje, incluyendo la mochila de su hijo menor, las autoridades encontraron los $56,000.

La pareja de evangelistas aparentemente mintió a la aduana, pues la cantidad máxima que una persona puede entrar al país sin declararla es $10,000.

Hernandes Filho encara cuatro cargos, entre prestar y conspirar para prestar falsas declaraciones, y a su esposa le han impuesto cinco. De ser hallados culpables, cada acusación equivale a cinco años de cárcel.

Los Hernandes son conocidos en Brasil como los ''reyes del evangelismo'' por liderar la iglesia Renascer em Cristo, poseedora de un millonario patrimonio, con influencia en medios de comunicación y miembros en los gobiernos locales.

El arresto de los obispos en Miami es el último episodio de una serie de encontronazos que han tenido con la ley. En Brasil, las autoridades los han acusado de desviar millones de dólares de la iglesia para comprar bienes raíces y propiedades en el país suramericano y en Estados Unidos, así como de lavado de dinero y ''falsedad ideológica'', cargo que se aplica a quienes se hacen pasar por lo que posiblemente no son, en este caso, ``enviados de Dios''.

Por otra parte, sus dos hijos mayores se han visto involucrados en un sonado escándalo político en Sao Paulo, después que la prensa local descubrió que un político electo les dio trabajo a ambos en su oficina, donde nunca se presentaron.

Así, Felippe Daniel Hernándes, conocido como el obispo Tid, de la iglesia dirigida por sus padres, fue contratado en el 2004 como asesor técnico de la oficina del diputado estatal Geraldo Tenuta en la Asamblea Legislativa de Sao Paulo. A su vez, el legislador también contrató en febrero del 2005 a Fernanda Hernandes Rasmussen, la otra hija de la pareja, como empleada de su oficina.

Hernandes Rasmussen es conocida como la pastora Fé, y Tenuta, además de diputado estatal, es el obispo Gé de la iglesia.

Los dos hermanos, según el diario brasileño A Tarde, cobraron aparentemente sin trabajar alrededor de $52,000. Ella fue la que más ganó con $38,000 por 19 meses de trabajo, y él recibió $10,000 por siete meses como empleado en la oficina de Tenuta, pero antes de ''despedirlo'' el legislador aparentemente le otorgó una indemnización correspondiente al 170 por ciento del sueldo recibido.

Los tres son investigados por la contraloría de la Asamblea Legislativa, una comisión parlamentaria, y la fiscalía del estado de Sao Paulo.

Ayer, al salir de la audiencia de instrucción de cargos del matrimonio Hernandes, su abogado, Albert Krieger, dijo no tener nada que comentar sobre el caso. 'Nada, ¿no es así como se dice `nada' en portugués?'', preguntó el letrado a los periodistas.

06 fevereiro 2007

Fallan contra el uso de fondos estatales para viajes académicos a Cuba

RUI FERREIRA / El Nuevo Herald

Un juez federal falló en contra de una demanda de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) que se opone a la prohibición del uso de fondos estatales para fomentar viajes de académicos a la isla,.

La medida, cuestionada por profesores de la Universidad Internacional de la Florida (FIU), aprobada en mayo por la Legislatura estatal y firmada por el ex gobernador Jeb Bush, fue creada por iniciativa del legislador David Rivera a raíz del arresto de una pareja de profesores en ese plantel universitario en enero del año pasado, los esposos Carlos y Elsa Alvarez.

Tras la firma de Bush, la ACLU retó la ley estatal en los tribunales con el argumento de que viola la libertad de trabajo de los profesores universitarios e interfiere con sus capacidades de investigación. Aunque los Alvarez nunca viajaron a la isla acompañados por estudiantes, Rivera consideró durante la presentación de su propuesta que había que cerrar cualquier posibilidad legal de usar fondos públicos en visitas académicas a países que Estados Unidos considera terroristas. Cuba se encuentran en esa lista, actualizada anualmente por el Departamento de Estado.

