Los jóvenes hispanos se marchan de Miami-Dade

RUI FERREIRA / El Nuevo Herald

Los jóvenes hispanos y negros se están yendo de Miami-Dade, reportó la Oficina del Censo en un estudio de 3,141 condados en el que se enfatiza que ese éxodo ha sido sistemático en los últimos seis años.
Así, entre el 2000 y el 2006, el Condado de Miami-Dade perdió varios miles de hispanos entre los 25 y los 39 años, es decir, el 9 por ciento, pues de 100,000 pasó a 83,000. En términos generales, la población hispana subió 14 por ciento.

A la vez, más del 10 por ciento de sus residentes negros entre 5 y 14 años y entre 30 y 39 años se han ido del condado. En las demás edades, el número de residentes de esa etnia subió 1 por ciento, según el estimado anual de la población minoritaria en el país divulgado ayer por el Buró del Censo.

En contrapartida, en el vecino Broward todas las cifras demográficas relacionadas con minorías muestran un incremento de residentes de todas las edades. De hecho, en ese condado las minorías en general crecieron más del 35 por ciento, mientras que en Miami-Dade la cifra no pasó del 10 por ciento.

En términos nacionales --si bien a partir del 2006 el 10 por ciento de los condados del país era mayoritariamente hispano-- desde el 2000 a la fecha se registró una tendencia a la disminución de residentes jóvenes de minorías.

Aún así, Miami-Dade es el segundo del país por el número de minorías residentes, con 82 por ciento, sobrepasado únicamente por el de Bronx, que tiene el 87 por ciento.

Los expertos manejan varias razones para el éxodo de las minorías en el condado, desde el incremento del costo de vida hasta la falta de empleos.

En un estudio revelado la semana pasada, el profesor de la Universidad Internacional de la Florida (FIU) Darío Moreno atribuyó al menos tres razones para el éxodo de la clase media afroamericana del condado: pocas perspectivas de empleo, escuelas deficientes y el alto precio de la vivienda.

''El condado está perdiendo su clase media afroamericana. Las cifras son sorprendentes'', apuntó Moreno.

Su estudio, patrocinado por el Centro Metropolitano de FIU, fue una especie de anticipo del presentado por el censo ayer, y concluyó que uno de cada cuatro residentes que deja el condado anualmente es negro. Mientras, en términos de establecerse en el sur de la Florida, la cifra es de 1 por cada 14.

En el informe, pedido por el Plan de Acción del Area Metropolitana de Miami, se constata que el 30 por ciento de los 604 encuestados confirmaron que piensan dejar el condado, y de ellos el 40 por ciento tiene ingresos entre $60,000 y $80,000. Todos piensan mudarse a Broward, Tampa o Atlanta, indicó Moreno.

Lo que sucede, y esto se aplica tanto a hispanos como negros, es que el éxodo tiene que ver básicamente con las condiciones de establecerse en el condado, añadió el experto universitario.

''Es el muchacho que se va a una universidad en otro estado y decide no volver a Miami porque encontró un mejor trabajo en otro lado, sea Atlanta o Washington, D.C. O entonces, tenemos al profesional que se quedó acá, después de terminar la universidad, pero se ha dado cuenta de que aquí no tiene forma de progresar en su carrera'', explicó Moreno.

Otros hallazgos del estudio del Buró del Censo, revelan que:

• La población de Miami-Dade ha llegado a los 2.4 millones y la de Broward a los 1.8 millones.

• En Broward, los menores de 4 años y los adultos entre 40 y 49 son las categorías de edad con mayor velocidad de crecimiento.

• Al revés de lo que muchos piensan, entre el 2000 y el 2006 la población hispana de Miami-Dade creció apenas de 1.3 millones a 1.4 millones.

• La cifra de hispanos entre los 25 y los 39 años en Miami-Dade ha bajado los últimos seis años. Entre los 25 y los 29 años, se fueron del condado 20,000 personas en el mismo período.

• En el condado Monroe la pérdida de población hispana es de un promedio de 25,000 por cada quinquenio.

Pelearán la intervención federal de la entidad de vivienda

RUI FERREIRA / El Nuevo Herald

El gobierno de Miami-Dade llevará a los tribunales el virtual asalto federal al Departamento de Viviendas de Miami-Dade, aseguró ayer Carlos Alvarez en una conferencia de prensa no exenta de emoción donde comentó lo que es, a todas luces, su primer revés como alcalde fuerte.

''Vamos a pedir una orden inmediata de suspensión de la ocupación [del departamento de viviendas]'', dijo el alcalde.

La razón: ''Estamos verdaderamente convencidos de que podemos administrar la entidad no es una cuestión de egos'', enfatizó el alcalde.

Ayer por la mañana, la Secretaría de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en inglés) anunció que en un plazo de 10 días tomará las riendas de la entidad de vivienda del condado porque ``ha demostrado un patrón de irresponsabilidad financiera en la aplicación del [programa] Plan 8 y otros programas de viviendas públicas''.

''Hace meses que, en el ámbito federal, contactamos a los líderes locales con el objetivo de poner la entidad de pie nuevamente. El HUD intentó, sin éxito, que los funcionarios de Miami firmaran un acuerdo de cooperación que nos permitiera trabajar conjuntamente para restituir la confianza de la comunidad en su entidad de vivienda'', dijo el subsecretario de Vivienda Pública, Orlando Cabrera.

En términos prácticos, la intervención implica que el alcalde y el administrador, George Burgess, perderán el control de la entidad, un golpe demoledor a su credibilidad como administradores, y los aparta totalmente de toda decisión relacionada con la administración y el manejo de programas de vivienda pública en el condado.

Según el HUD, la ocupación siempre fue vista como un acto ''de último recurso'', y en este momento ``sería una irresponsabilidad esperar más tiempo''.

Sin embargo, para Alvarez, la cooperación no fue posible por responsabilidad del HUD, el cual ''claramente tras meses de reuniones y discusiones no tiene interés en trabajar junto a los lideres comunitarios'' para resolver el problema.

''Siempre prefirieron culpar al condado. Pues bien, vamos a los tribunales'', acotó el alcalde.

Es más, añadió la directora de vivienda condal, Kris Warren, nombrada por AAlvarez en enero para administrar la entidad, la intervención implica también el cierre del funcionamiento de la entidad.

''Esencialmente, la entidad paralizará todo lo que está haciendo y tendremos una confusión total a nivel de público'', explicó Warren.

La entidad de viviendas del Condado recibe anualmente unos $275 millones en fondos federales para subvencionar programas como el Plan 8.

Al cabo de un pleito de casi siete meses, Washington decidió finalmente ocuparse de la administración de la entidad de vivienda del condado, tras acusarla de mala administración de sus programas, lo cual afectó a unas 25,000 familias, un escándalo que denunció The Miami Herald.

Después de estallar el escándalo, el Condado nombró una nueva directora de la entidad, anuló acuerdos con contratistas cuestionables y reformó algunos de los programas. A raíz de ello, tanto el alcalde como los comisionados insistieron en que se recuperarían del atasco y la entidad de vivienda recuperaría su credibilidad.

''Hicimos todo lo humanamente posible'', aseguró Alvarez.

Incluso al menos tres contratistas fueron arrestados, y ''estoy seguro de que las investigaciones policiales siguen y conducirán a más arrestos'', añadió el alcalde.

El mes pasado, cuando la posibilidad de la ocupación federal apareció sólidamente dibujado en el horizonte,AAlvarez dijo a los comisionados que se enfrentaría legalmente al HUD porque, en su opinión, la entidad condal estaba bien encaminada. Ayer repitió la aseveración.

''Estamos haciendo todo lo que nos han pedido, ¿qué más quieren que hagamos?'', preguntó en una entrevista con WLRN-FM.

El HUD nombró a Donald LaVoy con amplios poderes para administrar la entidad de viviendas del condado, con autoridad suprema y capacidad de contratar y despedir. Según Cabrera, la intención inicial no es despedir a ningún empleado, sino dirigir la entidad.

''Aquí no estamos para castigar a nadie, sino para resolver el problema de la entidad'', agregó el subsecretario de vivienda.

Máquinas de juego a referendo

RUI FERREIRA / El Nuevo Herald

Basados en el argumento de que el juego existe alrededor de todos nosotros y que, sin embargo, el condado no se beneficia, los comisionados de Miami-Dade decidieron ayer volver a presentar a los votantes la opción de legalizar las máquinas tragamonedas.

La propuesta había sido rechazada en marzo del 2005 en el condado Miami-Dade, pero fue aprobada en el condado Broward. Desde entonces, es común que quienes desean jugar se desplacen hasta el vecino condado, recordaron los comisionados.

''Estamos rodeados de juegos por todas partes, y no veo que eso nos da beneficio alguno como condado'', expresó el comisionado Dennis Moss, quien impulsa la medida junto con sus colegas Rebeca Sosa y Joe Martínez.

La idea es permitir que se instalen máquinas automáticas en los canódromos e hipódromos de Miami-Dade, así como en el recinto de jai-alai de Miami. Precisamente, uno de los lugares de juego más concurridos en Broward se encuentra a escasos metros de la frontera entre los dos condados, en la zona de Aventura.

La iniciativa será propuesta al electorado el 29 de enero, una fecha que coincide con una primaria presidencial, el ajuste de los impuestos a la propiedad y, posiblemente, con la reforma de la Carta Constitucional de Miami-Dade.

Ayer, los comisionados no tuvieron grandes reparos en aprobar la decisión, enfrascados como están en la búsqueda de ingresos adicionales para el condado, tras el recorte inminente que se avecina si el electorado aprueba la rebaja en los impuestos a la propiedad.

Como incide la legislación, el estado se queda con la mayoría

de los ingresos por impuestos para dedicarlos a la educación, mientras que al Condado le toca sólo el 1.5 por ciento.

''Todas las fuentes de dinero son buenas, [pero] eso [el juego] sería una tremenda ayuda para el condado'', afirmó Martínez.

Aunque sin mayores reparos, la decisión no fue unánime. Se opuso la comisionada Katy Sorenson, quien argumentó que las máquinas de azar conllevan el peligro de incrementar la pobreza en la zona.

''La gente con menos recursos es la que va a perder más con todo esto'', pronosticó Sorenson.

Se espera que para el próximo año fiscal Broward comience a recibir los primeros fondos recaudados de los impuestos del juego. El total: $230 millones.

Martínez dijo que espera que suceda lo mismo en Miami-Dade.

En el 2005, los electores se opusieron por un estrecho margen a la medida, pese a que el entonces gobernador, Jeb Bush, fue uno de los que más campaña hizo contra la introducción del juego en el sur de la Florida.

El tema del juego en la Florida comenzó a ser considerado seriamente el año antes, cuando una reforma constitucional permitió la inclusión de las máquinas tragamonedas en recintos reportivos, como los canódromos o los hipódromos, si era aprobado por los electores de los dos condados.

