Declaran que Condado incumplió contratos de agencia de viviendas

RUI FERREIRA / El Nuevo Herald

El Departamento de Viviendas y Desarrollo Urbano (HUD) dio ayer un paso más en sus planes de intervenir la Agencia de Vivienda Pública de Miami-Dade (MDHA), al denunciar al Condado por incumplimiento de contrato en la administración de por lo menos dos programas financiados con fondos federales.

Además, HUD instó a una profunda auditoría de la agencia condal por parte del Inspector General del departamento, ya que en opinión de la entidad federal todavía falta por contabilizar $6.3 millones, de los $275 millones anuales enviados a Miami-Dade.

''Basándome en la seriedad de los hechos que han salido a la luz pública, respetuosamente pido que su oficina lleve a cabo una auditoría completa y una investigación de la MDHA teniendo en cuenta sus extensas fallas financieras, mala administración de programas [federales] y numerosas violaciones de reglas y estatutos'', escribió el subsecretario de HUD, Roy A. Bernardi, en una carta enviada ayer por la tarde al Inspector General de la entidad, Kenneth Donahue.

A su vez, en dos cartas enviadas simultáneamente al alcalde Carlos Alvarez y al presidente de la comisión, Bruno Barreiro, el secretario asistente de HUD, Orlando J. Cabrera, reveló que la entidad federal ha denunciado al Condado por incumplimiento de contrato en el uso de los fondos federales atribuidos al Plan 8 y al programa de asistencia a la compra de vivienda.

En dos textos prácticamente similares, Cabrera sostiene que el Condado ha violado reglas básicas del uso de los fondos atribuidos por el gobierno federal y los mismos estatutos del HUD.

Las cartas acusan a la MDHA de no llevar una contabilidad apropiada, de fallos en el registro de uso de los dineros públicos y del desvío de fondos estatales a programas a los cuales no estaban destinados.

Uno de los puntos más criticados por Cabrera fue el uso de dinero atribuido al programa de asistencia al pago de casas (HAP).

Inicialmente con un exceso de $17 millones, éste programas vio disminuir sin explicaciones los fondos, hasta el punto que tras una auditoría el gobierno federal constató la desaparición de $10 millones, de los cuales $3.7 millones fueron usados en cubrir los déficit de otros años.

''Al MDHA le quedan por contabilizar $6.3 millones'', añadió Cabrera.

La denuncia de estos dos programas financiados federalmente pudiera ser el preludio de la consumación de la intervención del gobierno federal en la agencia en un plazo de 15 días, estimaron fuentes del Condado.

Ayer por la tarde, no hubo una reacción inmediata de las autoridades condales al virtual ultimátum del HUD. Pero el comisionado Carlos Giménez no rechazó la postura de inmediato.

''Por eso dije [en la mañana] que debemos dejar la puerta abierta y permitirle al alcalde volver a conversar con ellos. El alcalde tiene razón, esto se resume a un problema de administración'', dijo el comisionado a El Nuevo Herald.

Giménez se refería a la larga discusión sostenida por más de dos horas ayer por la mañana, tras la cual la Comisión y el alcalde enviaron un fuerte mensaje al gobierno federal reafirmando su oposición a las pretensiones del HUD e indicaron, incluso, su disponibilidad de acudir a los tribunales.

Pero no fue un mensaje unánime.

Los comisionados Giménez y Javier Souto se opusieron, mientras que su colega, José ''Pepe'' Díaz, aunque votó a favor, admitió posteriormente a El Nuevo Herald que tiene ''reservas'' hacia un enfrentamiento con el gobierno federal.

''Ellos tienen todo el derecho a investigar lo que quieran, incluso bajo las piedras, y si no lo queremos van a creer que tenemos algo que ocultar y que yo sepa, Miami no es una república independiente de Washington DC'', dijo Souto, quien llevó la voz cantante en el apoyo a la intervención del HUD en agencia de viviendas públicas del Condado.

En contrapartida, Barreiro, abogó por luchar firmemente contra las pretensiones del gobierno federal, con el argumento de que ''nunca hubo un espíritu de cooperación'' por parte de la agencia gubernamental.

''No hay, ni ha habido nunca, un espíritu de cooperación; nunca han pretendido venir aquí, ni siquiera una vez al mes, ni siquiera estar aquí todo el tiempo, para ver cómo hemos enfrentado la crisis en el departamento de vivienda. Me temo que todo esto se ha vuelto un tema político y eventualmente va a terminar ante el secretario [de vivienda] y la misma administración'', dijo el presidente de la Comisión.

El alcalde Carlos Alvarez, quien compareció ante la Comisión para dar cuenta de las negociaciones con Washington, fue más lejos.

''Esto es un problema de autoridad'', dijo. ''Si vemos las cosas bien, ellos no han cambiado desde el principio, nunca han querido un compromiso ni han actuado de buena fe. Debemos decirles muy claramente que si quieren encargarse de la agencia, que lo hagan, pero nos vemos en los tribunales'', sostuvo el alcalde.

El Condado y HUD se encuentran enfrascados en una dura batalla por el control de la agencia de viviendas del condado, después que el gobierno federal decidió el mes pasado intervenir la entidad a raíz del escándalo de corrupción y malgasto de fondos denunciado el verano pasado por The Miami Herald en una serie de reportajes que le valió un Premio Pulitzer la semana pasada.

