09 março 2007

Gobiernos locales critican recorte de impuesto

RUI FERREIRA, H. POLEO y J.C. CHAVEZ / El Nuevo Herald

Los gobiernos locales de Miami-Dade consideraron ayer devastadora la propuesta legislativa de retornar el impuesto a la propiedad al nivel del 2000-2001, y advirtieron que el recorte de ingresos que supone obligará a reducir servicios esenciales para evitar la bancarrota de ciudades y condados.

''Si no obtenemos algo que pueda reponer ese dinero, no sé cómo vamos a poder ofrecer todos los servicios a los residentes de la ciudad'', aseveró el alcalde de Miami, Manny Díaz, quien no dudó en afirmar que estos recortes presupuestarios podrían llegar a ser ''devastadores'' para el municipio.

El plan legislativo, que el miércoles logró el apoyo de un comité de la Cámara, obligaría este año a los gobiernos locales a cobrar los impuesto que se pagaron en el 2000-2001, antes del actual auge de los valores de la propiedad, y limitar los aumentos tributarios subsiguientes a la inflación y el crecimiento demográfico.

De aprobarse, por ejemplo, el Condado dejaría de ingresar $613 millones, la Ciudad de Miami unos $103 millones y Hialeah $19 millones, según los cálculos de la Legislatura.

Sus defensores argumentan que los contribuyentes se encuentran ahogados por la presenta presión fiscal, y que las administraciones locales deberán encontrar la manera de ajustar sus gastos al nivel de lo que sus ciudadanos pueden pagar.

''Entiendo que de alguna forma debemos apoyar una reducción en los impuestos, pero me preocupa el impacto que esta medida pueda tener en las pequeñas ciudades, como Opa-Locka, por ejemplo'', advirtió la comisionada de Miami-Dade Bárbara Jordan, durante un animado debate sobre el tema en el pleno de la Comisión.

Un estudio presentado por la Asociación de Condados de la Florida disputó la percepción de que los gobiernos locales han malgastado la avalancha de ingresos producto del estratosférico aumento del valor de las propiedades.

El ritmo de gasto de los gobiernos locales ha seguido al crecimiento de la inflación y el crecimiento de la población, según el informe. Pero las cifras que utiliza el estudio para calcular la inflación están basadas sólo en los productos que suelen consumir las administraciones públicas, y no en el índice usado por el gobierno federal.

''Los gobiernos locales no compran las mismas cosas que un hogar'', explicó el economista Hank Fishkind al presentar el estudio en Tallahassee, según Associated Press.

``Los gobiernos locales no se dedican a comprar comida. Lo que compran es pensiones, lo que compran es mucha gasolina, compran muchas cosas que son muy caras''.

El informe asegura que el impuesto a la propiedad recaudó $11,400 millones más entre 1999 y el 2005, de los que $4,200 millones fueron a los distritos escolares, $3,900 a los condados y $1,700 millones a las ciudades. Alrededor de $1,000 se invirtieron en seguridad pública.

''Nuestros residentes nos piden más policías, pero la Legislatura nos quita el dinero para darlos'', dijo el alcalde Díaz. ``Si no podemos ofrecer los servicios, los gobiernos a nivel local son los que quedan mal, no los legisladores en Tallahassee''.

El alcalde de la ciudad de Hialeah, Julio Robaina, advirtió que cualquier rebaja que se aplique en los impuestos a la propiedad debe ir aparejada de una estrategia de fondo, para que esos recursos que dejarían de percibir los municipios regresen a las arcas de los gobiernos locales por otra vía.

''No sé qué plan sea el mejor'', manifestó el alcalde, quien agregó que la carga representada por los impuestos a la propiedad es un tema sensible que debe ser analizado pensando en las consecuencias a mediano y largo plazo.

''Mi filosofía de gobierno no me permite apoyar un mecanismo de rebaja sin antes tener a la mano una llave para la cobertura de nuestros proyectos y servicios esenciales'', advirtió.

Robaina, quien estuvo presente en la sesión legislativa estatal a comienzos de semana, comentó que había sostenido reuniones de alto nivel con miembros de la Cámara de Representantes en Tallahassee para ventilar aspectos relacionados con el tema de las rebajas.