A partir de entonces, la industria del juego recaudó $6.8 millones en pocos meses para una campaña de publicidad a favor de introducir las máquinas y rebajar el costo del referendo, cuyo resultado fue divergente. En Broward, las tragamonedas se impusieron por 57 por ciento mientras que en Miami-Dade la propuesta perdió por 52 por ciento.

Como consecuencia, en Broward tres casinos abrieron sus puertas y un cuarto está en construcción.

Sugieren cambios radicales en Constitución del condado

RUI FERREIRA / El Nuevo Herald

La revisión de la Carta Constitucional del Condado de Miami-Dade deberá terminar a tiempo para que los electores aprueben o rechacen los cambios en un referendo en enero, pero ayer, sorpresivamente, el alcalde del condado ya dio a entender cuáles son sus temas preferidos.

Según Carlos Alvarez, el grupo de trabajo sobre la revisión constitucional del condado pudiera abordar el tema del incremento de los salarios de los comisionados y debería estudiar la posibilidad de que éstos sean electos por distritos, por el condado como un todo o a través de un sistema que combinaría las dos posibilidades.

La idea no es nueva. De hecho, si se aplica una combinación de los dos sistemas habría que aumentar el número de comisionados, pero en el 2001 los electores rechazaron totalmente esa posibilidad y también se opusieron a un aumento de los sueldos de los ediles condales.

Pero como señaló más tarde a El Nuevo Herald Raúl Martínez, el ex alcalde de Hialeah, la situación del Condado hoy es diferente a 50 años atrás, cuando se diseñó su Carta Constitucional por primera vez.

''Ahora tenemos un alcalde fuerte. Y cada uno hala hacia sus intereses, tiene su meta. Por eso creo que, en vez de renovar algo que no funciona, debemos ir hacia un cambio completo'', dijo Martínez.

El ex alcalde es uno de los 21 miembros de la comisión de trabajo que propondrá los cambios en la Carta Constitucional a los comisionados del condado, y que ayer se reunió por primera vez bajo la batuta del abogado Víctor M. Díaz, a quien el presidente de la Comisión condal, Bruno Barreiro, asignó esa responsabilidad.

La presencia de Alvarez no estaba anunciada, por eso constituyó una sorpresa para los presentes cuando el alcalde se apareció en la reunión flanqueado por la comisionada Natacha Seijas, quien tampoco se suponía que participara, pues el abogado y cabildero Miguel A. De Grandy la representaba.

''Cuando caminamos por Miami-Dade se escuchan muchas sugerencias de cómo mejorar su Carta Constitucional. El mundo en 1957 es muy diferente al del 2007. Hay temas que abordar, como el salario de los comisionados o si su elección debe ser por distrito como un todo o una combinación de esos dos sistemas'', manifestó Alvarez.

En ese sentido, ''esperamos las recomendaciones. La experiencia está en esta sala'', añadió el edil, refiriéndose a los restantes miembros del grupo de trabajo, entre los cuales se encuentran el ex alcalde de la ciudad de Miami y del condado Maurice Ferré, el alcalde de Miami-Beach David Dermer, el comisionado del condado Carlos Giménez y su colega Javier Souto, además de un grupo de abogados nombrados por otros comisionados condales y por las ciudades del condado.

Díaz reconoció que los debates serán intensos a la luz de la composición del grupo de trabajo, pero de momento desechó la posibilidad de que haya que recurrir a un mecanismo ''parlamentario'' para dar orden a los trabajos.

''Como dije al inicio, espero que nuestro trabajo sea colegiado y sustancial. Pero no creo que la existencia de muchas opiniones diversas sea un motivo para implementar una regla de discusión'', dijo.

La comisión de revisión acordó reunirse tres horas cada 15 días, y el objetivo es que en octubre concluya sus sesiones y ponga a consideración de los comisionados una lista de recomendaciones, quienes aprobarán cuáles de ellas serán puestas a consideración del electorado.

En el intento de revisión constitucional del 2001 se hicieron 14 recomendaciones. La mayoría fue rechazada.

El grupo de trabajo también decidió llevar a cabo sesiones públicas para escuchar al público, como acordó la Comisión del condado cuando diseñó sus atribuciones y facultades.

Uno de los problemas detectados en esta reunión inicial fue el del presupuesto de trabajo de la Comisión, la cual, pese a que sus miembros sirven en ella voluntariamente, tiene necesariamente gastos corrientes. Mientras tanto, dijo jocosamente Díaz: ``Esos gastos pueden salir de mi bolsillo''.

Proponen despedir al administrador del condado

RUI FERREIRA / El Nuevo Herald

Cuando el electorado decidió en noviembre pasado que Carlos Alvarez se convirtiera en el primer ''alcalde fuerte'' de Miami-Dade, el puesto del administrador condal, George Burgess, comenzó a tambalearse, pues en su nueva capacidad, aquél asumió en gran medida las funciones de éste, incluyendo la autoridad para contratar o despedir a directores de departamentos.

En consecuencia, algunos comisionados comenzaron a ver los $300,000 --más beneficios-- que Burgess cobra anualmente como un salario algo excesivo para sus ahora reducidas responsabilidades. Hace semanas que en los pasillos del condado los comisionados no ocultaban su contrariedad por la situación, y la presentaban como una cuestión legal, de cumplimiento de la carta condal.

Pero no se decidían.

Ayer, el comisionado Carlos Giménez dio el paso al frente y presentó ante el Comité de Finanzas y Presupuesto una propuesta de anulación y terminación del contrato de Burgess.

Giménez basó la propuesta en el hecho de que con la reforma de los poderes municipales el administrador ya no era contratado por la Comisión del condado y pasó a ser responsabilidad del alcalde, quien además legalmente es el único ente capacitado para establecer el sueldo que se le pagaría.

La propuesta urgía al comité a proponer a la Comisión la fecha de 12 de junio como el último día de trabajo del administrador en su situación actual.

Aunque creen que Burgess no debe depender ya de la Comisión, la propuesta no fue aceptada por los comisionados presentes, entre otras razones porque dejaría al administrador literalmente en el aire entre el 12 de junio y el día en que, eventualmente, el alcalde Alvarez decidiera contratarlo de nuevo.

''El problema era que si hacíamos lo que proponía Giménez, [Burgess] se iba a quedar cesante y tendríamos que pagar lo que establece su contrato mientras él no trabaje'', explicó la comisionada Rebeca Sosa a El Nuevo Herald.

El contrato establece que si Burgess es despedido por alguna razón que no sea provocada por un acto criminal de su parte, el Condado debe pagarle un año de sueldo con todos los beneficios, una cifra que supera los $400,000.

''El alcalde necesariamente no lo iba a contratar de inmediato y perderíamos el dinero de los contribuyentes. Además íbamos a perder a una persona fundamental para el condado, y no nos podemos dar ese lujo'', añadió Sosa.

En contrapartida, los comisionados optaron por aprobar una resolución donde instan a Alvarez a mantener el mismo contrato que Burgess disfruta ya, con lo cual no se pierde tiempo en negociaciones, incluso en el caso de que ocurrieran después del 12 de junio.

''No tengo problema con ello, pero si el alcalde no lo acepta, volvemos al principio y estaremos aquí con esta propuesta [de despedirlo de todas formas]'', dijo Giménez al retirar su propuesta inicial.

A la decisión contribuyó en parte el mismo administrador, pues Burgess manifestó muy frontalmente sus preocupaciones.

''En mi perspectiva de funcionario público, mi respuesta a esto sería: si cancelan [el contrato] y depende del alcalde [ser contratado de nuevo], la realidad es que quedaría expuesto [sin empleo] y no quiero estar en esa situación'', dijo Burgess.

La voz discordante de la reunión la puso el comisionado Javier Souto, quien votó en contra porque cree que la propuesta es demasiado vaga y abre las puertas a que el alcalde Alvarez incluso pueda incrementar el sueldo del administrador.

''Creo que hay un contrato que tiene un procedimiento normal para su renovación, pero veo que puede ser alterado; no me gusta ese punto'', dijo Souto tras enterarse por los abogados municipales de que nada impide que el alcalde contrate de nuevo al administrador con un sueldo superior.

Burgess ha sido un fuerte aliado político y administrativo de Alvarez. Tanto cuando asumió la alcaldía en el 2004 como tras el referendo de noviembre, el alcalde siempre manifestó su confianza en mantenerlo en la oficina al lado de la suya, en el piso 29 del edificio de gobierno del condado.

El aeropuerto de Miami abre pronto una nueva ventana al mundo

RUI FERREIRA / El Nuevo Herald

De lejos parece la nave imperial de La Guerra de las Galaxias, con su imponente puente de mando sobresaliendo de la estructura principal. Pero cuando se observa de cerca, tiene una forma que hace recordar el ala de un avión. En el interior del imponente edificio de siete pisos se descubre lo que realmente es: la nueva terminal sur del Aeropuerto Internacional de Miami (MIA).

El amasijo de metal, cristal y acero tuvo varios apodos desde la etapa en que se fundieron las bases, desde ''ballena muerta'' hasta ''submarino'', pasando por ''pan cubano''. Pero en el fondo ha sido, dicen quienes la diseñaron, una de las obras más complejas en términos arquitectónicos levantadas en el Condado de Miami-Dade.

''No queríamos dibujar una caja sino una escultura. Y una escultura que albergara todas las funciones de un moderno aeropuerto. Ha sido un proyecto muy interesante e intenso. Nos ha costado 10 años'', dijo Roberto Smith, el arquitecto principal de MGE Architects, la firma encargada de construir la terminal, la cual recibió la denominación ``J''.

Con 350,000 pies cuadrados de superficie, dispone de una capacidad para procesar 15 vuelos al mismo tiempo; se le han construido zonas ''esterilizadas'' para separar los vuelos nacionales de los internacionales; sus paredes están forradas en madera, y sus pisos, una mezcla de alfombra con piedra pulida, parecen una obra de arte llamada ''Río de hierba'', pues su creadora, Barbara Neijna, se inspiró en el libro de Marjorie Stone Douglas.

La Terminal J será dedicada íntegramente a los vuelos de Sky Team, una de las más importantes alianzas en el mundo de las aerolíneas, pues la integran Delta Airlines, Air France, Alitalia y Northwest, entre otras.

Hace un par de semanas, el director del MIA, José Abreu, afirmó ante un grupo de editores y reporteros del Herald que el primer avión despegaría a mediados de agosto. ''Quiero que el primer vuelo salga el 15 de agosto. Es un compromiso y lo vamos a cumplir'', dijo.

El jueves por la noche, Max Fajardo, el responsable de la construcción de la Terminal J, lo reafirmó a El Nuevo Herald tras una visita por las instalaciones. ''Hablando en buen cubano, si no lo logramos somos unos catetos, vaya'', precisó.

Los constructores aseguran que la terminal está a un 70 por ciento construida y lo que queda son los acabados. ''Cosas cosméticas, en semanas esto todo estará listo y limpio'', dijo Smith.

El primer certificado provisional de operaciones debe llegar a fines de mayo o primeros días de junio, pero para el MIA lo importante es el 15 de agosto.