El viernes, el juez Adalberto Jordan sorprendió a ambas partes al adelantar en una declaración de un párrafo su negativa a aceptar la demanda, y anunciar la publicación de una explicación el próximo viernes.

''Sí, es algo que nos es común. Nos servirá de argumento cuando vayamos a discutir el caso'', expresó el portavoz de la ACLU, Brandon Hensler.

''Vamos a esperar la decisión final para decidir qué caminos tomaremos, pero puedo adelantar que la Legislatura optó por la desafortunada idea de cerrar esos países al mercado libre de las ideas'', añadió el portavoz.

Ayer, enterado de la decisión del juez federal, Rivera consideró que éste ``ratifica el derecho de la Legislatura a decidir cómo se debe gastar, o no, el dinero de los contribuyentes''.

''No creo que los contribuyentes de la Florida estén a favor de utilizar su dinero para subsidiar gobiernos terroristas'', añadió el legislador del distrito 112.

Rivera explicó que de haber apelación por la ACLU, el caso seguirá su curso legal, pero recordó que ``el gobernador Charlie Christ está comprometido en ganarlo''.

Además de la isla, en el listado de países terroristas del Departamento de Estado se encuentran Irán, Corea del Norte, Sudán y Siria. Libia fue retirada hace casi dos años.

03 fevereiro 2007

Unirse a la Marina cambió para siempre la vida de una muchacha de la Florida

RUI FERREIRA / El Nuevo Herald

La Marina le dio un rumbo a su vida, se ha convertido en su hogar, y no concibe un futuro sin el azul del océano a su alrededor, el corre-corre del zafarrancho de combate y la camaradería de la tripulación que la rodea.

Aurora Chávez habla con pasión, y aunque a bordo le dicen formalmente cabo Chávez, por ser la navegante del USS Gridley, es uno de los personajes más populares del último destructor incorporado a la Marina estadounidense, lo cual tiene lugar hoy en el puerto de Miami.

''Sí, sin ella a lo mejor estuviésemos perdidos en el mar'', comentó jocosamente el teniente Troy Smith momentos después de abrir las puertas del puente de mando de la nave a los reporteros, donde descubrimos a Chávez inclinada sobre una enorme carta marina de las costas de la Florida.

''De aquí vamos a Jacksonville; estoy diseñando el curso que vamos a seguir'', dijo Chávez, ajena a una ceremonia de bienvenida que se desarrolla en el muelle, y cuya algarabía entra por las ventanas abiertas del puente de mando.

Hace seis años, la navegante tenía problemas en su vida. Las compañías no eran buenas y el aprovechamiento escolar era peor. ''No me estaba gustando nada lo que estaba pasando'', admitió su padre, Guillermo Rodríguez, quien ayer por la mañana vino de Homestead a verla.

Por ello, cuando su hija le anunció que estaba pensando unirse a la Marina, la apoyó de todo corazón. ''Estoy muy orgulloso de ella, ¿sabe? ¡Muy orgulloso!'', enfatizó mientras buscaba con ansiedad su rostro entre los miles de oficiales y marineros que se agrupaban en el puente del barco, durante las operaciones de atraque.

''La Marina cambió mi vida, y no lo digo por vanidad, ni siquiera porque estamos aquí. Es que realmente mi papá tiene razón en lo que le ha dicho. Mi vida no estaba muy bien orientada que digamos, y un día me di cuenta que en la Marina, pues, podía conocer el mundo, aprender de la disciplina, todas esas cosas'', explicó Chávez.