''Hialeah tiene uno de los impuestos a la propiedad más bajos de la Florida y nuestra población supera las 230,000 personas ¿Se imagina usted lo que significaría un recorte sin propuestas de financiamiento?'', se preguntó.

''Hay 18 proyectos urbanos por desarrollar, una academia de policías con 30 jóvenes enlistados, proyectos sociales, bomberos...todos esos programas y servicios son esenciales y requieren dinero. Quisiera saber de dónde los vamos a sacar'', dijo Robaina.

Tras una larga discusión, la Comisión de Miami-Dade decidió postergar cualquier acción al viaje la próxima semana de su presidente, Bruno Barreiro, a Tallahassee.

''El problema es siempre el mismo. Sabemos que nosotros contribuimos mucho más al norte, a Tallahassee que el dinero que ellos nos mandan", dijo el comisionado José ``Pepe'' Díaz.

La única voz discordante, fue la del comisionado Joe Martínez, quién no le dio mucha importancia a lo decidido el miércoles en la capital del estado.

''Para decirles la verdad, tengo una impresión diferente. Creo que ellos no tienen la intención de ir más allá de lo que han ido, apenas necesitaban algo que colocar en el papel. Realmente lo que afecta a la gente son los seguros altos, no tanto los impuestos'', dijo Martínez.

Barreiro añadió que, a su regreso de Tallahassee, organizará una audiencia sobre el tema para que el público se manifestarse.

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07 março 2007

La Agencia de Viviendas caerá bajo control federal

RUI FERREIRA / El Nuevo Herald

El gobierno federal se propone tomar el control de la problemática Agencia de Vivienda Pública de Miami-Dade, para luego convertirla en una entidad independiente, según una propuesta enviada el domingo al Condado que un comisionado asoció bromeando con prácticas mafiosas.
''Es una oferta que no podemos rechazar'', afirmó el comisionado Carlos Giménez, en referencia a la famosa frase de la película El Padrino, durante la discusión ayer en la Comisión del documento enviado por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD).

La propuesta colocaría a la Agencia de Vivienda Pública en manos de un administrador de recuperación nombrado por HUD, asesorado por una junta nombrada por el Condado, mientras se lleva a cabo la separación de la agencia de la administración metropolitana y su constitución en una entidad independiente.

La misiva es el último capítulo del desacuerdo entre HUD y los funcionarios electos del Condado, que encabezados por el alcalde Carlos Alvarez han subrayado que la agencia está en fase de recuperación y consideran innecesaria la intervención de Washington, hasta donde han viajado varias veces para cabildear.

Pero la última palabra está en boca de la agencia, que por la naturaleza del documento firmado por el abogado general de HUD, Robert M. Couch, parece haberse decidido por asumir el control de la entidad.

La Agencia de Vivienda Pública se halla en el centro de una profundo escándalo desde que el año pasado una investigación de The Miami Herald evidenció graves casos de despilfarro y pésima administración.

Desde entonces, el equipo gerencial de la agencia fue despedido y, por el momento, dos promotores inmobiliarios han sido encausados por malversación de fondos públicos.

En términos muy firmes, el HUD cita ''el despilfarro de dinero, un plan de trabajo pobremente definido y ejecutado y deficiencias operacionales serias'' como razones para retirar al Condado la administración de la agencia.

''[La agencia de viviendas] ha fracasado en el uso de sus recursos y en el control de los fondos de sus programas individuales'', por lo cual ''estos procedimientos han tenido un impacto negativo en la implementación de los fondos federales otorgados'', reza el documento.

Como ejemplos cita los casos de los proyectos Ward Towers, en Allapattah, y Scot Carver, en Liberty City, los cuales están ''sustancialmente retrasados'' y se encuentran en ''serio peligro'' de ser clausurados sin que haya un plan alternativo.

A consecuencia de ello, el HUD le da al Condado en su propuesta un plazo irrevocable de 30 días para que envíe a Washington sus comentarios sobre un acuerdo ''cooperativo'' para cambiar la administración de la agencia.