''En los últimos días siempre vamos a tener problemas, pequeños detalles. En este momento no anticipamos grandes problemas, pero nunca se sabe. Pero lo importante es que el primer vuelto de Delta estará en el aire el 15 de agosto saliendo de esa terminal'', aseguró Abreu ayer en una conversación con El Nuevo Herald.

Pero la construcción de la nueva terminal no ha sido un lecho de rosas. Más bien ha sido el escenario de una feroz batalla entre constructores, aerolíneas, políticos, cabilderos y líderes comunitarios que se arrastró prácticamente desde el inicio de su planificación, hace 10 años.

Prevista inicialmente para ser construida con un presupuesto de $600 millones, la Terminal J abrirá tras una inversión de $1,400 millones.

''Es una cifra aproximada, no creo que pase más allá de eso'', concedió Abreu, quien en una fecha tan cercana como en marzo fue a la Comisión de Miami-Dade a pedir lo que espera sean los últimos fondos, $29 millones para los detalles finales y que le reservaran otros $20 millones en caso de tener que hacer frente a una demanda de última hora. Los comisionados le dieron el gusto, y ayer el director del MIA dijo que lo más natural es que no haya ninguna demanda porque todo se ha terminado a tiempo. Abreu fue puesto al frente del MIA hace 22 meses, en un momento en que las obras parecían paralizadas por la ineficiencia. Desde entonces, ha acudido 157 veces ante la Comisión condal y todas las veces ha obtenido lo que buscaba.

''Es muy eficaz y profesional. Esta comunidad le debe mucho'', señaló el comisionado José ''Pepe'' Díaz, quien dirige el comité municipal de turismo y aeropuertos.

''No creo que valga la pena pasar tanto dolor de cabeza por algo en la vida, pero en este caso creo que el remedio es algo que va a ser una obra de arte y un monumento a la eficiencia en el mundo de las aerolíneas. Nunca habíamos tenido una terminal de esta magnitud; hay muy pocas como ella en el mundo'', añadió el comisionado.

Construirla no ha sido fácil, pero completarla ha sido aún más arduo.

''Lo más difícil ha sido acoplar en este edificio todas las necesidades de los departamentos de seguridad, de las aerolíneas, de las tiendas y los pasajeros'', añadió Smith.

''Son necesidades que cambian continuamente y van a cambiar aún después de la inauguración. Poner todo eso en armonía fue la parte más difícil. Pero, para eso somos arquitectos, ¿o no?'', inquirió el arquitecto.

Divide a la Comisión el recorte de impuestos a la propiedad

RUI FERREIRA / El Nuevo Herald

Los comisionados de Miami-Dade están muy divididos en cuanto a la actitud de la Legislatura estatal frente a la necesidad de reducir los impuestos a la propiedad y el hecho de que haya clausurado sus sesiones de trabajo sin haber resuelto el asunto.
Los divide la necesidad de proteger a la clase media de una ola fiscal cada vez más grande, y la prudencia de no ser tan severos al momento de los recortes presupuestarios para no deteriorar y, de ser posible, mantener los servicios públicos básicos a la población.

Ayer, los comisionados sorprendieron a más de un observador cuando, al inicio de su reunión, decidieron cambiar el orden de trabajo y escuchar al director de asuntos intergubernamentales, José Rasco, quien les expuso que el 12 de junio habrá una reunión con el gobernador, Charlie Crist, para discutir un posible retroceso al nivel de impuestos a la propiedad de los años 2001 o 2002.

''Ellos tienen diferencias serias [las dos cámaras estatales]. Pero, pese a todo, vamos a tener un retroceso en los impuestos y eso nos va afectar'', advirtió Rasco.

La reacción de los comisionados no se hizo esperar. Abogando por la necesidad de proteger a la clase media, el comisionado Joe Martínez llevó la voz cantante en las críticas.

''Mi gente está perdiendo su casa, y son ellos a quienes tengo que defender, no al gobierno'', dijo Martínez, quien acusó a la delegación del sur de la Florida en la Legislatura de trabajar contra los intereses de la población de Miami-Dade.

En su opinión, ``esta nueva generación de legisladores nuestros han asumido la postura de destruir todo lo que hemos conseguido, en vez de protegernos de los designios del centro y el norte de la Florida''.

Contactado al respecto, el legislador estatal republicano David Rivera no quiso entrar en polémica.

Pero en su opinión, realizar una sesión especial fue lo mejor que pudo haber pasado dadas las circunstancias.

''A veces, en una sesión regular, hay tantos temas en discusión que uno en particular se pude perder entre los otros. Ahora, con esta sesión especial, la atención va a estar enfocada únicamente en el asunto de los impuestos a la propiedad. Todos ganamos con eso'', señaló Rivera a El Nuevo Herald.

Martínez fue secundado por Rebeca Sosa, quien logró que más de una cabeza en la audiencia se volteara cuando afirmó: ``Martínez no está solo en esto''.

''La gente está atrapada en sus casas, no pueden ni pagar los impuestos ni los seguros. Vamos a perder a la clase media que es quien trae ingresos a este condado. Esa gente está, ahora mismo, perdiendo sus empleos'', alertó Sosa.

Ambos comisionados dejaron entrever que no se van a oponer si el consenso mayoritario de la Comisión es contra los recortes, pero tampoco van a hacer nada a favor.

''No pienso mover un dedo'', aseveró Martínez.

Los comisionados Carlos Giménez y Natacha Seijas se unieron a sus colegas, aunque con argumentos distintos. ''Estoy con Martínez porque [la Legislatura estatal] no le está diciendo la verdad a la gente. Hay en esto mucha demagogia'', precisó Seijas.

La comisionada alertó sobre el hecho de que si la Legislatura no aprueba un recorte en los impuestos a la propiedad, ``la gente va a venir a reclamarnos a nosotros; ellos [los legisladores] no van aparecer por ningún lado''.

Ampliando su postura, Seijas acusó a la Legislatura de engañar a los contribuyentes porque les está dando la idea de que no van a pagar impuestos, cuando ''en realidad'' se los van a cobrar a través de los impuestos recaudados en el impuesto a las ventas.

''[Los legisladores] están sacando a la clase media [del condado]; nuestros hijos no pueden vivir aquí, no pueden comprar casa, no pueden asumir los costos de un seguro o una hipoteca'', profundizó Giménez.

En contrapartida, aunque abogando por una rápida solución al problema y partidarios de una respuesta común y consensuada por parte del panel condal, los comisionados Dennis Moss, Bárbara Jordan, Katy Sorenson y Dorrin Rolle se mostraron más moderados.

''Nuestro problema ahora es que no tenemos un plan para enfrentarnos a esto, y me pregunto, ¿cómo vamos a operar como condado si nosotros mismos no tenemos un plan para lidiar con esta crisis que se nos avecina?'', sostuvo Moss.

Jordan secundó la idea, y manifestó preocupación por las consecuencias que puede tener en las zonas pobres del condado una reducción de los servicios.

''Creo que antes de tomar una decisión debemos estudiar el impacto de las tres propuestas'', dijo Jordan.

La comisionada se refería a un memorando enviado a inicios del mes por el administrador del condado, George M. Burgess, donde detalla el impacto de los recortes presentados por la Cámara de Representantes, el Senado y el gobernador.

Según el administrador, esos recortes oscilarían entre $800 millones y $2,200 millones, o sea, que pudieran afectar más de un tercio de los $6,000 millones de presupuesto ya proyectados.

''La mitad de ese tercio corresponde a servicios como seguridad, policía y bomberos'', les recordó Burgess.

Al final de la jornada, los comisionados acordaron que deberán seguir discutiendo el tema después que la oficina del administrador les entregue un borrador de plan para afrontar la posible disminución en los ingresos condales.

Consejo de sabios toma el pulso a Miami-Dade

RUI FERREIRA / El Nuevo Herald

Una visión de futuro, una función de reflexión y observación, así como una labor callada pero certera, caracterizan a una utilísima herramienta casi desconocida de la que dispone el condado, más allá de líderes políticos y activistas comunitarios.

Es su ''grupo de sabios'', 16 economistas y profesores universitarios que desde hace cinco años le toman el pulso a la comunidad. Es el Consejo de Desarrollo Socioeconómico de Miami-Dade.

''Somos como una conciencia para el condado'', define uno de sus miembros, el profesor Raúl Moncarz, de la Universidad Internacional de la Florida.

El Consejo lo preside su colega Antonio Jorge desde que fue constituido hace cinco años, por iniciativa de comisionados de Miami-Dade como Javier Souto.

Además de Jorge y Moncarz, el Consejo está compuesto por economistas y profesores universitarios tan destacados como Jorge Salazar Carrillo, Leonardo Rodríguez, William Williams, Vandon White, María Dolores Espósito y Juan Clark, entre otros.

''Este grupo de estudios ha sido creado con el objetivo de disminuir la pobreza en el condado, promover su diversificación y estabilidad económica, mientras se disminuye la brecha en los ingresos de la población'', señala Jorge.

Otra tarea vital la constituye la confección del plan maestro del condado, el cual debe contener las principales directrices económicas y de desarrollo de la mayor área metropolitana del sur de la Florida.

En términos prácticos, el Consejo suele reunirse periódicamente con directores de departamentos del condado para estudiar los presupuestos y cómo éstos afectan la política social y económica de la zona. En consecuencia, establecen recomendaciones para lograr mejores resultados que, como a Jorge le gusta recordar, suelen ser mayormente acatadas por los departamentos municipales.

Hay áreas a las que no han llegado todavía, precisamente porque hay mucho que hacer en otras, y cinco años no ha dado tiempo para mucho.

''No nos hemos metido mucho en el problema del transporte, ya llegaremos a este aspecto'', explica el director del Consejo.

Pero en aquellos sectores donde han profundizado, los resultados han sido tan positivos que hasta hoy han recibido dos proclamas por parte de la Comisión de Miami-Dade, una de ellas atribuida personalmente a Jorge.

''La mayor parte de nuestro trabajo ha estado enfocado en ayudar a reorganizar diferentes departamentos, enfatizando la creación de nuevos empleos, la mejoría de las infraestructuras, particularmente en las barriadas pobres, donde hemos insistido en aspectos como el transporte y el alcantarillado'', explica Jorge.

Parte de la responsabilidad del Consejo también ha sido recomendar las políticas de ayuda a la creación y el desarrollo de empresas pequeñas o medianas.

''Mucha gente en el condado tiene la tendencia a enfocarse en los grandes planes económicos, en la macroeconomía, y no en la micro, algo capital en una ciudad con tantos servicios como ésta'', insiste Jorge, quien también es profesor de la Universidad Internacional de la Florida.

Esa atención al desarrollo de las empresas pequeñas y las medianas es precisamente, enfatizó, lo que permite que la economía del condado dependa menos de fluctuaciones externas, como el turismo o el intercambio económico con Latinoamérica, dos áreas que en la última década han tenido altas, bajas y crisis.

Con relación al futuro, Jorge lo ve con un optimismo moderado, y aún cree que el Consejo tiene mucho que aportar en ese terreno.