La mayoría de los comisionados y el alcalde piensan que el gobierno federal no debe intervenir en la agencia porque el Condado tomó medidas correctivas después del escándalo, y creen que van por el camino apropiado.

''Les he preguntado qué es lo que quieren. Si un reporte semanal, reportes diarios, lo que quieran que les informemos sobre cómo estamos recuperando la agencia. Pero ellos no quieren nada, sólo apropiarse de la agencia'', lamentó Alvarez.

La semana pasada, HUD hizo tres propuestas al Condado: la contratación de abogados independientes para la agencia en vez de usar los servicios del abogado del Condado, retirar a la Comisión toda autoridad sobre la agencia y que el HUD nombre un administrador que se encargue de la agencia, un gesto que retiraría también al alcalde Alvarez del control de la entidad.

Ayer, el espíritu en muchos de los comisionados era de ``guerra''.

''No hay duda, estamos en guerra contra otro gobierno, por eso quiero un compromiso. Debemos llegar a un compromiso, porque ellos tienen muchas más municiones que nosotros'', advirtió el comisionado Giménez.

Lo mismo expresó Díaz. ``Aunque voté por enviar este mensaje fuerte al HUD, no creo que debamos eliminar las posibilidades de un diálogo, tiene que haber algún compromiso''.

Reformas de impuestos impactarían servicios

RUI FERREIRA / El Nuevo Herald

El Condado Miami-Dade estima que las diferentes propuestas barajadas en la Legislatura para reformar el sistema de impuestos a la propiedad pueden tener un impacto que oscila entre $1,700 y 30 millones en los próximos cinco años, explicó ayer el administrador George Burgess en un memorándum.
Todo depende de cuál de las cuatro propuestas, dos de la Cámara de Representantes y dos del Senado, sean las escogidas.

O una versión final, que resuma a todas ellas.

Según el administrador Burgess, esto obligará a una revisión detallada de todos los presupuestos de los distintos departamentos, así como los de mantenimiento de las infraestructuras existentes o por construir.

''Una vez que la legislación actual limite extraordinariamente nuestra capacidad de generar ingresos para ampliar servicios en el futuro, [la Comisión del Condado] debería reconsiderar algunos planes de construcción que aumentarán los costos de operación, incluyendo los parques, bibliotecas y estaciones de bomberos'', dijo Burgess en el memorando enviado a la Comisión.

En este sentido, el administrador propone que los comisionados estudien ajustes en el programa de bonos para el programa Construir Mejores Vecindarios, en el servicio de bomberos y los programas de bibliotecas.

Las dos propuestas aprobadas por la Cámara de Representantes estatal proponen ideas tan variadas como el regreso de la recaudación de impuestos a la propiedad a los niveles del año 2001, o el incremento de la exención de impuestos y su sustitución por un incremento en el impuesto a la venta.

Pero aún así, todas ellas tendrán un impacto profundo en los servicios del Condado y sus áreas incorporadas, manifestó Burgess, y se notará a lo largo del tiempo una sensible reducción en los servicios públicos.

Una forma de enfrentarlo es la creación de reservas financieras de emergencia para atender los servicios en el condado, sus áreas no municipalizadas y el departamento de Bomberos.

''Para que podamos equilibrar el presupuesto sencillamente con el mismos nivel de ingresos en el año fiscal 2007-2008 que tuvimos en el 2006-2007, sin afectar el nivel de nuestras reservas, es imperativo que reduzcamos nuestros gastos en más de $150 millones el fondo de actividades del condado y sus áreas no municipalizadas'', dijo Burgess.

La reducción de gastos implica también la de personal y una necesaria disminución en la contratación de nuevos empleados.

''Ya comenzamos a reducir los reclutamientos y estamos aprobando nuevas contrataciones con una selectividad extrema. [Es que] hay que reducir los servicios de forma que se pueda aplicar los retrocesos en los impuestos pedidos por Tallahassee. Y [en este sentido] ya le he pedido a los departamentos que me envíen sus recomendaciones sobre las reducciones del orden de un 15 por ciento'', reveló el administrador.

Condenan a ex director de Televisión Martí

RUI FERREIRA / El Nuevo Herald

Un ex director de programas de TV Martí fue condenado ayer a dos años y tres meses de cárcel, seguido de tres años de libertad condicional y una multa de $5,000 por haber aceptado sobornos de una empresa de producción de programas de televisión contratada por la emisora gubernamental estadounidense.

Según la acusación de la fiscalía, el ex director de programas José M. Miranda, alias ''Chema'', tenía un acuerdo con ejecutivos de Perfect Image & Video Productions, que le pagaba hasta el 50 por ciento de lo que recibía de TV Martí por diversos programas. Por su cargo, Miranda autorizaba las contrataciones de programación exterior.

''De acuerdo con la evidencia reunida en entrevistas y documentos, el acusado Miranda estaba recibiendo tanto como el 50 por ciento de lo que pagaba TV Martí al vendedor. El acusado Miranda recibió personalmente 73 cheques por diversos montos que suman aproximadamente $112,000, entre el 26 de noviembre del 2001 y el 20 de diciembre del 2004'', expuso el fiscal federal Alexander Acosta en un comunicado. Miranda fue ''entregado de inmediato a los alguaciles'' tras ser sentenciado por el juez de distrito Federico Moreno, precisó el fiscal.