De firmarlo, el Condado reconocería la autoridad de HUD para asumir el control de la agencia y nombrar un gerente de emergencia, al tiempo que se daría al Condado un plazo de 60 días para diseñar un plan que convierta a la agencia en una entidad independiente.

Tanto Alvarez como los comisionados nunca han negado que el gobierno federal tiene el derecho de tomar el control de programas como el Plan 8 y otros que dependen directamente de fondos que vienen de Washington.

Exceptuando Javier Souto, todos los demás comisionados se manifestaron ayer en contra de la propuesta federal, aunque en el aire se respiraba un ambiente de fait accompli.

''Tengo la impresión de que el HUD está llevando esto muy en serio'', declaró el administrador George Burgess, en tono resignado.

Además de asumir el control de la agencia, sus propiedades y bienes, el HUD pasará a tener bajo su responsabilidad los fondos de pensiones de los empleados, y el Condado deberá devolver todo fondo federal malgastado y rembolsar al HUD por los costos de una auditoría efectuada recientemente.

El departamento federal también propone que el Condado acuda a una firma de contabilidad para que lleve a cabo un estudio y presente recomendaciones sobre nuevas reglas en el uso y gasto de los fondos de la agencia.

La propuesta también precisa que la intervención federal durará mientras la agencia no sea capaz de valerse por sus propios medios.

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07 fevereiro 2007

Miami-Dade busca reducir los gases contaminantes

RUI FERREIRA / El Nuevo Herald

En un momento en que la protección al ambiente está cobrando auge en todo el mundo, el condado de Miami-Dade podría sumarse hoy a la Bolsa Climática de Chicago (CXX), un registro de gobiernos y empresas que se han comprometido a reducir las emisiones de gases causantes del efecto invernadero.

El proyecto presentado por la comisionada Natacha Seijas, que ya fue aprobado en el comité de operaciones gubernamentales, es bien simple: si el Condado no logra controlar las emisiones de gas invernadero y otros gases dañinos, tendrá que ''comprar'' el derecho de emitirlos a otros condados que sí hayan logrado disminuirlas.

El incumplimiento pudiera costar entre $280,000 y $300,000 en multas, pero Seijas confía en que si Miami-Dade logra reducir al menos en un 6 por ciento sus emisiones hasta el año 2010, nunca tendrá que pagar nada. De ser aprobada la propuesta en el pleno de hoy, Miami-Dade se transformaría en el primer gobierno local del sur del país en adherirse al registro.

''Con este compromiso jurídicamente vinculante, toda la organización del Condado pasará a adquirir conciencia sobre el combustible que estamos quemando y las emisiones de carbono que producimos'', comentó Seijas en un comunicado de prensa. ``El Condado, históricamente, ha sido un líder en lo relativo a los esfuerzos para combatir los gases de invernadero y ahora, tendremos la oportunidad de demostrar nuestro compromiso con una agencia externa''.

La comisionada no devolvió las llamadas de El Nuevo Herald.

El ''Acuerdo de Chicago'', creado en el 2004, consiste en el establecimiento de una cuota máxima de emisión de gases invernadero y otros gases perniciosos, el estímulo a su reducción, y el intercambio de las cuotas excedentes por derechos de emisión.

Los miembros de esta bolsa se muestran dispuestos a reducir voluntariamente en un plazo de cuatro años las emisiones de gases invernaderos, para alcanzar el nivel acordado.

Los que no lo logren, tienen que comprar en el mercado excedentes a otros que sí lo han logrado. El compromiso es voluntario, pero una vez firmado, sus participantes están legalmente obligados a cumplirlo.

En términos prácticos, si el condado de Miami-Dade no logra cumplir con la cuota de emisión de gases, tendría la posibilidad de ''comprar'' el excedente de otro condado, que si lo logró hacer. Es lo que el Acuerdo de Chicago llama ``programa de intercambio de emisiones de gas invernadero''.

El programa es voluntario y se aplica también en Brasil, Canadá y México. Su principal objetivo es la instauración de un programa público de reducción de emisiones basado en el mercado industrial, y no por dictado gubernamental.

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