''Este condado tiene un gran potencial de desarrollo económico, además del comercio y la construcción, aunque tiene sus límites en los servicios de bienes raíces. Un sector que puede crecer mucho más es el bancario y financiero, con una perspectiva desarrollada hacia América Latina e, incluso, Europa'', asegura el economista.

La próxima semana, el Consejo deberá entregar al gobierno del condado un amplio estudio que contiene un análisis crítico de su situación económica y política, pero que también aporta soluciones y recomendaciones.

Esperan negativa de Crist a medida estatal

RUI FERREIRA / El Nuevo Herald

Pese a que la Legislatura estatal votó la semana pasada a favor de anular en tres meses las contribuciones financieras de tres ciudades al condado Miami-Dade, los comisionados condales decidieron seguir adelante con sus pretensiones de hacer efectivo ese corte en tres años con la tenue esperanza de que el gobernador, Charlie Crist, no firme la medida que se encuentra sobre su mesa.

Pese a que en Tallahassee el proyecto recibió el beneplácito de la Cámara de Representantes y del Senado el viernes, el presidente de la Comisión, Bruno Barreiro, piensa que aún está a tiempo de evitar que el gobernador convierta la medida en ley. La idea, explicó la comisionada Bárbara Jordan, quien lo secundó, es demostrar que pese a lo sucedido el Condado ha demostrado a la Legislatura que tiene voluntad política de resolver el asunto en el ámbito local, como era el deseo inicial de Tallahassee.

La semana pasada, Barreiro difirió para ayer la discusión de este imsportante tema, en un momento cuando la Legislatura se aprestaba a votar sobre el asunto tras esperar por más de un año una decisión de la Comisión.

La problemática abarca a tres ciudades incorporadas en los últimos años: Doral, Miami Lakes y Palmetto Bay. Las tres deben pagar al Condado en los próximos años unos $11 millones por servicios prestados.

Sin embargo, como explicó ayer a la Comisión al ex comisionado Miguel Díaz de la Portilla, el actual abogado de las tres ciudades, cuando a fines de marzo los tres municipios acordaron con el Condado pagar esos servicios en un plazo de tres años, la Legislatura todavía no había reducido a tres meses el cese de los pagos.

''Ahora no puedo comprometer a las ciudades, no estoy en capacidad de hacerlo. Tendremos que analizar este asunto de nuevo'', dijo Díaz de la Portilla.

De todos modos, los comisionados insistieron, con la oposición de Javier Souto y Carlos Giménez, apoyar la propuesta de Barreiro.

''Esto es muy peligroso; creo que estamos dando un paso más hacia la discriminación, el afianzamiento de ciudadanos de segunda clase, si extendemos esos pagos'', advirtió Souto.

La cuestión de mayor polémica fue la llamada ''nación favorecida'', o sea, cómo el desfasamiento de los pagos termina favoreciendo a algunas ciudades más que a otras al tener que pagar unas por más tiempo que otras.

Es el caso de Miami Gardens, que se encuentra ya en su séptimo año de contribuciones y que, por minutos, fue el centro de la discusión.

La propuesta de Barreiro llegó a la Comisión en una postura de debilidad, tras la votación en Tallahassee, al punto de que el comisionado José ''Pepe'' Díaz terminó sacando de la mesa una propuesta similar, e hizo constar varias veces que había hecho ''todo lo posible'' para acomodar lo que se había acordado en la reunión de los comisionados el 28 de marzo, es decir, que las contribuciones financieras de las ciudades se procesarían por los próximos tres años.

El comisionado Giménez también se lo recordó. ''Esto que estamos haciendo es ahora contra la ley. La Legislatura ya lo aprobó. El estado ha impedido que podamos hacer esto'', afirmó Giménez.

Cuando uno de los abogados del condado, Robert A. Cuevas, le advirtió a Barreiro que si quería llevar adelante la propuesta debería contar con la posibilidad de que el gobernador firmara la medida, el presidente de la Comisión no le facilitó la tarea. ''Prefiero dejar eso para otro día'', dijo.

''Le aconsejo que no lo haga'', expresó Díaz.

Pero Barreiro hizo caso omiso del consejo. La mayoría aprobó su propuesta.

Declaran que Condado incumplió contratos de agencia de viviendas

RUI FERREIRA / El Nuevo Herald

El Departamento de Viviendas y Desarrollo Urbano (HUD) dio ayer un paso más en sus planes de intervenir la Agencia de Vivienda Pública de Miami-Dade (MDHA), al denunciar al Condado por incumplimiento de contrato en la administración de por lo menos dos programas financiados con fondos federales.

Además, HUD instó a una profunda auditoría de la agencia condal por parte del Inspector General del departamento, ya que en opinión de la entidad federal todavía falta por contabilizar $6.3 millones, de los $275 millones anuales enviados a Miami-Dade.

''Basándome en la seriedad de los hechos que han salido a la luz pública, respetuosamente pido que su oficina lleve a cabo una auditoría completa y una investigación de la MDHA teniendo en cuenta sus extensas fallas financieras, mala administración de programas [federales] y numerosas violaciones de reglas y estatutos'', escribió el subsecretario de HUD, Roy A. Bernardi, en una carta enviada ayer por la tarde al Inspector General de la entidad, Kenneth Donahue.

A su vez, en dos cartas enviadas simultáneamente al alcalde Carlos Alvarez y al presidente de la comisión, Bruno Barreiro, el secretario asistente de HUD, Orlando J. Cabrera, reveló que la entidad federal ha denunciado al Condado por incumplimiento de contrato en el uso de los fondos federales atribuidos al Plan 8 y al programa de asistencia a la compra de vivienda.

En dos textos prácticamente similares, Cabrera sostiene que el Condado ha violado reglas básicas del uso de los fondos atribuidos por el gobierno federal y los mismos estatutos del HUD.

Las cartas acusan a la MDHA de no llevar una contabilidad apropiada, de fallos en el registro de uso de los dineros públicos y del desvío de fondos estatales a programas a los cuales no estaban destinados.

Uno de los puntos más criticados por Cabrera fue el uso de dinero atribuido al programa de asistencia al pago de casas (HAP).

Inicialmente con un exceso de $17 millones, éste programas vio disminuir sin explicaciones los fondos, hasta el punto que tras una auditoría el gobierno federal constató la desaparición de $10 millones, de los cuales $3.7 millones fueron usados en cubrir los déficit de otros años.

''Al MDHA le quedan por contabilizar $6.3 millones'', añadió Cabrera.

La denuncia de estos dos programas financiados federalmente pudiera ser el preludio de la consumación de la intervención del gobierno federal en la agencia en un plazo de 15 días, estimaron fuentes del Condado.

Ayer por la tarde, no hubo una reacción inmediata de las autoridades condales al virtual ultimátum del HUD. Pero el comisionado Carlos Giménez no rechazó la postura de inmediato.

''Por eso dije [en la mañana] que debemos dejar la puerta abierta y permitirle al alcalde volver a conversar con ellos. El alcalde tiene razón, esto se resume a un problema de administración'', dijo el comisionado a El Nuevo Herald.

Giménez se refería a la larga discusión sostenida por más de dos horas ayer por la mañana, tras la cual la Comisión y el alcalde enviaron un fuerte mensaje al gobierno federal reafirmando su oposición a las pretensiones del HUD e indicaron, incluso, su disponibilidad de acudir a los tribunales.

Pero no fue un mensaje unánime.

Los comisionados Giménez y Javier Souto se opusieron, mientras que su colega, José ''Pepe'' Díaz, aunque votó a favor, admitió posteriormente a El Nuevo Herald que tiene ''reservas'' hacia un enfrentamiento con el gobierno federal.

''Ellos tienen todo el derecho a investigar lo que quieran, incluso bajo las piedras, y si no lo queremos van a creer que tenemos algo que ocultar y que yo sepa, Miami no es una república independiente de Washington DC'', dijo Souto, quien llevó la voz cantante en el apoyo a la intervención del HUD en agencia de viviendas públicas del Condado.

En contrapartida, Barreiro, abogó por luchar firmemente contra las pretensiones del gobierno federal, con el argumento de que ''nunca hubo un espíritu de cooperación'' por parte de la agencia gubernamental.

''No hay, ni ha habido nunca, un espíritu de cooperación; nunca han pretendido venir aquí, ni siquiera una vez al mes, ni siquiera estar aquí todo el tiempo, para ver cómo hemos enfrentado la crisis en el departamento de vivienda. Me temo que todo esto se ha vuelto un tema político y eventualmente va a terminar ante el secretario [de vivienda] y la misma administración'', dijo el presidente de la Comisión.

El alcalde Carlos Alvarez, quien compareció ante la Comisión para dar cuenta de las negociaciones con Washington, fue más lejos.

''Esto es un problema de autoridad'', dijo. ''Si vemos las cosas bien, ellos no han cambiado desde el principio, nunca han querido un compromiso ni han actuado de buena fe. Debemos decirles muy claramente que si quieren encargarse de la agencia, que lo hagan, pero nos vemos en los tribunales'', sostuvo el alcalde.

El Condado y HUD se encuentran enfrascados en una dura batalla por el control de la agencia de viviendas del condado, después que el gobierno federal decidió el mes pasado intervenir la entidad a raíz del escándalo de corrupción y malgasto de fondos denunciado el verano pasado por The Miami Herald en una serie de reportajes que le valió un Premio Pulitzer la semana pasada.

La mayoría de los comisionados y el alcalde piensan que el gobierno federal no debe intervenir en la agencia porque el Condado tomó medidas correctivas después del escándalo, y creen que van por el camino apropiado.

''Les he preguntado qué es lo que quieren. Si un reporte semanal, reportes diarios, lo que quieran que les informemos sobre cómo estamos recuperando la agencia. Pero ellos no quieren nada, sólo apropiarse de la agencia'', lamentó Alvarez.

La semana pasada, HUD hizo tres propuestas al Condado: la contratación de abogados independientes para la agencia en vez de usar los servicios del abogado del Condado, retirar a la Comisión toda autoridad sobre la agencia y que el HUD nombre un administrador que se encargue de la agencia, un gesto que retiraría también al alcalde Alvarez del control de la entidad.

Ayer, el espíritu en muchos de los comisionados era de ``guerra''.

''No hay duda, estamos en guerra contra otro gobierno, por eso quiero un compromiso. Debemos llegar a un compromiso, porque ellos tienen muchas más municiones que nosotros'', advirtió el comisionado Giménez.

Lo mismo expresó Díaz. ``Aunque voté por enviar este mensaje fuerte al HUD, no creo que debamos eliminar las posibilidades de un diálogo, tiene que haber algún compromiso''.

Reformas de impuestos impactarían servicios

RUI FERREIRA / El Nuevo Herald

El Condado Miami-Dade estima que las diferentes propuestas barajadas en la Legislatura para reformar el sistema de impuestos a la propiedad pueden tener un impacto que oscila entre $1,700 y 30 millones en los próximos cinco años, explicó ayer el administrador George Burgess en un memorándum.
Todo depende de cuál de las cuatro propuestas, dos de la Cámara de Representantes y dos del Senado, sean las escogidas.