El pasado noviembre, Miranda fue acusado de mentir al gobierno federal al no declarar ingresos adicionales en su declaración tributaria de los años 2002, 2003 y 2004.

''En cada una de esas declaraciones de impuestos, el acusado afirmó que no tenía otras fuentes de ingresos más allá de su salario en el gobierno federal, cuando la verdad es que en ese período recibió dinero de Perfect Image'', manifestó la fiscal federal asistente Eloísa Delgado Fernández.

El ex director de programas de TV Martí, cargo que ejerció desde 1999 hasta fines del 2004, se declaró culpable de los cargos el 13 de febrero de este año.

''Es lamentable lo que ha pasado, pero al final del día lo importante es el dinero de los contribuyentes, y algo así no se puede tolerar'', comentó Alberto Mascaró, el jefe de despacho del director de la Oficina de Transmisiones Hacia Cuba (OCB), Pedro Roig.

Como Radio Martí, TV Martí es parte de la OCB, y las dos emisoras son propiedad del gobierno estadounidense y se dedican a transmitir exclusivamente hacia Cuba.

Turista portugués fue víctima de supuesta estafa

RUI FERREIRA / El Nuevo Herald

El turista portugués que intentó asaltar un banco en Miami Beach hace tres semanas tiene antecedentes penales en su país natal, pero aparentemente fue víctima de una encerrona por parte de tres empleados bancarios y un ex asociado que le estafaron $1 millón de euros.

Según publicó esta semana el matutino lisboeta Diário de Noticias, Almeida fue enviado a Miami con la clara intención de que fuera arrestado y no pudiera acusar a los presuntos estafadores en un tribunal lusitano cuyas sesiones debían comenzar próximamente.

''El dinero vino de una hipoteca sobre un matadero de su propiedad; sin embargo, [Allan] Sharif y los empleados del banco decidieron dividirlo entre ellos'', expone el diario en un reportaje originado en Fornos de Algodres, una aldea en el noreste de Portugal donde vivía Almeida.

Almeida, de 45 años, se encuentra ahora en una celda en la cárcel federal del downtown de Miami esperando una audiencia de imposición de cargos que todavía no ha sido marcada. El fue arrestado el 29 de marzo dentro de una agencia del Commercial Bank, en la calle 43 de Miami Beach.

El portugués se presentó a media mañana en la filial y, según la acusación policial, le extendió un celular a una cajera y le dijo que hablara con un interlocutor desconocido. Del otro lado del hilo telefónico, una voz que no se identificó dijo a la cajera que depositara $20,000 en un maletín que Almeida portaba, y le enfatizó ``esto es un asalto''.

La cajera pidió a Almeida que se sentara en un sofá mientras iba a reunir el dinero, lo cual el turista cumplió hasta que minutos después apareció la policía en la dependencia bancaria y fue arrestado.

Tras investigaciones iniciales, la Agencia Federal de Investigaciones (FBI) identificó la voz en el teléfono como Allan Sharif, de 27 años, nacido en Estados Unidos e hijo de madre portuguesa y padre árabe. Es buscado por las autoridades del estado de Nueva York por estafador.

Sharif huyó a Portugal en el 2002, tras escapar de una detención policial, y desde entonces ha vivido en la aldea de Torre de Tavares, vecina a la aldea natal de Almeida, con quien estableció amistad y complicidad en negocios sucios, publicó el Diário de Noticias.

Al parecer, Almeida tenía grandes deudas y necesitó un préstamo bancario para poder hacer frente a un posible cierre de su matadero. No obstante, ''nunca recibió ese dinero, y el hábito de grandes gastos personales terminó por sellar su suerte'', dijo al rotativo un amigo suyo, Antonio Paulo.

Este amigo reveló que [Almeida] era ''un artista'' con algunas deudas, por lo cual ''le gustaba tener dinero y era fácil de convencer para hacer algo'', añadió la fuente. Por ello, ''Sharif y el gerente del banco lo engañaron y sólo le dieron un poco de dinero'', añadió Paulo.

El banco fue identificado como la estatal Caixa Geral de Depósitos, que llevó a Sharif y tres empleados suyos a los tribunales por aparentemente quedarse con 1 millón de euros (unos $1.3 millones) del préstamo concedido a Almeida.

''Cuando el banco se dio cuenta de la estafa y comenzó a investigar, los cuatro hombres decidieron organizar una forma de impedir que Almeida testificara contra ellos en el tribunal'', explicó el rotativo.

''Desesperado por las deudas y el hecho de ser engañado con facilidad, Almeida terminó viajando a Estados Unidos después que Sharif le dijo que fuera a recoger una cantidad de dinero en poder de un contacto allí'', agregó Paulo.

Sólo así se entiende que el turista portugués viajara a Miami. ''El es un hombre que tiene experiencia de la vida. ¿No se dio cuenta de que para asaltar un banco hace falta un arma? Parece que [Sharif] se libró de un testigo incómodo'', concluyó Paulo.

Pero el rotativo de Lisboa también descubrió que Almeida, más que un amigo, estuvo asociado a Sharif en algunos crímenes, y tiene antecedentes penales en Portugal por delitos de estafa y agresión.

En la estafa, el modus operandi fue sencillo: los gerentes bancarios aprobaban créditos en nombre de Almeida, éste firmaba los papeles, pero se quedaban con el dinero.