Por eso, enfatizó ayer en el puente del USS Gridley: ``Mi recomendación a los jóvenes que no sepan qué hacer con sus vidas es que vengan a la Marina; que no tengan miedo a las limitantes porque en la Marina no hay límites. Todo joven debe saber que todo sueño es posible, y aquí muchos de nuestros sueños se hacen realidad. Carrera, vida organizada y buena salud'',

''Sí, no cambiaria esto por nada'', añadió la cabo, quien es madre de una niña de tres años, Alicia, y cuyo esposo la espera en la ciudad costera de San Diego, el puerto residencial del USS Gridley, en la costa oeste del país.

Pero el puerto de Miami es desde hoy su otra casa, en la costa este, después de la ceremonia de hoy, cuando el buque ingresará formalmente en la Armada tras finalizar las pruebas de mar.

''Fueron unas pruebas muy duras. En el Atlántico Norte, nos enfrentamos a una verdadera tempestad, muchas olas, muy impresionante. Mucha gente fue a parar a la enfermería'', recordó Troy, un veterano de tres comisiones de servicios a bordo de igual número de embarcaciones por todo el mundo.

Miami fue escogida para la ceremonia de incorporación del buque a causa de la tripulación. ''Un gran número de nuestros marinos son de la Florida, es una forma de homenajear este estado y esta ciudad'', acotó Troy.

El USS Gridley es un destructor lanzamisiles de la clase Arleigh Buró y el cuarto navío que lleva el nombre del legendario almirante Charles V. Gridley, quien comandó el crucero USS Olympia durante la batalla de la Bahía de Manila en mayo de 1898, cuyo resultado tuvo un impacto capital en el fin de la Guerra Hispanoamericana.

El Gridley está equipado con el sistema de armamento AEGIS, un sofisticado sistema de computación que integra bajo un solo nudo el radar de la embarcación, los sensores de identificación de blancos y el sistema de armamentos. En la proa, detrás del imponente cañón automático de 5 pulgadas, se encuentran los 96 tubos de lanzamiento vertical de misiles. ''No se preocupen, no tenemos nada allí... todavía'', informó Troy a los reporteros.

Cuando Chávez se encontró finalmente con sus padres y hermanas, al cabo de un año sin verlos, lo primero que les dijo fue que su esposo y su hija llegan a Miami el martes. Hace casi seis meses que la navegante del USS Gridley no ve a la pequeña Alicia.

01 fevereiro 2007

Buscan eliminar restricciones a viajes y remesas a Cuba

RUI FERREIRA / El Nuevo Herald

Un grupo de congresistas de ambos partidos, favorables a una aproximación con Cuba, presentó ayer en la Cámara de Representantes un proyecto de ley que pretende eliminar las restricciones a viajes y remesas a la isla para los cubanoamericanos.

La idea, admitieron fuentes cercanas al Partido Demócrata, es relanzar en el Capitolio la discusión sobre la necesidad de suavizar esas restricciones partiendo del principio de que los viajes familiares a la isla deben ser considerados una cuestión elemental de derechos humanos.

El presidente George W. Bush aprobó en junio del 2004 un paquete de restricciones que limita los viajes de cubanoamericanos a una vez cada tres años y restringe los envíos de asistencia monetaria a familiares directos.

El proyecto para desechar esas medidas fue presentado por el congresista demócrata William Delahunt y su colega republicano Ray LaHood, quienes aseguraron que cuenta con un apoyo sustancial entre sus pares.

''Esta ley permitirá viajar a los ciudadanos estadounidenses y los residentes permanentes con familiares en Cuba cuando quieran, sin tener que conseguir una autorización del gobierno norteamericano'', explicó Delahunt, congresista por Massachusetts, en un comunicado.

El proyecto contempla, además, un permiso para que en esos viajes los cubanoamericanos puedan llevar a la isla todo el dinero que quieran.

''Hay muchos gobiernos en el mundo de hoy con los que no estamos de acuerdo, pero permitimos a la gente preocuparse por sus familiares, ir y volver, y también damos a la gente la oportunidad de unirse con sus familias'', añadió LaHood, congresista por Illinois.