O una versión final, que resuma a todas ellas.

Según el administrador Burgess, esto obligará a una revisión detallada de todos los presupuestos de los distintos departamentos, así como los de mantenimiento de las infraestructuras existentes o por construir.

''Una vez que la legislación actual limite extraordinariamente nuestra capacidad de generar ingresos para ampliar servicios en el futuro, [la Comisión del Condado] debería reconsiderar algunos planes de construcción que aumentarán los costos de operación, incluyendo los parques, bibliotecas y estaciones de bomberos'', dijo Burgess en el memorando enviado a la Comisión.

En este sentido, el administrador propone que los comisionados estudien ajustes en el programa de bonos para el programa Construir Mejores Vecindarios, en el servicio de bomberos y los programas de bibliotecas.

Las dos propuestas aprobadas por la Cámara de Representantes estatal proponen ideas tan variadas como el regreso de la recaudación de impuestos a la propiedad a los niveles del año 2001, o el incremento de la exención de impuestos y su sustitución por un incremento en el impuesto a la venta.

Pero aún así, todas ellas tendrán un impacto profundo en los servicios del Condado y sus áreas incorporadas, manifestó Burgess, y se notará a lo largo del tiempo una sensible reducción en los servicios públicos.

Una forma de enfrentarlo es la creación de reservas financieras de emergencia para atender los servicios en el condado, sus áreas no municipalizadas y el departamento de Bomberos.

''Para que podamos equilibrar el presupuesto sencillamente con el mismos nivel de ingresos en el año fiscal 2007-2008 que tuvimos en el 2006-2007, sin afectar el nivel de nuestras reservas, es imperativo que reduzcamos nuestros gastos en más de $150 millones el fondo de actividades del condado y sus áreas no municipalizadas'', dijo Burgess.

La reducción de gastos implica también la de personal y una necesaria disminución en la contratación de nuevos empleados.

''Ya comenzamos a reducir los reclutamientos y estamos aprobando nuevas contrataciones con una selectividad extrema. [Es que] hay que reducir los servicios de forma que se pueda aplicar los retrocesos en los impuestos pedidos por Tallahassee. Y [en este sentido] ya le he pedido a los departamentos que me envíen sus recomendaciones sobre las reducciones del orden de un 15 por ciento'', reveló el administrador.

Centro Carnival pide más dinero; la Comisión calla

RUI FERREIRA y ANNETTE LOPEZ-MUÑOZ/El Nuevo Herald

La Comisión de Miami-Dade respondió ayer con el silencio a la probable petición de $4 millones adicionales de subvención que prepara el Centro Carnival para las Artes Escénicas, al tiempo que los directivos del complejo cultural se apresuraron a desvincular sus dificultades de un supuesto desinterés del público hispano. Sólo tres de los 13 comisionados contactados por El Nuevo Herald dieron declaraciones, como tampoco lo hizo la oficina del alcalde Carlos Alvarez.
''En este condado, la separación entre los que tienen y los que nada tienen es cada vez mayor. Una cosa es proveer arte, y otra que un grupo se aproveche para promover su agenda'', sostuvo el comisionado Javier Souto. ``Todo esto no es más que una falta de seriedad. Esta gente no tiene palabra, hoy dicen una cosa y después otra. Y me refiero a esta gente que disfruta del centro, que tiene plata, propiedades y casas tremendas, que organizaron todo el centro y ahora no responden''.

La Comisión del Condado aprobó un préstamo de $14 millones la semana pasada para seguir sufragando los gastos de construcción del Centro Carnival, que costó $472 millones. Pero el miércoles, en declaraciones a The Miami Herald, sus directivos dijeron que deberán pedir más fondos debido a la escasa afluencia de público y una inesperada escalada en gastos.

''Es una vergüenza, porque mi pregunta es, si se sabía de este problema, por qué no se nos informó'', exclamó la comisionada Rebecca Sosa. ''Hay que hacer una revisión administrativa total porque el gobierno de este condado ya tiene destinados $3.5 millones anuales [para el centro] y esto que ahora se nos pide es más que esa suma'', añadió Sosa.

Su colega Carlos Giménez dijo preferir escuchar qué controles de gasto propone el Centro antes de decidir si aprueba aumentar la subvención.

En su explicación el miércoles de por qué el Carnival enfrenta un déficit en sus operaciones, el presidente del Fideicomiso del Centro de Artes Escénicas, Parker Thomson, mencionó que una de las razones era que no contaban con suficiente público hispano, comunidad que representa el 60 por ciento de la población de Miami-Dade.

Tras pedírsele ayer que ahondara en su comentario, Thomson dijo que la cita estaba fuera de contexto. Tanto él, como el presidente del Centro Carnival, Michael Hardy, fueron ayer menos categóricos y señalaron que no tienen datos que especifiquen qué público les está fallando.

''Los dos primeros meses la audiencia no fue fuerte'', dijo Hardy. ``Pero ahora el mercado hispano nos está encontrando y nosotros estamos en su búsqueda''.

Hardy especificó que hay conciertos, como el del mes pasado del guitarrista español Paco de Lucía, que se vendieron por completo.

El ejecutivo agregó que han rediseñado su aproximación al mercado latino, y ahora tratan de acercarse más a la comunidad para exponer su oferta.

Marco Casanova, presidente de la Asociación de Teatro Hispano, consideró que las condiciones económicas de la población latina la obligan a dejar asuntos culturales, como el Centro Carnival, en un segundo plano.

''Todavía está en el período de sobrevivencia y tiene sus prioridades en el entretenimiento y en cosas más económicas'', dijo.

Como muestra del precio de las entradas, los boletos para el concierto este domingo del cantaor flamenco Diego El Cigala van desde los $56 a los $83, más los $15 a $20 del estacionamiento.

Pero para Pedro Pablo Peña, director del Ballet Hispano de Miami, el principal problema sería la programación, que en su opinión cuenta con eventos hispanos de inferior calidad que los destinados al público en general.

''El hispano que conoce su cultura sabe lo que es bueno'', dijo Peña. ``Si le ponen a dos tipos tocando tumbadora y piensan que se van a desplazar al Carnival Center para verlos, y pagar una suma desproporcionada, se equivocan''.

La Comisión del Condado aprobó ayer aumentar presupuesto del aeropuerto

RUI FERREIRA / El Nuevo Herald

La Comisión del Condado aprobó ayer aumentar en $963 millones el presupuesto de la ampliación de la Terminal Norte del Aeropuerto Internacional de Miami (MIA), con lo que la obra alcanza hasta ahora un coste de $2,600 millones y asegura que las tasas que pagan las aerolíneas aquí seguirán siendo de las más altas del país.

El visto bueno de los comisionados se produjo tras meses de especulaciones y severas críticas al brutal incremento del costo de la terminal norte, que hace 14 años se calculó en $500 millones.

El aumento del costo de la terminal norte dispara hasta los $6,200 millones el programa de obras capitales del MIA, bajo el que se reúnen todos los proyectos de modernización del aeropuerto.

Los comisionados hicieron evidente su preocupación por el rumbo del proyecto y la posibilidad de nuevos ``patinazo'' financieros.

El comisionado José ''Pepe'' Díaz, presidente del comité del aeropuerto y turismo, propuso que el director del MIA, José Abreu, les presente cada dos semanas un informe sobre el desarrollo del proyecto hasta que se termine en el 2010.

''No me gustan las sorpresas en esto. Si tienen algunas dudas, este es el momento de presentarlas'', dijo Díaz, al grupo de funcionarios del MIA, representantes de líneas aéreas y empresas constructoras, que defendieron ayer la necesidad de invertir más en la obra.

Los comisionados sacaron a relucir que las exigencias de las aerolíneas contribuyeron al incremento final de los costos, y se interesaron por su compromiso con el uso de la renovada terminal aérea, que ahora sólo está un 50 por ciento construida.

''Nosotros no pensamos ir a ningún lado. Estamos bien en Miami, es un mercado importante, rentable, y aquí nos quedamos'', dijo Michael Weiss, representante de American Airlines, la aerolínea que utilizará la nueva terminal norte como nudo internacional para sus vuelos hemisféricos.

La Comisión aprobó por unanimidad la nueva emisión de bonos con que se financia la obra. El MIA luego recuperará la inversión a través de las tasas que se les cobra a las aerolíneas, que para el 2015 podría llegar a $35 por pasajero, una cifra que hace de Miami uno de los aeropuertos más caros del país.

''Esto fue un momento crucial, porque siempre que se ajustan los presupuestos en esta magnitud, hay riesgos y hay que dar explicaciones'', comentó Abreu a El Nuevo Herald.

El director del MIA calificó de ''correcta'' la decisión de los comisionados.

''Somos uno de los aeropuertos más caros del país en costos operacionales, como el segundo o el tercero, y al continuar estos proyectos podemos mejorar muchísimo el servicio'', agregó.

Abreu enfatizó que tuvo duda hasta el último momento sobre si los comisionados aprobarían los $963 millones, el enésimo aumento de un proyecto que se ha convertido en un lastre financiero que obligó a eliminar mejoras en otras zonas de MIA.

''Si ellos hubieran votado que no, seguiríamos siendo uno de los aeropuertos más caros, pero sin los beneficios de un nudo aéreo que promueve un gran flujo de pasajeros. Tendríamos una terminal, miles de pies cuadrados, vacía. Así de sencillo'', añadió Abreu.

Enérgica defensa del ex director de Transporte del Condado

RUI FERREIRA / El Nuevo Herald

En medio de un ambiente hostil hacia el alcalde de Miami-Dade Carlos Alvarez, el ex director de Transporte Público (MDT), Roosevelt Bradley, se defendió ayer agresivamente de las acusaciones de incompetencia y nepotismo esgrimidas para despedirlo intempestivamente la semana pasada.

Partidarios de Bradley, entre ellos algunos de los más prominentes líderes afroamericanos, llenaron anoche la sala de plenos de la Comisión tanto para respaldar al ex funcionario, como para criticar ásperamente a Alvarez y al administrador George Burgess.

En respuesta, Burgess hizo públicas horas antes 47 páginas de documentos en los que dice responder a los cuestionamientos que, especialmente desde la comunidad afroamericana, se han levantado en contra de la medida.

En su intervención inicial, Bradley aseguró estar sorprendido con la acción de Burgess.

''Todos estos años he recibido muchas felicitaciones, alguna cosa tengo que estar haciendo bien'', dijo Bradley en la audiencia convocada por tres comisionados para reivindicar la reputación del ex director, quien cobraba un sueldo de $225,000.

Bradley mostró un memorándum del administrador de junio del año pasado donde lo felicita. ''Y ahora, me dan una patada en el fondillo y me botan'', añadió.

El ex director de MDT reveló que el viernes el administrador le dio ''un minuto'' para decidir si quería reunirse con el alcalde y dio a entender que Burgess no le ha contado toda la verdad del caso a Alvarez.