''[Almeida] era una cortina mientras los otros realizaban sus negocios y se dividían el dinero, ¿me entiende?'', dijo al diario una fuente de la Caixa Geral de Depósitos que agregó que el grupo estuvo involucrado en otro fraude.

Seleccionan jurados para enjuiciar al "talibán boricua"

RUI FERREIRA / El Nuevo Herald

El proceso judicial seguido a José Padilla, el ''talibán boricua'', y otros dos hombres por cargos de promover lazos con el terrorismo tras los atentados del 11 de septiembre del 2001, comenzó ayer con la selección de los jurados que escucharán el caso, que ha atraído la atención nacional.
Unas 70 personas se presentaron ayer por la mañana en el tribunal federal, en el downtown de Miami, para integrar el grupo de donde se escogerían los jurados. El mes pasado, más de 100 potenciales jurados fueron excusados después que declararon su parcialidad al momento de escuchar un caso de supuesto terrorismo.

Padilla se mantuvo en silencio, y por primera vez apareció vestido con un traje gris en lugar del habitual uniforme de color caqui. Sus familiares asistieron a la sesión, pero no quisieron hablar con los periodistas.

En una decisión rara para los tribunales federales, la jueza Cooke permitió las computadores de la prensa, aunque restringió su uso a una sala de prensa habilitada al efecto.

Padilla permaneció durante tres años y medio en poder del Ejército, hasta que el Tribunal Supremo ordenó el año pasado que fuera entregado a las autoridades civiles.

El acusado, un ex pandillero de Chicago a quien inicialmente la Casa Blanca acusó de querer explotar una bomba nuclear sucia, afronta ahora cargos de ''promover lazos con el terrorismo en un país extranjero'' junto a los otros dos acusados, Adham Amin Hassun y Kifah Wael Jayusi.

Las autoridades acusan a los tres de integrar una presunta célula de Al Qaida con sede en el sur de la Florida, la cual aparentemente reclutaba combatientes y suministraba fondos a extremistas islámicos en el exterior.

Padilla fue arrestado en Nueva York en el 2002, al regresar de una viaje a Pakistán y posiblemente Afganistán, informaron en aquel momento las autoridades.

Poco antes de comenzar el proceso de escoger al jurado, que observadores calculan durará unas dos semanas, la jueza Marcia Cooke dejó en claro a los abogados que los tres hombres no están acusados de ninguna participación directa en los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001, aunque señaló que ``sería un disparate pensar que no se hará referencia al 9/11 aquí''.

La fiscalía federal respondió que no intentaría vincular a los detenidos con los ataques, pero señaló que habría testimonios vinculándolos con la red Al Qaeda.

Los cargos federales no mencionan las versiones de que habría planeado detonar una ''bomba sucia'' en Estados Unidos. Esa acusación fue lanzada por el entonces secretario de Justicia de Estados Unidos, John Ashcroft, tras el arresto de Padilla, y fue citado como razón para mantenerlo detenido como ``combatiente enemigo''.

Durante la etapa de preparación del juicio, los abogados de Padilla se quejaron de que el acusado fue ''torturado'' cuando estuvo en poder del Pentágono, pero la jueza desestimó las acusaciones porque obligaría a que él entrara en detalles de seguridad nacional.

La Junta vota el miércoles sobre ayuda a maestros

RUI FERREIRA y KETTY RODRIGUEZ / El Nuevo Herald

La miembro de la Junta Escolar Evelyn Greer está impulsando enérgicamente desde el año pasado la creación de un programa de préstamos a maestros para comprar casas a bajo costo, una industria en la que su familia dirige una de las principales compañías en el estado.

El miércoles próximo, la Junta discutirá una serie de recomendaciones efectuadas por un grupo de trabajo que plantea la elaboración de un programa de préstamos bancarios que ayudaría a maestros a comprar esas casas. Para ese fin, se usarían terrenos del sistema escolar como agentes colaterales para asegurar los préstamos.

El propósito del programa es evitar la deserción de educadores en el sur de la Florida a causa del alto precio de la vivienda.

Pero la propuesta ha levantado algunas cejas entre observadores del sistema escolar, porque es impulsada aceleradamente por Greer, aunque su negocio familiar radica precisamente en la construcción de viviendas de bajos costos para alquilar, según ella. No obstante, la situación podría dar lugar a que se interprete mal el papel de la miembro en promover el programa, lo cual, a la larga, pudiera perjudicar el prestigio de la Junta.

Al respecto, un miembro del Comité de Etica del sistema escolar, Susan Angulo, dijo que está al tanto de los cuestionamientos, pero se excusó de ser más amplia. ``He oído hablar del asunto, hay quejas que van a venir a nuestra reunión y por lo tanto no puedo hacer comentarios al respecto''.

Sin embargo, Greer ha negado enfáticamente cualquier conflicto de interés o apariencia del mismo, porque no piensa votar cuando el asunto sea llevado ante la Junta, aseguró a El Nuevo Herald.

''Me voy a retirar de la votación", garantizó Greer.

El esposo y el hijo de Greer son directivos del consorcio de empresas The Carlisle Group, uno de los principales conglomerados de edificación de viviendas de bajo costo en la Florida.

Matthew Greer, el hijo, es el director de operaciones del grupo, mientras que el abogado Bruce W. Greer, el esposo, aparece como director de The Carlisle Group en el registro de corporaciones del estado, documento con el número de referencia P98000012859.