Este proyecto era dado como seguro entre analistas y observadores después de que Delahunt y su colega republicano, Jeff Flake, viajaron a La Habana en diciembre al frente de un grupo de congresistas del grupo de trabajo sobre Cuba del Capitolio.

Tras la visita, Flake declaró a El Nuevo Herald que ``casi seguro lo vamos a presentar''.

Fuentes demócratas afirmaron ayer que la ofensiva, ''de momento'', no intentará aprovechar la actual minoría republicana en el Congreso para ir directamente en contra del embargo a la isla, debido a que la ley Helms-Burton lo tiene codificado y estipula condiciones muy precisas para el levantamiento.

El secretario de Comercio, el cubanoamericano Carlos Gutiérrez, también vicepresidente de la comisión presidencial de ayuda a una Cuba Libre, desestimó la propuesta legislativa contra las medidas impuestas por la Casa Blanca.

''Tenemos que enfocarnos en la realidad de que los cambios se tienen que hacer en la isla. No aquí. Ahí es donde hay que tener libertad, democracia, libertad de expresión. Entonces el cambio tiene que empezar en Cuba'', subrayó.

En la Cámara de Representantes el rechazo también se hizo patente entre los congresistas cubanoamericanos de Miami.

''Delahunt y Flake siempre están trabajando en favor de los intereses de la tiranía. Y nosotros seguiremos trabajando por la libertad de Cuba. La lucha sigue, el presidente Bush y muchísimos de nuestros colegas en el Congreso están con nosotros, y lo más importante es que la última palabra sobre el tema de Cuba la tendrá el pueblo de Cuba y pronto'', comentó el congresista republicano Lincoln Díaz-Balart.

El grupo demócrata National Democrat Network (NDN) sostuvo que el proyecto es un intento ''claro y bienvenido'' de conectar a las familias en los dos lados del Estrecho de la Florida y contribuir al incremento del envío de ayuda.

''Los cubanos tienen que ser los agentes de cambio. Al final de casi cinco décadas lo que se ha hecho es dividir a las familias y asegurar la estabilidad del régimen'', consideró el director del NDN, Joe García. ``Hace falta traerles una nueva dinámica a las relaciones entre los dos países en este momento crítico''.

Dos años de libertad condicional para Varela

RUI FERREIRA / El Nuevo Herald

El caricaturista José Varela, quien en noviembre se atrincheró en la redacción de El Nuevo Herald durante tres horas y media, fue condenado ayer a 2 años de libertad condicional, una sentencia que no aparecerá en sus antecedentes penales si la cumple sin incidentes.

La sentencia fue el resultado de negociaciones entre la fiscalía y la defensa del caricaturista, quien luego de amenazar a 14 periodistas, editores y secretarias de El Nuevo Herald enfrentaba cargos que lo podían haber condenado a cadena perpetua.

Varela, de 50 años, se declaró nolo contendere ante el juez estatal David Young, lo que significa que no aceptó las acusaciones, pero accedió a cumplir la sentencia impuesta por el tribunal.

El juez Young determinó que el caricaturista deberá asistir a clases de control de temperamento, seguir en tratamiento siquiátrico y pagar $500 a una institución caritativa, que los abogados dijeron que será United Way.

Además, no podrá aproximarse a menos de 40 yardas del director de El Nuevo Herald, Humberto Castelló.

Varela ingresó la mañana del 24 de noviembre a la redacción del periódico con lo que parecía ser una subametralladora, un cuchillo y vestido de uniforme de camuflaje. Pidió ver al director, que no se encontraba, y conminó a las personas presentes a que abandonaran la redacción.

Tras tres horas y media, con un amplio despliegue policial alrededor del periódico, el caricaturista se entregó a los agentes de un equipo de asalto y fue acusado de tres cargos de asalto con agravantes. El arma de fuego resultó ser una copia de plástico.

Varela fue liberado dos días después, tras pagar una fianza de $75,000.