Burgess dibujó un panorama muy distinto en su memorándum.

''No debe constituir una sorpresa para el señor Bradley de que ha existido una pauta de poca capacidad de juicio, mala administración, falta de control fiscal, decisiones laborales cuestionables, permanentes quejas contra el nivel de servicio, investigaciones del Inspector General y, más recientemente, cuestionables prácticas en contrataciones y subcontrataciones'' resumió Burgess.

''Explicado de manera simple, cualquiera que utiliza el Metrorail, Metromover, o el Metrobús en esta comunidad conoce las condiciones del sistema y la necesidad de cambiar el rumbo del departamento'', agregó.

Bradley disputó las acusaciones una a una y recordó que el primer año en el puesto trabajó sin presupuesto. ''Al segundo año, cuando lo recibí, el déficit estaba allí. Lo heredé y nunca me dieron los mecanismos para taparlo. Y aún así lo disminuimos'', dijo.

''El punto es que acabamos con el déficit, posiblemente no del modo en que ellos lo querían, pero lo hicimos'', dijo.

La reunión especial de casi tres horas estuvo plagadas de momentos particulares. La comisionada Natasha Seijas, dejó caer una lágrima cuando, al manifestar su apoyo a Bradley, le dijo: ``Eres mi amigo, y dónde quiera que vayas, si tienes un problema me llamas que te ayudaré en todo''.

La comisionada Audrey Edmonson le dijo directamente: ''Usted ha sido reivindicado por esta comunidad y debería recuperar su puesto. Vamos a pedir al alcalde que despida al administrador'', afirmó.

La comisionada Bárbara Jordan logró que la Comisión aprobara una proclama elogiando al ahora despedido director, quien contó con el apoyo de figuras como la ex congresista Carrie Meek y la ex comisionada condal Betty Ferguson.

En una intervención muy celebrada por las decenas de activistas afroamericanos presentes en la sala, el obispo Víctor Curry acusó a Alvarez y Burgess de ``comportamiento infantil''.

''Con este alcalde fuerte hay muchos afroamericanos residentes aquí que se sienten están siendo empujados fuera de este condado'', dijo.

''Nos están llevando a pensar que esto está fundamentado en el racismo... Estamos cansados de estar cansados. Habrá una revuelta, pero será una revuelta silenciosa. Nos vamos a sentar y formar un plan completo de defensa frente a este alcalde a quien llamo el nuevo George Bush y el administrador es su Karl Rove'', agregó.

Bradley recordó en su explicación que aumentó a 38 millones de millas el recorrido del servicio de autobús, se renovó la flota, se instalaron 1,079 paradas alumbradas y se extendió una ruta hasta el sur del condado.

''Dicen que sólo contrato a gente negra, pero miren esto. En el ámbito de administración el 39 por ciento son hispanos, hay 30 por ciento de negros, 24 por ciento de blancos y los demás 7 son de otras razas'', afirmó el ex director de 51 años.

Bradley contó que en su primer año, tras ser ascendido a director en noviembre del 2002, no se le permitió hacer nada y tuvo que lidiar con tres subadministradores diferentes.

Como prueba de su éxito, señaló que durante su etapa el estado de la Florida y el gobierno federal concedieron subsidios sin precedentes al transporte público de Miami-Dade.

Pero Burgess señaló en su respuesta que Bradley fue incapaz de cumplir con un plan de ajuste presupuestario el año pasado y terminó gastando $2.1 millones más de lo acordado. Para este año, se esperaba un déficit de $8 millones.

El administrador volvió a citar como prueba del descontrol del departamento el hecho de que MDT dictara qué consultores se debían subcontratar, una práctica poco común, y que se pagara a un consultor antes de que fuera aprobado su contrato.

Bradley respondió que el proceso de aprobación de contratos, que los obliga a pasar por la Comisión, hubiera impedido cualquier supuesto mal manejo. Sobre la cuestionable promoción de un primo suyo, el ex funcionario dijo que ``tenemos 4,000 empleados en el condado y uno solo es mi primo''.

Burgess recuerda en su memo que el primo, que había sido degradado por crear un ambiente hostil hacia las mujeres, fue de nuevo ascendido meses después cuando Bradley era ya director. Tras una investigación del Inspector General que halló prácticas de empleo impropias, se suspendió la autoridad de Bradley para emplear y despedir.

Otro argumento del administrador es la ''baja moral'' del departamento, que se evidenció en un sondeo de la Universidad Internacional de la Florida que halló como principal motivo un ambiente con ``falta de confianza y percepción de desigualdades asociado a tratos preferenciales (nepotismo, amiguismo y favoritismo)''.

Si alguien debía tener baja la moral baja ''soy yo, que en el primer año no me dieron un presupuesto'', respondió Bradley.

Burgess confirmó que hay varias investigaciones en marcha dentro del MDT, pero explicó que no podía comentarlas.

Todos los comisionados asistieron a la reunión, excepto Katie Sorenson, Carlos Giménez y Sally Heyman. La comisionada Seijas no dejó pasar el detalle. ''Alguien seguramente les dijo que no estuvieran hoy aquí'', dijo. El comisionado Javier Souto, asistió al inicio pero se retiró, diciendo que tenía compromisos previos.

Causa polémica el despido de un funcionario afroamericano

RUI FERREIRA / El Nuevo Herald

El himno de la lucha por los derechos civiles, We shall overcome, resonó ayer con fuerza en la antesala de las oficinas del alcalde de Miami-Dade, a escasos metros del despacho de Carlos Alvarez.

El angosto espacio se abarrotó de líderes políticos y religiosos afroamericanos, que sentados en el piso rezaron y cantaron por casi una hora para demostrar su descontento con la decisión del alcalde de despedir la semana pasada al director del departamento de Transporte Público, Roosevelt Bradley.

Un despido que se ha convertido en la primera gran crisis de Alvarez desde que asumió en enero los poderes de alcalde fuerte, y que ha reavivado su enfrentamiento con la Comisión, que ayer estuvo debatiendo si podían tomar represalias contra el administrador George Burgess por su complicidad en la cesantía de Bradley.

''El alcalde no ha dado una explicación clara al pueblo sobre este despido'', dijo el obispo Victor Curry, quien calificó el despido de ``acto caprichoso''.

Además de Bradley, el alcalde despidió el viernes a la directora de Planificación y Zonificación, Diane O'Quinn, y degradó al director de Relaciones Laborales, Donald S. Allen. Pero sólo el despido de Bradley, uno de los funcionarios afroamericanos de más alto rango del Condado, provocó protestas.

Curry dijo a El Nuevo Herald que no conocía los detalles de los otros casos, por lo que no podía hablar de ellos. Según el activista afroamericano, el alcalde cometió con Bradley una injusticia ''tremenda'' porque lo despidió ``como si fuera un ladrón''.

''A la señora O'Quinn le dejó incluso establecer hasta qué día se iba a quedar, y al otro director apenas lo degradó. Pero con Bradley, un hombre honesto, un hombre íntegro que vela por el dinero de los contribuyentes, decidió despedirlo sin dar explicaciones'', afirmó.

Alvarez dijo el viernes que llegó a un acuerdo con Bradley para no discutir en público las razones de su salida del Condado.

Ayer, su oficina explicó que no se encontraba disponible por hallarse ocupado. Pero tras el despido, la oficina de Burgess entregó dos memorándums donde se refleja el descontento con el desempeño de Bradley y el resultado de una investigación interna del MDT, que destaca casos de nepotismo que incluyen a un familiar del ex director de Transporte Público.

En una rueda de prensa, La ex congresista Carrie Meek y la ex comisionada condal Debbie Ferguson se unieron a los comisionados Dennis Moss, Bárbara Jordan, Audrey Edmonson, a los líderes afroamericanos y a unas 200 personas para exigir que Alvarez se explique antes de las 4 de la tarde del jueves.

Una hora después, se espera que Bradley ofrezca su versión ante la Comisión.

Tras la rueda de prensa, unos 15 reverendos y pastores de diversas denominaciones, junto a Meek y Ferguson, se plantaron ante la oficina de Alvarez. ''Hay que volver a los viejos métodos de lucha'', afirmó el obispo Curry.

El grupo permaneció una hora allí, sin ser recibido. Curry calificó la postura del alcalde de ``irrespetuosa''.

Mientras todo esto sucedía, 27 pisos más abajo, los comisionados arremetieron contra Burgess, y se declararon descontentos por no haber sido informados de los despidos.

''A partir de ahora voy a llamarle asistente ejecutivo del alcalde, porque eso es lo que él es'', dijo la comisionada Natacha Seijas. ``Tenemos que discutir este problema, porque no veo su futuro [el de Burgess] muy promisorio''.

Su colega Rebeca Sosa se preguntó si con el nuevo papel de Burgess, que ahora responde directamente al alcalde y ya no es la cabeza de la administración, no merecería que se le revisara lo que cobra. ''Las condiciones han cambiado'', afirmó Sosa.

Burgess gana unos $390,000, entre sueldo y beneficios, una compensación otorgada por los comisionados.

''El tiene un contrato con el Condado, no con la Comisión. Si ahora ya no trabaja para la Comisión, lo pueden despedir, pero el alcalde lo contratará de nuevo. Lo puede hacer'', explicó el abogado del Condado, Murray Greenberg.

El comisionado Moss recordó que la Comisión tiene la última palabra en materia presupuestaria, y abogó por revisar los poderes que se le ha otorgado al administrador.

Su colega Joe Martínez advirtió que la Comisión tiene amplios poderes de investigación para saber ``todo lo que pasa en el Condado''.

Líderes afroamericanos protestan despido ordenado por el alcalde Alvarez

RUI FERREIRA / El Nuevo Herald

El himno de la lucha por los derechos civiles ''We shall overcome'' resonó el martescon fuerza en la antesala de la alcaldía de Miami-Dade, a escasos metros de la oficina de Carlos Alvarez.

El angosto espacio se abarrotó de líderes políticos y religiosos afroamericanos, que sentados en el piso rezaron y cantaron por casi una hora para demostrar su descontento con la decisión del alcalde de despedir la semana pasada al director del departamento de Transporte Público, Roosevelt Bradley.

Un despido que se ha convertido en la primera gran crisis de Alvarez desde que asumió en enero los poderes del alcalde fuerte, y que ha reavivado su enfrentamiento con la Comisión, que el martes estuvo debatiendo si podía tomar represalias contra el administrador George Burgess por su complicidad en la cesantía de Bradley.

''El alcalde no ha dado una explicación clara al pueblo sobre este despido. Se supone que [Alvarez] deba representar a todo el mundo y ahora no lo está haciendo'', dijo el obispo Víctor Curry, quien calificó el despido de ``acto caprichoso''.

Además de Bradley, el alcalde despidió el viernes a la directora de Planificación y Zonificación, Diane O'Quinn, y degradó al director de Relaciones Laborales, Donald S. Allen.