Entre otros proyectos, la firma ha participado en la construcción de viviendas económicas en terrenos cercanos a estaciones del Metrorail, para lo que ha contado con ayuda de Tallahassee y del Condado de Miami-Dade.

Evelyn Greer declaró que su esposo es sólo ''un socio pasivo'' de la promotora de viviendas económicas, y subrayó, además, que The Carlisle Group se dedica solamente a construir viviendas para alquilar, y ''no para vender''; por lo tanto, ``no tiene planes para vender casas a los maestros del sistema escolar''.

''Existen dos categorías de viviendas a bajo costo. Una que se basa en programas federales para construir viviendas que únicamente son alquiladas a familias de bajos ingresos, y ése es el negocio donde está mi hijo'', dijo la miembro de la Junta.

Ella aclaró que la propuesta del sistema plantea la venta de viviendas a bajo costo, y no el alquiler de las mismas.

Cuando se le señaló que no existe ningún impedimento para que la compañía se decida a vender viviendas, y no sólo alquilarlas, Evelyn Greer aseguró que eso no sucederá. ''Sería como si usted cambiara de sexo'', respondió.

''No hay forma ni manera que mi hijo se beneficie como resultado de esta iniciativa. No hay producto ni servicio que mi hijo pueda ofrecer y del que se pueda beneficiar. Tampoco, hay forma de que yo o mi familia nos podamos beneficiar de esta propuesta. No estamos buscando venderle algo al distrito. No hay ningún beneficio personal de estas actividades. Sólo quiero animar a los maestros a adquirir sus viviendas'', afirmó la miembro de la Junta.

Ella rechazó que hubiera una falla ética en esta situación. ''Cuando fui a elecciones, le pedí a cada persona que contribuyó a mi campaña que firmara una declaración de que su compañía no tenía ninguna relación o negocio con el sistema escolar'', explicó como muestra de su talla moral.

''Yo rechacé cheques de amigos, abogados, vendedores y personas que tenían relación con el distrito escolar para no mezclar los negocios privados con mi servicio público'', acotó la miembro de la Junta.

Evelyn Greer es también la presidenta, fundadora y CEO de Greer Properties, Inc. ''Mi negocio tiene que ver con propiedades comerciales, centros comerciales, oficinas y almacenes; no hago nada residencial'', aclaró ella.

Por otra parte, la portavoz de la Comisión de Etica de la Florida, Kerrie Stillman, dijo a El Nuevo Herald que no podía comentar sobre la existencia de una percepción o no de un conflicto de intereses en este caso.

Sin embargo, ``si las recomendaciones que hizo el grupo de trabajo van a resultar en beneficios especiales para un familiar, la persona debe buscar la forma de no votar en la propuesta y dar la razón de por qué lo hace''.

Cuando la Junta Escolar discutió en marzo si se debía incluir a los constructores de viviendas de bajo costo en el aumento de un impuesto que se le cobra a toda la industria inmobiliaria, Greer rehusó votar y expuso que había un conflicto de interés. ''No debo votar porque [la decisión] afectaría a mi hijo de una forma u otra'', dijo entonces.

El proceso de creación de este nuevo programa de crédito a maestros se ha desarrollado en menos de un año.

El 18 de abril del 2006 se inició un grupo de trabajo sobre viviendas asequibles, encabezada por Greer tras ser nombrada por el presidente de la Junta, Agustín Barrera.

Los otros miembros del grupo son seis nominalmente, e incluyen a Barrera, Martín A. Berkowitz, Rose Diamond, el sindicalista Artie Leichner y Alicia Cervera, la presidenta de la firma de bienes raíces Related Cervera Realty Services.

Berkowitz y Diamond abandonaron el sistema escolar y han sido sustituidos por la vicesuperintendente escolar, Ofelia San Pedro, y el jefe interino del departamento de construcción del sistema, Jaime Torrens.

Tras surgir, el grupo se reunió cuatro veces entre junio del 2006 y marzo de este año. En octubre del año pasado, los miembros de la Junta participaron en un reunión informativa donde discutieron dos informes presentados por el grupo de trabajo.

En otra reunión, el 22 de noviembre del 2006, la Junta acordó crear un comité especial que organizará y operará una Fundación de Casas Escolares del Condado de Miami-Dade.

En un documento distribuido el jueves pasado a los miembros de la Junta, se define claramente que ``esa fundación será autorizada a realizar contratos con la Junta para alquilar una o más propiedades del sistema, como una zona de parqueo en el downtown de la ciudad''.

Hace poco más de dos semanas, el grupo de trabajo revisó y aprobó una serie de recomendaciones que servirán de guía para el comité especial a la hora de implementar el Programa de Préstamos Residenciales para Empleados.

Según las recomendaciones que someterán a la Junta el miércoles, los detalles del programa y sus condiciones de implementación serán adoptadas por la fundación, pero estarán sujetas a la aprobación del superintendente escolar de Miami-Dade, Rudolph Crew.

Entre las recomendaciones sugeridas, las que Greer definió sólo como ''una guía'' para el comité especial, están que los préstamos sean de un máximo de $25,000 otorgados a maestros con un salario máximo de $75,000; los intereses serán bajos, con un período de gracia de seis meses y entre 5 a 10 años, y el programa estaría al alcance de maestros que compran casa por primera vez.