Sin embargo, sólo el despido de Bradley, uno de los funcionarios afroamericanos de más alto rango del Condado, provocó protestas. Curry dijo a El Nuevo Herald que no conocía los detalles de los otros casos, por lo que no podía hablar de ellos.

Según el activista afroamericano, el alcalde cometió con Bradley una injusticia ''tremenda'' porque lo despidió ``como si fuera un ladrón''.

''A la señora O'Quinn le dejó incluso establecer hasta que día se iba a quedar, y al otro director apenas lo degradó. Pero con Bradley, un hombre honesto, un hombre íntegro que vela por el dinero de los contribuyentes, decidió despedirlo sin dar explicaciones'', afirmó.

Alvarez dijo el viernes que llegó a un acuerdo con Bradley para no discutir en público las razones de su salida del Condado. El martes, su oficina explicó que el alcalde se encontraba en su despacho ocupado en reuniones, por lo que no pudo atender a los manifestantes, ni a la prensa.

Pero, tras el despido, la oficina de Burgess entregó dos memorándums donde se refleja el descontento con el desempeño de Bradley y el resultado de una investigación interna del MDT, que destaca casos de nepotismo que incluyen a un familiar del ex director de Transporte Público.

La ex congresista Carrie Meek y la ex comisionada condal Debbie Ferguson se unieron a los comisionados Dennis Moss, Bárbara Jordan, Audrey Edmonson, a los líderes afroamericanos y a unas 200 personas para exigir que Alvarez explique el jueves antes de las 4pm el despido de Bradley.

Además, anunciaron que el funcionario comparecerá ante la Comisión ese mismo día.

Sin contestar preguntas, minutos después de su rueda de prensa, unos 15 reverendos y pastores de diversas denominaciones, junto a Meek y Ferguson, se sentaron en el piso en la antesala de la oficina de Alvarez.

''Hay que volver a los viejos métodos de lucha'', afirmó el obispo Curry.

El grupo permaneció en la antesala por una hora, pero no fue recibido por Alvarez, ni por nadie de su equipo. Cuando se retiraron, Curry calificó la postura del alcalde de ``irrespetuosa''

''Alvarez no es el alcalde de todo el condado. Sólo quiso ser fuerte para poder controlar y tener poder. Realmente no me sorprende nada de lo que haga, no me preocupa que sea alcalde fuerte, sino que Carlos Alvarez sea el alcalde fuerte. Me da miedo Carlos Alvarez, a quien nos trajeron de la policía y lo metieron a alcalde. Y esto no es un estado policial'', concluyó Curry.

Mientras todo esto sucedía, 27 pisos abajo, los comisionados arremetieron contra Burgess, quien literalmente estuvo bajo el fuego de una Comisión descontenta por no haber sido informada de los despidos.

Los disparos iniciales partieron de la comisionada Natacha Seijas, cuando quiso saber porqué Burgess no estaba presentes. Informada de que se fue de vacaciones una semana, la veterana comisionada desató una andanada de críticas.

''A partir de ahora voy a llamarle asistente ejecutivo del alcalde, porque eso es lo él es'', dijo Seijas.

La comisionada se quejó de no haber sido informada de la ausencia del administrador, porque no le enviaron un fax, sino un correo electrónico. ``Yo no uso eso, no tengo eso, cuando yo juré mi puesto no había nada que dijera que estoy obligada a usar el correo electrónico''.

''Déjeme decirles una cosa, tenemos que discutir este problema, porque no veo su futuro [el de Burgess] muy promisorio'', añadió Seijas, sin especificar.

Su colega Rebeca Sosa preguntó al abogado del Condado, Murray A. Greenberg, sobre las particularidades del contrato de Burgess.

Burgess fue contratado por la Comisión cuando tenía el control completo de la administración, pero al asumir el alcalde esa función ejecutiva tras el referéndum de enero, en opinión de los comisionados no se justifica ni su sueldo, ni los beneficios que percibe. ''Las condiciones han cambiado'', afirmó Sosa.

No necesariamente, le contestó Greenberg. ''El tiene un contrato con el Condado, no con la Comisión. Si ahora ya no trabaja para la Comisión, lo pueden despedir, pero el alcalde lo contratará de nuevo. Lo puede hacer'', explicó Greenberg.

El sueldo y beneficios del administrador suman unos $390,000, una compensación que le otorgó la Comisión.

''Es cierto que el alcalde puede hacer eso, pero la Comisión es quien establece el presupuesto. Por lo tanto ya saben lo que podemos hacer'', añadió Moss.

El comisionado propuso que se revise ''todo lo que hemos delegado al administrador'', y Martínez insinuó que pudieran investigar su oficina.

''La Comisión tiene poderes de investigar, con capacidad de hacer citaciones judiciales y saber todo lo que pasa en el Condado. Como hacen las comisiones del Congreso en Washington'', dijo Martínez, quien presidió la Comisión hasta enero pasado.

Sacudida en el condado

RUI FERREIRA / El Nuevo Herald

Dos meses después de convertirse en el alcalde fuerte de Miami-Dade, Carlos Alvarez comenzó ayer a tomar medidas drásticas en la cúpula de la administración que ahora dirige.

En menos de un día, el alcalde de Miami-Dade despidió a dos directores de departamento y degradó a un tercero, en un gesto que ha provocado un profundo impacto entre la comunidad afroamericana y ha sido criticado por la Comisión.

Un día después de la forzada renuncia del director de Transporte Público, Roosevelt Bradley, la directora de Planificación y Zonificación, Diane O'Quinn, decidió súbitamente acogerse al retiro y el director del departamento de Relaciones Laborales, Donald S. Allen, fue degradado.

''Me da la impresión de que comenzó el desangramiento'', comentó el comisionado Dennis Moss.

En una conversación con El Nuevo Herald, Alvarez asumió la responsabilidad de los dos despidos y la degradación. ''Es una decisión conjunta, la discutí con el administrador (George Burgess) y mi jefe de despacho (Dennis Morales). Pero al final, el responsable soy yo'', dijo el alcalde.

Alvarez no quiso entrar en detalles sobre la renuncia de Bradley, quien asumió el puesto en el año 2002, con el argumento de que llegaron a un entendimiento entre los dos para discutir detalles del caso públicamente.

Sin embargo, El Nuevo Herald supo que entre las razones esgrimidas están una investigación interna que reveló casos de nepotismo y el descontento de Burgess con la contratación de consultores.

El administrador envió el lunes un duro memorándum a Bradley pidiéndole explicaciones sobre varios asuntos, que van desde la dudosa contratación de un consultor, hasta los procedimientos seguidos en la implementación de un programa de administración de gastos.

Bradley se reunió ayer por la tarde con Alvarez y Burgess, pero a la salida del encuentro no quiso dar declaraciones. En un memorándum enviado a ambos consideró ''desafortunado'' que se le hubiera pedido la renuncia.

''MDT (Transporte Público de Miami-Dade) va por el buen camino'', aseguró Bradley por escrito.

Alvarez recordó que, en el discurso sobre el estado del Condado, advirtió a los directores de departamento que estaban bajo evaluación.

''Todos los directores van a ser evaluados y tendrán oportunidad de lucirse. Pero si llego a la conclusión de que el trabajo que haga uno de ellos no sirve a los mejores intereses de Miami-Dade, se tendrá que ir'', dijo el alcalde.

El hecho de que Bradley sea un afroamericano no tiene nada que ver con su salida del condado, advirtió Alvarez. El alcalde señaló que esta semana nombró a una afroamericana, Phyllis Tynes-Sauders, directora de Servicios Humanos, y que O'Quinn y Allen son blancos.

Eso no evitó que los comisionados mostraran su preocupación, y abrieran un nuevo frente de batalla con el alcalde.

''Es cierto que el alcalde ahora tiene la iniciativa, pero eso no significa que esté de acuerdo con él. Pero esto no se queda así, porque esta comunidad va a pedir una explicación'', señaló Moss.

Según el comisionado, el alcalde no informó a la Comisión de los despidos y los dejó literalmente sin saber lo que estaba pasando.

``Hay gente llamando a mi oficina y no sé qué decirles, no tengo respuesta que darles. Y la verdad es que hay preocupación en la comunidad negra cuando tienes a un afroamericano, un profesional, en una posición alta y lo despides''.

Lo sucedido refuerza la sensación en la comunidad afroamericana de que el sistema de alcalde fuerte, contra el que mayoritariamente votaron, pondrá en peligro la presencia negra en las altas esferas del poder metropolitano, apuntó la comisionada Audrey Edmonson.

''Eso es exactamente lo que se dice en la comunidad. He recibido cientos de llamadas y mensajes. La gente quiere una explicación'', observó Edmonson, quien aseguró que el administrador Burgess desde el jueves había ignorado sus llamadas.

Edmonson criticó que el alcalde Alvarez dijera por un lado que Bradley decidió renunciar, cuando en realidad fue despedido. ''Si el alcalde quiere despedir a alguien, que lo despida. Pero no diga una cosa diferente al público'', agregó.

Las críticas no fueron exclusivas de la comunidad negra. El comisionado José ''Pepe'' Díaz consideró una ''descortesía'' que no les hubieran informado de los despidos.

''El tiene el derecho a hacerlo, para algo lo eligieron alcalde fuerte. Pero podía haber tenido la cortesía de informarnos, porque nos ha dejado sin saber qué está pasando y no estamos contentos'', dijo el comisionado Díaz.

Para el presidente de la comisión, Bruno Barreiro, el asunto es más diáfano: ''Es una falta de profesionalismo total'', dijo.

En su memorándum de tres páginas a Burgess, el ahora ex director de Transporte Público desglosa sus logros, entre ellos la captación de fondos federales y estatales, la incorporación de 1,000 autobuses nuevos y el incremento en el uso del sistema público.

Además asegura que, a pesar de haber tenido problemas de financiamiento durante años y padecer de déficit cuando asumió su dirección, el departamento ahora tiene un presupuesto equilibrado.

Burgess no comparte esa percepción. Al anunciar al subdirector Harpal Kapoor sucesor interino de Bradley, el administrador le impuso como principal tarea la eliminación del déficit, el cumplimiento de metas presupuestarias y la administración efectiva de contratos.

Ese último punto es el que dominó las críticas de Burgess a Bradley en el duro memorándum que le envió el lunes.

Según el administrador, el ahora ex director de Transporte Público ''permitió que un consultor que no estaba todavía incluido en el programa de administración, trabajase en el condado'', y que su papeleo se procesara meses después cuando ya le había pasado la factura al condado.

El memorando señala que Bradley fue un poco más allá de lo tolerado en la contratación de consultores para el programa de adquisiciones, añadiendo más empresas que las aprobadas inicialmente.

``Aunque entiendo que el contrato contempla un proceso de cambios de consultores, desde un punto de vista meramente financiero parece que esta práctica que debía ser una excepción se ha vuelto la norma''.

''Esto es particularmente preocupante cuando surgen versiones de que las empresas están pidiendo a la dirección del departamento de Transporte algunos subsidios adicionales al contrato'', añadió el administrador del Condado.

Burgess lo conminó a responder a sus inquietudes en tres días, plazo que se cumplió cuando Bradley fue despedido.

El aeropuerto de Miami necesita $29 millones para nueva terminal

RUI FERREIRA / El Nuevo Herald

El Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) necesita $29 millones más para poder concluir las obras de la nueva Terminal Sur para este verano, y debe reservar otros $20 millones adicionales para enfrentar posibles demandas de contratistas, según una propuesta que hoy va ante un comité de la Comisión.

La nueva partida se suma a los cerca de $1,000 millones que ha costado hasta ahora el proyecto, unos $400 millones más de lo inicialmente presupuestado.

Según explicó el director del MIA, José Abreu, los $29 millones son necesarios para enfrentar gastos inesperados, muchos de ellos producto de nuevas exigencias de seguridad, solicitudes de las aerolíneas y hasta de incidentes ocurridos en otros aeropuertos que se quiere evitar repetir. Por ejemplo, recientemente se tuvo que desmontar y volver a construir el sistema de distribución de equipajes, después de que un pasajero tuvo un accidente en otro aeropuerto del país con una de las cintas del equipo y presentó una demanda.

''Son cosas así que muchas veces hacen más caras las construcciones de este tipo y son absolutamente imprevisibles'', contó Abreu a El Nuevo Herald.

En el caso del MIA, la necesidad de los $29 millones apareció después de que la Agencia de Seguridad del Transporte (TSA) modificó sus regulaciones de seguridad, lo que obligó a derribar paredes y edificar otras nuevas.

''Había una parte de la terminal en la que no se permitía lidiar con los vuelos internos e internacionales a la vez. Pues tuvimos que adaptar lo que habíamos construido a las nuevas necesidades de seguridad'', explicó Abreu.

Sólo los cambios en los ''puntos de control'' de pasaportes pedidos por TSA implican el desembolso de $17,5 millones, según el MIA.

Otro aspecto, amplió Abreu, son las exigencias de las aerolíneas, que obligaron en algunos casos al levantamiento de pisos, colocación de nuevo cableado eléctrico y rediseño de espacios. ``Todo esto cuesta dinero, repito, no estaba previsto inicialmente''.

Con relación a los $20 millones en reserva, el director del MIA explicó que se relacionan con la posibilidad de que el Condado tenga que enfrentar demandas de los contratistas y subcontratistas por las consecuencias de los retrasos en las construcciones.

La terminal teóricamente ya debería estar en funcionamiento, pero su apertura se fue retrasando el año pasado, y ahora está fijada para este verano. ''En estos casos, sucede que un subcontratista me puede reclamar, como Condado, que le pague algo porque él también se retrasó por razones fuera de su control. Es una especie de seguro, llamémosle así, contra demandas'', dijo Abreu.

Los tipos de contratos de construcción como los usados en el aeropuerto contemplan cláusulas en las cuales el Condado garantiza que dispone de fondos necesarios para enfrentar demandas por parte de contratistas. ''Es algo normal en la industria y si no lo aceptamos, pues no hay contratos'', explicó el director del MIA. ''Este pedido de reservas de fondos es una forma de ser prudentes. Pero para mí, lo que vamos a deber al final de la obra es $0'', enfatizó Abreu.

El cronograma actual supone que la nueva terminal reciba el certificado provisional de ocupación en junio, con los cual teóricamente concluirían las obras, y permitiría el traslado de la primera aerolínea, que será Delta.

''Quiero ver despegar el primer vuelo de Delta a inicios de agosto'', dijo Abreu.

El Condado se propone congelar su nómina

RUI FERREIRA / El Nuevo Herald

El Condado de Miami-Dade debería dejar de contratar personal y congelar su nómina, como una primera medida preventiva ante los planes de la Legislatura de recortar el impuesto a la propiedad, según una propuesta que hoy se debatirá en un comité de la Comisión.

''Estamos intentando adelantarnos a los acontecimientos. La Legislatura puede reformular el sistema de impuestos y de repente vamos a tener menos ingresos. Queremos estar preparados para ese impacto'', explicó ayer el comisionado Carlos Giménez, promotor de la propuesta junto a la comisionada Rebeca Sosa.

Un comité de la legislatura estatal dio luz verde la semana pasada a un proyecto de ley que obligaría a los gobiernos locales a volver al nivel de impuestos que cobraban en el año fiscal 2000-2001, lo que para el Condado de Miami-Dade significaría dejar de cobrar $613 millones de un año para el otro.

Esto provocó de inmediato una ola de protestas de alcaldes y administradores temerosos de ver mermar sus ingresos y, en consecuencia, su capacidad de prestar servicios a la población.

''Siempre he visto esta congelación de contrataciones como una jugada de prudencia. Creo que debemos ser prudentes, pero al mismo tiempo es un buen ejercicio para saber si estamos gobernando bien el condado'', enfatizó Giménez.

Si la merma de ingresos condales se materializa, una de las primeras cosas que hay que hacer, agregó el comisionado, es ``ahorrar lo máximo que podamos este año y comenzar a vivir con nuestros propios medios''.

La propuesta se discutirá esta tarde en el Comité de Presupuesto y Finanzas de la Comisión, pero no llegará al pleno de los comisionados hasta dentro de un mes.

''De aquí hasta allá, tendremos tiempo de ver qué hace Tallahassee, tendremos tiempo de prepararnos'', agregó Giménez.

La propuesta de congelar las contrataciones fue lanzada a principios de mes, poco después de que la Cámara de Representantes hizo público su plan de obligar a regresar la presión fiscal al año 2000 y de sustituir el impuesto a la propiedad por un aumento del impuesto a la venta.

En la propuesta de resolución que congelaría la nómina condal, los comisionados consideran que la discusión del impuesto a la propiedad en la Legislatura es motivo de gran preocupación, advierten que una revisión del sistema tendrán un impacto ''sustancial'' en el Condado y recuerdan que la mayor parte de los gastos del Condado son en su fuerza de trabajo.

Los partidarios de la reducción del impuesto a la propiedad señalan que los Condados se han beneficiado en los últimos cinco años de un aumento de ingresos sin precedentes gracias al alza del valor de la propiedad, y que ahora no tendrán más remedio que ajustar sus presupuestos porque la presión sobre los dueños de propiedades es insostenible.

La comisionada Sosa observó que la congelación de plazas no sólo se debe a Tallahassee.

''Pretendemos también hacer una reevaluación del sistema de empleos que tenemos, eliminar posiciones no ocupadas y acomodar presupuestos'', explicó Sosa.

''Es también una forma de premiar a los empleados que llevan más tiempo y poder honrar los aumentos de sueldo que forman parte de nuestros acuerdos con el sindicato'', apuntó la comisionada.

Un día agitado para el alcalde Carlos Alvarez frente a la Comisión

RUI FERREIRA / El Nuevo Herald

Para ser la primera vez que bajó a la Comisión como alcalde fuerte, Carlos Alvarez tuvo ayer un día agitado.

Comenzó por ofrecer disculpas por el comportamiento del director de la policía metropolitana, Bobby Parker, y terminó con el encargo de la Comisión de negociar con Washington para impedir la intervención federal de la Agencia de Vivienda Pública, como paso previo a un potencial litigio legal.

''Pido disculpas por algo que haya sido dicho erróneamente. Pido disculpas por ello'', dijo Alvarez a la Comisión.

El incidente comenzó con la discusión de una propuesta de ordenanza, posteriormente aprobada, que traspasa a la policía estatal (FDLE), u otra agencia policial, la dirección de las investigaciones de corrupción que afecten al alcalde, los comisionados y funcionarios del Condado.

La ordenanza del comisionado Carlos Giménez busca aislar este tipo de pesquisas de posibles influencias políticas, especialmente ahora que el jefe de policía responde directamente al alcalde.

Alvarez y Parker en un principio se opusieron a la medida, y el jefe de policía en un memorándum calificó el mes pasado la propuesta de Giménez de ``ilegal, falta de ética y en conflicto directo con la ley estatal''.

Luego Alvarez y Giménez llegaron a un acuerdo, que es el que fue aprobado. Pero el comisionado no perdió ayer la oportunidad de increpar a Parker.

''Esto es una falta de respeto que no voy a tolerar, estoy ofendido y bien ofendido. Usted me ha ofendido y debe disculparse'', dijo Giménez.

Pero Parker permaneció inmutable, y se enfrascó con el comisionado en un duelo verbal sobre las interioridades del departamento. En ese mano a mano, Giménez apretó tanto que, literalmente, obligó a Alvarez a bajar de su oficina en el piso 29 del Government Center y entrar al rescate de su subordinado.

''Esta línea de cuestionamiento no tiene nada que ver con usted, alcalde, creo que hemos trabajado en un compromiso, pero me siento ofendido por el memorándum que fue escrito, sigo ofendido. Nada ha cambiado'', dijo Giménez tan pronto vio a Alvarez.

El alcalde precisó que, cuando se enteró de la existencia de la ordenanza, reaccionó ''fuertemente'', pero ``si he herido la sensibilidad de alguien, le ofrezco disculpas''.

La controversia se zanjó con otro pedido de disculpas de Parker a la Comisión, que incluyó al abogado del Condado.

El letrado dijo que también se sentía ofendido porque ''en 22 años de trabajo nunca nadie me dijo que tenía falta de ética o había hecho algo ilegal. Creo que me debe disculpas, a mí también'', sostuvo Murray Greenberg, quien redactó el texto de la ordenanza criticado por el director Parker.

El episodio no fue el único en que participó el alcalde. Por la tarde, Alvarez volvió a aparecer en la Comisión, esta vez con una propuesta en la manga para evitar que el gobierno federal le retire al Condado la autoridad sobre la Agencia de Vivienda Pública.

''Creo que deberíamos trabajar en conjunto en el modo cómo vamos a responderle [al gobierno federal].'', dijo el alcalde. ``Si hay algo que yo creo, es que esta Comisión en los últimos meses ha hecho un esfuerzo para resolver esos problemas''.

El gobierno federal propuso el domingo al Condado un acuerdo ''cooperativo'' que coloca la agencia en manos del departamento federal de Vivienda y Desarrollo Urbano.

Alvarez planteó a la Comisión formar un grupo de trabajo que encuentre la forma de responder a la intervención del gobierno federal.

''Me parece bien, porque tengo muchas preguntas. ¿Cuál es el próximo paso, cuáles son las alternativas y qué respuesta legal tenemos?'', se preguntó la comisionada Rebeca Sosa.

Greenberg dijo que, ''de entrada'', no hay que temerle al tono de la carta,

porque ``hay alternativas, estamos en Estados Unidos donde hay derecho a un juicio y siempre podemos acudir a los tribunales''.

''En mi opinión debemos tratar de negociar, pero si todas las negociaciones va a ser cuando vayan a apretar la soga, entonces no hay negociaciones'', añadió el abogado del Condado.

Al final de la jornada, los comisionados aprobaron por unanimidad otorgar a Alvarez la capacidad de negociar con el gobierno federal, pero ``sin abdicar de los derechos de administración''.