Sin embargo, en la reunión del jueves surgió una duda.

''¿Cuánto cuesta todo esto [al sistema]?'', preguntó otro miembro de la Junta, Marta Pérez.

''No sé'', respondió Greer.

San Pedro tampoco pudo contestar la pregunta.

Igual respuesta obtuvo otra interrogante planteada por Perla Tabares Hantman, también integrante de la Junta. ''¿Cuál es el apuro en llevar a cabo estos planes, por qué tanta prisa?'', indagó.

Greer parece ser una fuerte promotora de las viviendas asequibles, a juzgar por una consulta a su página electrónica en el sitio web del distrito escolar.

Allí promueve una feria sobre viviendas a bajo costo orientada hacia los maestros, bajo el lema de ``asistencia, guía y financiamiento de viviendas a bajo costo. No pierda esta oportunidad de convertir el sueño americano en una realidad''.

La feria está pautada para el 5 de mayo en una secundaria de su distrito, y en la promoción se asegura la presencia de entidades financieras, constructores y agencias gubernamentales promotoras de viviendas a bajo costo. El evento es patrocinado por The Education Fund, el Sindicato de Maestros (UTD) y la propia Greer.

Día aciago para los contrabandistas en el sur de la Florida

RUI FERREIRA / El Nuevo Herald

La fiscalía federal asestó ayer un duro golpe al contrabando de inmigrantes al sentenciar a dos hombres, uno de ellos a 15 años de prisión por la muerte de tres indocumentados, y formular cargos a 11 sospechosos que integraban una red, la cual supuestamente introducía ilegalmente inmigrantes en el país.

El 5 de noviembre del 2005, Zhivargo McBride, de 25 años, era el capitán de una embarcación que traía a inmigrantes clandestinos desde Bahamas, pero en vez de desembarcarlos en la costa les ordenó que saltaran al agua a unas millas de ella. A consecuencia de esa decisión, se ahogaron tres indocumentados y uno se hirió la cabeza con la hélice de la embarcación.

Ayer, la jueza Joan A. Lenard condenó a McBride a 15 años de cárcel y otros cinco de libertad condicional. Las autoridades comenzaron a investigar las operaciones de contrabando de McBride en septiembre del 2005, cuando se incrementaron los desembarcos de inmigrantes indocumentados en las costas de los condados de Miami-Dade y Broward, y a la vez se detectó un número elevado de muertes en esas operaciones.

Según la documentación del caso, las policías de los dos condados, junto a la Agencia Federal de Investigaciones (FBI) y la Patrulla Fronteriza, montaron la operación ''Perdido en el Mar'', la cual investigó decenas de casos de contrabando, terminó con siete encausamientos y ahora la primera sentencia, informó la fiscalía en un comunicado.

Al mismo tiempo, los fiscales revelaron el arresto de Ramón Barrabi Puentes y 10 cómplices, a quienes acusó de conformar una red de contrabando de indocumentados desde Cuba, que sólo en tres ocasiones el primer trimestre de este año, trajo a docenas de personas.

Según las conclusiones del caso entregado por un jurado de instrucción a un tribunal federal en Miami, la red comenzó a operar alrededor de noviembre del 2005, pero el proceso está concentrado en tres operaciones concretas que las autoridades han podido documentar, a raíz de las cuales ingresaron clandestinamente a Estados Unidos 34 personas, incluyendo cuatro menores de edad.

La operación se realizó el 21 de febrero, y terminó cuando las autoridades sorprendieron una lancha rápida pilotada por dos de los acusados, Alexis de la Cruz y Jenny Grijalva González, con más de tres docenas de personas a bordo.

''Estos arrestos son una prueba de nuestro compromiso con la detención de las operaciones de contrabando, que crean un sufrimiento humano increíble y ponen en peligro la vida de los indocumentados y aquellos encargados de rescatarlos en alta mar'', dijo el fiscal federal para el sur de la Florida, Alexander Acosta.

Los 11 arrestados han sido acusados de 34 cargos de contrabando humano --cada uno conlleva 15 años de cárcel-- y un cargo de conspiración para contrabandear, que implica otros 10 años de cárcel.

Por último, la oficina dirigida por Acosta anunció también que el cubanoamericano Nelson Reyes fue hallado culpable por un tribunal federal de Cayo Hueso de obstruir los esfuerzos de las autoridades para detener una operación de contrabando de indocumentados y de ingresar clandestinamente en aguas jurisdiccionales cubanas.

De acuerdo con la información de los fiscales, el 19 de julio del 2006, Reyes se encontraba en una embarcación rápida que fue localizada por la tripulación del escampavías Matagorda dentro de las aguas jurisdiccionales cubanas.

Reyes intentó escapar, saliendo e ingresando repetidas veces de las aguas cubanas, hasta que la tripulación logró colocar el escampavías entre las frontera marina cubana y la lancha rápida.

Al momento de abordarla, aduce el acta de acusación, Reyes agredió a dos miembros del Servicio de Guardacostas en un vano intento de impedir que se apoderaran de la embarcación.

Acosta señaló que este caso reviste cierta importancia, porque es la primera vez que un sospechoso de contrabando de indocumentados es encausado en el marco de una ley aprobada en marzo del 2006, la cual castiga particularmente las agresiones a los guardacostas en el ejercicio de sus funciones en alta mar.

En Cayo Hueso, el miércoles comenzó a ser juzgado el representante de deportistas profesionales Gustavo ''Gus'' Domínguez, quien, según las autoridades, ayudó a organizar dos viajes para traer ilegalmente a peloteros cubanos.

El primer intento fracasó, pero el segundo tuvo éxito. La fiscalía alega que lo hizo por dinero.

''Los jugadores son muy valiosos, así que si al primer intento no lo logras, intenta de nuevo'', argumentó el fiscal federal adjunto Benjamin Daniel.

La defensa sostiene que Domínguez está dedicado a ayudar a los peloteros cubanos oprimidos. El primer cliente del acusado fue René Arocha, también el primer jugador cubano en huir hacia Estados Unidos, y ha representado a muchos más desde entonces.

Por otro lado, ayer por la mañana, las autoridades encontraron un grupo de 22 cubanos indocumentados en los alrededores del aeropuerto de Cayo Hueso, quienes dijeron haber llegado a bordo de una balsa ``hecha con cubos y tornillos''.

Sin embargo, la Oficina del Alguacil del Condado de Monroe dijo que la embarcación no fue encontrada, y sospecha que se trate de un caso más de contrabando de indocumentados.

Asalto a Ocean Bank pudo ser planeado en Portugal

DAVID OVALLE y RUI FERREIRA
The Miami Herald

El fracaso de un asaltante de bancos podría haber sido fraguado por un socio suyo desde Portugal.

Un periódico portugués está reportando hoy que Alla Guedes Sharif mandó a su amigo Paulo Almeida a realizar un robo destinado a fracasar en Miami Beach, con la idea de deshacerse de él.

Almeida, de 45 años, fue arrestado el 27 de marzo porque se personó en un banco de Miami Beach con un maletín negro y dos teléfonos celulares. Una misteriosa voz, que se cree era la de Sharif desde el extranjero, le habló a un pagador y le exigió que le diera $20,000 a Almeida.

El insólito plan colocó a Almeida en la cárcel acusado de tratar de asaltar un banco, y eso es posiblemente lo que quería Sharif, según dicen los aldeanos de su región rural de Portugal.

El Diario de Noticias de Portugal reporta que los dos individuos pelearon recientemente. El periódico detalla que Sharif, también conocido como Joao Paulo Tenreiro Guedes, y sus amistades, se dedicaban a robar automóviles y a falsificar documentos.

El periódico cita a un individuo identificado como 'Manuel M.' que afirma: ``Paulo Almeida era parte de ese grupo''.

Sharif, de 27 años, era bien conocido en la aldea de Torres de Tavares, y pocos simpatizaban con él, pero admiten que es listo y conoce muy bien las computadoras y la Internet, según reporta el periódico.

Almeida, un callado individuo que es dueño de un matadero, tenía dificultades en su matrimonio, y simpatizó con el joven. También tenía pendientes juicios penales en Portugal por fraude y robo de reses.

Un portavoz de la policía nacional también informó al diario que Sharif estuvo vigilado, pero los investigadores le habían perdido el rastro hace algún tiempo.

Vecinos suyos de Torres de Tavares reportaron haber visto a Sharif por última vez alrededor del momento en que tuvo lugar el intento de asalto aquí, a unas 4,000 millas de distancia.

El Diario de Noticias también reportó que Sharif, que es ciudadano de Estados Unidos, estuvo preso en Portugal cinco meses en el 2005 por haber golpeado a un hombre con un bate de béisbol.

Sharif fue encausado en Nueva York en el 2003 por cargos federales de robo y fraude, y ha estado fugitivo desde entonces.

Una portavoz del FBI confirmó ayer que las autoridades federales habían pedido su extradición en el 2005.

Almeida primero trató de entrar al país por Nueva Jersey y se le negó la entrada. Tres días después lo logró a través de Miami --al siguiente día fue arrestado en Miami Beach.

El abogado de Almeida, Frank Rubino, alega que éste no tenía idea de que estaba participando en el robo de un banco. Agregó que Almeida estaba aquí de vacaciones y creyó que simplemente estaba recogiendo documentos para su amigo.

El hombre, grueso, de bigotes, se hospedó en el Marriott de La Playa. Había traído poca ropa y compró la maleta negra aquí. Almeida tomó un taxi hasta el banco; no hablaba inglés y le dio al chofer su celular para que Sharif pudiera explicar cómo ir al banco, refirió Rubino.

El FBI explica que Almeida entró y trató de darle su celular a la cajera. Cuando ella rehusó tomarlo, Sharif llamó a su teléfono, la insultó y le dijo que le diera el dinero.

La cajera envió un correo electrónico a un amigo que llamó a la policía. Otro empleado también llamó a las autoridades. Un policía de Miami Beach arrestó a Almeida cuando se sentaba en un sofá del vestíbulo.

El FBI señala que el misterioso hombre llamó repetidas veces al banco, y luego a la policía, amenazando con ''matar a los rehenes'' si Almeida no era liberado.

Las amenazas cerraron varias cuadras de la Playa durante seis horas mientras la policía armada registraba los edificios de oficinas en busca del pistolero fantasma. También cerraron dos escuelas.

Caller in bank robbery was likely at home in Portugal

BY DAVID OVALLE AND RUI FERREIRA
The Miami Herald

For six hours last week, police combed office buildings for a mysterious caller who threatened to kill hostages after a bizarre, botched Miami Beach bank robbery.
He was likely five time zones from there.

People in the Portuguese village of Torres de Tavares reported seeing the suspected caller, Allan Guedes Sharif, 27, about the same time the robbery was unfolding more than 4,000 miles away.

Later, Sharif abruptly left for Lisbon, saying he was going for computer training, villagers told the weekly newspaper Sol on Wednesday.

Police in South Florida have issued bulletins for Sharif's arrest. Meanwhile, his pal, Paulo Almeida, 45, sits in a Miami penitentiary facing federal bank charges.

On March 27, police say, Almeida walked into the Miami Beach First Commercial Bank with two cellphones and a suitcase.

A mysterious caller told the teller by phone to put $20,000 into Almeida's suitcase.

''You stupid b----, don't you know this is a f------ robbery? Didn't you get it the first time I called? I'm watching everything you are doing. The guy takes orders from me, not you,'' the voice said.

Miami Beach police promptly arrested Almeida, a slaughterhouse owner who entered the United States one day before.

But the voice kept calling -- the bank, then Almeida's phone -- claiming he was watching, threatening harm if his friend was not released.

Sharif called from his Portuguese phone number, said Frank Rubino, Almeida's defense attorney.

''Almeida was sure the guy called from Portugal,'' Rubino said.

Although he was 4,000 miles away, his calls paralyzed mid-Beach for six hours, shutting down traffic, businesses and two nearby schools.

Federal authorities know Sharif well.

He skipped out on parole in New York for a wire fraud conviction in 2003. Later that year, a federal grand jury indicted him on a variety of fraud, robbery and impersonating a law enforcement officer charges.

Federal authorities have been looking for him since 2003.

Villagers told Sol on Wednesday that Sharif had returned to his native Portugal in 2003, after his indictment.

He worked for his uncle's construction business and was known for being social, and Almeida and Sharif were buddies, villagers told the newspaper.

Almeida's attorney, Rubino, said his client had no idea his friend, who he knew as ''Allan Guedes,'' wanted to rob a bank.

Almeida was on a week-long vacation in Miami Beach, Rubino said.

He had tried entering the United States through New Jersey on March 23 but was denied entry and returned to Portugal, authorities said in federal court this week.

Almeida later returned, through Miami, on March 26. Federal authorities won't discuss why he was allowed in the second time.

Almeida believed his friend simply wanted him to pick up some documents, Rubino said. Almeida's wife told Sol that her husband was ``double crossed.''

Although Sharif is in hiding, he's not staying silent. Assistant U.S. Attorney James Koukios and FBI agent Scott Wilson revealed in court this week that Sharif has continued to call court, prosecutors and agents.

Claiming to be an FBI agent, they said, he wants updates on the case.

Rui Ferreira is a staff writer for El Nuevo Herald.

Crece la población en 3 áreas urbanas de Florida

RUI FERREIRA / El Nuevo Herald

Tres áreas metropolitanas de la Florida alcanzaron honores en una lista que dio a conocer ayer la Oficina del Censo, a pesar del temor a los huracanes y a los altos costos de la vivienda.

Cape Coral-Fort Myers, en la costa oeste del estado, ocupó el tercer puesto entre las de más rápido crecimiento en el país, con un 29 por ciento; Naples-Marco Island, también en la costa oeste, alcanzó el séptimo en esa misma categoría, con un 25.2 por ciento. Mientras, Miami-Ft. Lauderdale-Miami Beach local quedó en el noveno lugar entre las de mayor crecimiento numérico tras ganar 455,869 habitantes entre abril del 2000 y abril del 2006.

A fines del año pasado, la Florida tenía ya más de 17.7 millones de habitantes, de los cuales unos 2.3 millones vivían en el Condado de Miami-Dade y alrededor de 1.7 millones en el de Broward.

Según Guarioné Díaz, el presidente del Consejo Nacional Cubano Americano, una entidad que desarrolla programas sociales junto con el gobierno federal, hay una explicación para esas cifras.

''Miami tiene su atractivo, principalmente para la gente joven que anda en busca de un lugar cosmopolita para vivir y divertirse, pero también es una ciudad donde la calidad de la vida está bajando por el tráfico, el alza de los impuestos a la propiedad, los servicios, que dejan mucho que desear, cosas así'', afirmó Díaz.

La mayor adquisición numérica de habitantes a nivel nacional se verificó en Georgia, en el área metropolitana de Atlanta-Sandy Springs-Marietta, cuya población se incrementó en 890,000. Le sigue Dallas-Ft.Worth, que vio llegar 842,000 nuevos residentes.

Según el informe del Censo, las cinco áreas metropolitanas de mayor crecimiento entre el 2000 y el 2006 se encuentran en el Sur o el Oeste del país. Nueva York, con 495,000 nuevos habitantes, es la de mayor crecimiento en el noreste, pero la séptima a nivel nacional. En el centro, se encuentra Chicago, que fue la décima en crecimiento con 407,133.

En estos momentos, ''el mayor desarrollo dentro del estado está en la zona de Tampa, en Orlando y en Ft. Myers. Es que allí los precios al consumidor se han mantenido sin cambiar, la calidad de vida es mejor. Son zonas que, naturalmente, no tienen la vitalidad cultural de Miami, pero, para quien no le atraiga eso, es un lugar bueno para vivir'', añadió Guarioné Díaz.